CDMX, segunda entidad en avalar militarización

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de octubre de 2022.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó la minuta de decreto para validar la reforma constitucional que extiende la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 2028.

Con lo cual, se convierte en la segunda entidad en avalarlo, luego de que el pasado jueves lo hiciera Oaxaca y la reforma a la Constitución deberá contar con el aval de las demás legislaturas para su aplicación.

El Congreso capitalino aprobó la reforma con 42 votos a favor y 22 en contra, a dos semanas de que fue avalada por las cámaras Alta y Baja.

El 4 de octubre pasado, con el PRI dividido y con ello el bloque de contención fracturado, el Pleno del Senado de la República avaló por mayoría de 87 votos a favor, 40 en contra y cero abstención, la reforma constitucional que amplía a las Fuerzas Armadas, hasta 2028, en tareas de seguridad pública.

Fue por dos votos que la mayoría parlamentaria, operada por Ricardo Monreal, líder de Morena, alcanzó la mayoría calificada que necesitaban para ser aprobado el dictamen de reforma militar con modificaciones y ser remitida de nuevo a la Cámara de Diputados.

Luego de casi 10 horas de debate, se avaló el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, dictamen que considera pero modifica una minuta recibida el 15 de septiembre, conocida como la Ley Alito.

Aunque en esencia, los cambios respetan la ampliación del plazo, de cinco a nueve años, para que el Presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, como envió la minuta la Cámara de Diputados.

Se plantea que la Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que le rinda el Ejecutivo federal sobre las actividades de la Guardia Nacional, deberá evaluar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como la actuación en el respeto a los derechos humanos.

Se pretende como propósito garantizar que en el 2028 concluya su participación en las calles, por lo que las instituciones de seguridad pública deben asumir con plenitud sus facultades constitucionales.