César Augusto Santiago sacude el debate sobre la reforma electoral

Mensaje de César Augusto Santiago a la presidenta Claudia Sheinbaum; es tiempo de cambiar las reglas —dice—, y exige un rediseño electoral que abra paso a la pluralidad y cierre la puerta a la simulación

En un documento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, el exlegislador expone 14 ejes de cambio que incluyen segunda vuelta presidencial, rediseño del Congreso, limitación del transfuguismo y una revisión profunda al financiamiento de partidos y candidaturas. En él, criticó duramente al INE y al sistema de partidos por preservar privilegios y cerrar el paso a la competencia real. Plantea una reforma que recorte gastos, devuelva sentido al debate político y abra espacio a nuevas fuerzas y candidaturas independientes

Alberto Carbot

César Augusto Santiago, dirigente de la Fundación Alternativa, Agrupación Política Nacional (APN) planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum la necesidad de encabezar una reforma electoral que rompa con décadas de simulación. En una carta remitida el pasado martes, el político chiapaneco desmenuzó lo que considera un sistema viciado: partidos sin identidad, dirigentes eternos, candidaturas definidas por tómbola y un gasto público desproporcionado. Su diagnóstico apunta a un punto clave para él: la democracia mexicana no se deteriora por accidente, sino por un modelo diseñado para blindar privilegios y cerrar el paso a la competencia real.

Su texto, sin formalidades ni saludos protocolarios, es un llamado a revisar a fondo la estructura electoral del país, cuestionando directamente el papel que, primero el IFE y después el INE, han jugado como supuestos garantes de la democracia. Para Santiago, el balance es negativo: una maquinaria costosa y enredada que ha terminado por servir más a la preservación de intereses que a la apertura política.

En una carta enviada el pasado martes, el político chiapaneco desmenuzó lo que considera un sistema viciado: partidos sin identidad, dirigentes eternos, candidaturas definidas por tómbola y un gasto público desproporcionado. Planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum la necesidad de encabezar una reforma electoral que “rompa con décadas de simulación”. Su diagnóstico apunta a un punto clave: la democracia mexicana no se deteriora por accidente, sino por un modelo diseñado para blindar privilegios y cerrar el paso a la competencia real.

Su texto, sin formalidades ni saludos protocolarios, propone revisar a fondo la estructura electoral del país, cuestionando directamente el papel que, primero el IFE y después el INE, han jugado como supuestos garantes de la democracia. Desde su punto de vista, el balance es negativo; se trata —expone—, de “una maquinaria costosa y enredada que ha terminado por servir más a la preservación de intereses que a la apertura política”.

Asegura que el modelo que nació con el IFE y mutó al INE no ha estado a la altura de las expectativas democráticas. Después de décadas, lo que queda es una burocracia costosa, procesos enredados y un aparato diseñado más para preservar el statu quo que para abrir cauces a la pluralidad —indica.

Santiago no suaviza sus términos. Habla de charlatanería, de dirigentes eternos, de candidaturas definidas por tómbola y de partidos indistinguibles entre sí, todos sostenidos por un flujo constante de dinero público. El resultado —afirma—, es un sistema que no permite nuevos partidos ni candidatos independientes y que se alimenta de la inercia.

El señalamiento no es nuevo en su trayectoria, pero cobra relevancia en un momento donde Morena —como antes el PRI—, concentra el papel de partido hegemónico, mientras las oposiciones orbitan en torno a alianzas coyunturales y proyectos sin claridad ideológica.

La misiva subraya que la presidenta Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de “proponer con grandeza para mejorar por fin la calidad de la democracia mexicana” y honrar así a la libertad, la justicia y la democracia.

César Augusto Santiago, posee una extensa carrera en el servicio público y la política mexicana. Ha sido expresidente del CEN del PRI y diputado federal en varias legislaturas. En el Ejecutivo federal se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación, director general adjunto de Pemex, comisario de la Contraloría General de la Federación y abogado general de la Comisión Federal de Electricidad. En el ámbito diplomático, fungió como cónsul de México en Boston, consolidando así una trayectoria que combina experiencia legislativa, administrativa y de representación internacional.

