Exigen activismo libre de violencia y con mayor transparencia
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de noviembre de 2025.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebra la decisión del Senado de la República de aprobar, por unanimidad, modificaciones legales para salvaguardar la autonomía sindical y sancionar cualquier injerencia de servidores públicos en la vida interna de las organizaciones gremiales.
Esta reforma, impulsada por Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE y senador, añadió en un comunicado, “representa un paso histórico para consolidar la libertad, la democracia y la transparencia de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado”.
Cepeda Salas explicó que, con lo aprobado este miércoles, se garantiza el pleno respeto a la voluntad de las y los trabajadores, al tiempo que se establecen sanciones claras para evitar toda forma de intromisión en los procesos de elección, reelección o destitución de dirigencias sindicales.
El nuevo marco legal protege así la independencia de los sindicatos frente a cualquier interés ajeno a sus integrantes. Blinda y garantiza la autonomía sindical.
Es la garantía de que nunca más el poder político interferirá en sus decisiones, ni sustituirá la voluntad de las trabajadoras y trabajadores (…) Con esta reforma le cerramos otra puerta más a la corrupción; no más ventajas indebidas, no más abusos del cargo, no más dirigencias a modo, no más subordinaciones indignas. En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación tenemos claro que los derechos laborales son derechos humanos”.
El decreto aprobado, que pasó a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación, adiciona los párrafos quinto y sexto al Artículo 357 de la Ley Federal del Trabajo, el Artículo 69 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el Artículo 64 Quáter a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con estas modificaciones, se considera falta administrativa grave cualquier acción de servidores públicos que obstaculice o interfiera en los procesos democráticos internos de los sindicatos.
Además, el decreto amplía la protección jurídica a las organizaciones sindicales tanto del apartado A como del apartado B del Artículo 123 constitucional, al establecer que los actos de injerencia —ya sean directos o por interpósita persona— serán sancionados con suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de uno a 20 años, así como de sanciones económicas, según corresponda.
La sanción constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos, y, desde luego, es también una medida correctiva ejemplar para quienes insistan en violar su autonomía”, advirtió el Cepeda Salas.
Y agregó que el decreto fortalece el Estado de derecho, consolida la democracia sindical y asegura que la asociación, libre elección y representación de las y los trabajadores se respeten plenamente.




