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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre de 2023. – A través de una estrategia de amparos, legisladores locales y federales así como organizaciones civiles, pusieron un freno al intento del Gobierno de la Ciudad de México de publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) a través de un ‘albazo’ legislativo.
Advierten que esto ponía en riesgo del derecho a la ciudad.
La semana pasada fueron presentadas varias demandas de amparo contra autoridades capitalinas. A partir de ello, el jefe de Gobierno, Martí Batres, decidió retirar el PGD y el PGOT, sin que mediara una discusión abierta, pública y transparente y sin que el Instituto de Planeación cuente con un director general votado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.
“Es muy grave que el Gobierno de la Ciudad de México sin consultas, sin consensos, sin un director general del Instituto de Planeación votado en el Congreso de la Ciudad de México, pretendiera aprobarlo de manera ilegal y con un ‘albazo’ legislativo”, apuntó la senadora por Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros.
La senadora por Movimiento Ciudadano recordó que el PGD y el PGOT son fundamentales para el futuro de la ciudad, pues marcarán la pauta para su desarrollo urbano en los próximos 20 años.
Al respecto, el diputado por la Ciudad de México de la bancada de Movimiento Ciudadano, Roy Torres, destacó que, al lograr frenar el procedimiento conocido como afirmativa ficta, también se da oportunidad a la comunidad de expresar su visión sobre ambos documentos.
“Se evitó que los documentos propuestos originalmente – que claramente tenían una visión parcial y sesgada de hacia donde debería ir el desarrollo de la ciudad – se aprobaran sin modificaciones; lo que también impide sentar un precedente para próximos gobiernos que podrían usar la afirmativa ficta para otros casos”, apuntó el legislador local.
La participación de grupos de la sociedad civil fue importante para apuntalar la estrategia de amparos que motivó la decisión del GCDMX de retirar ambos documentos de planeación urbana.
En este sentido, integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano en su capítulo de la Ciudad de México, presidido por Sofía Margarita Provencio, impulsaron las demandas de amparo como parte de la estrategia legal para frenar la publicación del PGD y PGOT.
Desde hace algunos meses, el Consejo Consultivo Ciudadano había advertido de los riesgos de que ambos documentos de planeación urbana se publicaran sin que se cumpliera con el proceso necesario de discusión pública; además de que expertos como Miguel Meza, Rosalba Loyde, Karina Estévez y Silvana Carranza señalaron errores en los propios documentos.
La estrategia de amparos que llevó a que el GCDMX retirara el PGD y el PGOT cumple con tres objetivos principales que protegen el derecho a la ciudad de los millones de habitantes capitalinos.
En primer lugar, busca obligar a las autoridades de la Ciudad de México a reponer el proceso y a llevar la discusión de ambos instrumentos de desarrollo urbano con los pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y vecinos de la capital, así como con expertos, fuerzas políticas de oposición y organizaciones civiles.
En segundo lugar, se exige al Congreso capitalino a que nombre al director general del Instituto de Planeación; así como a los órganos faltantes Consejo Ciudadano, Comité Técnico y Oficina para la Consulta.
Y, en tercer lugar, intenta blindar al PGD y al PGOT de los intereses de los desarrolladores inmobiliarios que durante años han dictado dónde y cómo se hace ciudad en la capital del país, restringiendo los derechos a la movilidad, a un medio ambiente sano, al agua y a la ciudad misma.
Al respecto, la senadora Ballesteros apuntó que es una negligencia de las autoridades capitalinas que desde 2020 y 2021 no se hayan publicado ambos instrumentos de desarrollo y planeación urbana.
“Lo más importante es que se reponga un proceso colectivo que involucre a todas las voces, que se tome en cuenta a todos los territorios y a todas las comunidades”, indicó la legisladora federal.
“El futuro se construye a través de lo planeado y dentro de la Constitución de la Ciudad de México está plenamente estipulado que es el Instituto de Planeación el que debe normar y llevar a la ciudad a un proceso que garantice el derecho a la ciudad”, abundó.
Ballesteros recordó que el retraso en la publicación del PGD también ha limitado la publicación de otros instrumentos urbanos, como el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, ambos para la capital del país.
Por su parte, el diputado local Torres dijo que las publicaciones del PGD y del PGOT son fundamentales para el desarrollo de la ciudad y para avanzar hacia un futuro en el que la planeación con evidencia, conocimiento y participación ciudadana sean parte de este proceso.
“Este gobierno fracasó tres veces en someterlos a la consulta de expertos, de sociedad civil, de vecinas y vecinos de la ciudad, pero sobre todo ignoró a pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas quienes tienen garantizado el derecho de consulta en la Constitución de la ciudad.”, indicó el diputado.