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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2020. — Con una inversión de 20 mil millones de pesos, el Proyecto Integral Morelos (PIN) avalado por el 60 por ciento de la población en la consulta ciudadana comenzará a operar a finales de este año.
En la conferencia matutina de este jueves en el Palacio Nacional, el Gobierno Federal detalló las diferentes dependencias que se coordinaron para echar a andar la polémica planta termoeléctrica, manchada por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes, quien fuera opositor a la termoeléctrica de la Huexca, y una serie de amparos.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, destacó que con el avance que tiene la obra al momento de asumir la administración en 2018, así como las necesidades del estado de Morelos de energía eléctrica, y los resultados de la consulta, se pondrá en funcionamiento.
“No podíamos dejar que se convirtiera en chatarra esta planta porque es dinero del pueblo, si se inicia la operación de esta planta se contaría con energía para todo el estado de Morelos”, expresó en el Salón Tesorería.
El Jefe del Ejecutivo puntualizó que es una planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no de una empresa privada, por lo que justificó su continuidad.
“Está todo resuelto ya no hay problema legal, se resolvieron todos los amparos, ya hay un plan para que esta termoeléctrica, esta planta inicie sus operaciones a finales de este año, que es una muy buena noticia”, dijo,
“Son de estas obras que heredamos emproblemadas y no podemos omitir que se trata de inversiones, es como el Tren Toluca Ciudad de México, ni modo de dejarlo y decir, estuvo mal planeado cuando ya se han invertido más de 60 millones de pesos del erario, del presupuesto, o los hospitales que encontramos sin terminar, en proceso, pues tenemos que concluirlos, por eso un distintivo de este gobierno es el que no vamos a dejar ninguna obra en proceso cuando terminemos nuestro mandato, no vamos a dejar un tiradero de obras como lo que recibimos”, profundizó el Primer Mandatario.
La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Olga Sánchez Cordero, destacó que luego de que especialistas descartaron posibles afectaciones a los ejidatarios, y exaltó que, “jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuar con el proyecto”.
“Arrojaron que el proyecto no causaba una falta de suministro de agua en los canales de riego de los ejidos, estas fueron periciales, de hidrología forense, muy puntuales con peritos expertos y llegaron a esa conclusión”, abundó.
Manuel Bartlett, director de la CFE, resaltó que sólo se utilizan aguas negras, “no usa agua del río y sin embargo aumenta el caudal del río al llevar el agua a la planta de tratamiento, y el verter agua tratada por el procedimiento de enfriamiento”.
También estuvieron Blanca Jiménez, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Diana Álvarez, directora del Banco del Bienestar quien recibió antes de este cargo una encomienda de conciliación entre los pobladores, así como Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para detallar el programa integral de intervención que se tendrá en la zona.