El documento recuerda la reforma impulsada por Jesús Reyes Heroles bajo López Portillo, la cual valora como la más memorable de todas por sus objetivos claros: ampliar cauces legales para las minorías, crear partidos con registro condicionado y garantizar un método de justicia que no vulnerara el diseño de la República.

Desde esa referencia histórica, subraya que las reformas posteriores “solo atienden pragmatismos para preservar ventajas” y que, con ello, “se han llenado de candados y requisitos que encarecen los procesos y refuerzan la desconfianza”.

Santiago apunta a la raíz del problema: el artículo 41 constitucional, que califica como “una monstruosidad, abigarrado, prolijo y contradictorio”, y una ley de partidos que solo sirve para impedir la creación de nuevos partidos políticos y las candidaturas independientes.

Alternativa APN —la agrupación que encabeza—, ha padecido en carne propia esas barreras. Con más de 400 mil afiliados, le fue negado el registro por supuestas ausencias mínimas en asambleas, lo que ejemplifica, según él, “la nefasta forma de constituir nuevos partidos: contar ciudadanos frecuentemente acarreados por dinero y nada más”.

Un sistema de partidos competitivo

Se pronuncia a favor de propuesta central circunscrita por una reforma electoral cierta, eficaz y definitiva, que abandone la lógica de control y abra la puerta a un sistema de partidos competitivo, transparente y capaz de representar la diversidad política del país. Entre sus ejes propone la implantación de una segunda vuelta presidencial cuando ninguna de las candidaturas obtenga más del 51 por ciento de los sufragios emitidos. Plantea también una recomposición de la Cámara de Diputados: 200 legisladores de mayoría y 200 de representación proporcional, con el argumento de reducir costos y limitar la manipulación de candidaturas en distritos.

En el Senado, sugiere eliminar la representación proporcional y dar igual número de escaños a cada entidad federativa, devolviendo al órgano su papel como cámara de revisión. Otra de sus consideraciones es prohibir expresamente las alianzas partidarias preelectorales y fomentar las que se formen para gobernar.

Santiago busca también frenar el denominado transfuguismo, imponiendo plazos y condiciones para cambiar de partido, una práctica que en la actualidad erosiona la credibilidad de las instituciones.

En el plano institucional, estipula que “el INE regrese a IFE” y que los estados asuman plenamente la conducción y calificación de sus propios procesos electorales. El financiamiento de partidos es otro punto neurálgico en su texto: poner un piso parejo para todos y revisar el financiamiento privado con mayor fiscalización del origen del dinero, pero con más apertura a la aportación ciudadana honesta.

En cuanto a la creación de nuevos partidos, propone “regresar al sistema de registro condicionado” y eliminar la facultad de burócratas para decidir quién compite y quién no. Las candidaturas independientes tendrían un acceso real, no el simulacro que representa hoy un cúmulo de requisitos imposibles de cumplir.

En su propuesta señala que la reelección consecutiva en el Congreso quedaría prohibida, y los consejeros y magistrados electorales dejarían de ser permanentes, ejerciendo solo en el periodo electoral correspondiente.

Un cambio significativo —dice—, sería prohibir las candidaturas por sorteo y obligar a los partidos a realizar elecciones internas supervisadas por la autoridad electoral y en materia de comunicación política, aboga por “regresar al modelo de debates entre partidos, transmitirlos en vivo y evitar las tonterías de los anuncios pagados con dinero público”.

La propuesta se completa con la exigencia de regresar al espíritu constitucional para definir en la ley suprema solo los principios de mayor jerarquía, “eliminando ocurrencias y componendas coyunturales”.

Su carta a la presidenta Claudia Sheinbaum concluye con un llamado a “abandonar el egoísmo y las estratagemas para vencer por la fuerza” y a repensar el modelo de país frente a los retos globales.