Cien días de Gobierno (3).- Los retos, garantizar seguridad y restablecer la paz

Tras entregar el Premio Nacional de Derechos Humanos al padre Alejandro Solalinde, el pasado 10 de diciembre, el presidente Enrique Peña Nieto escribió en su artículo: “El gran reto que nos hemos propuesto es lograr que los derechos pasen del papel a la realidad, y tenemos que sentar las bases para transformar la nuestra en una sociedad de derechos. Debido a esta visión, logramos el acuerdo que hoy se traduce en lo que es el Pacto por México que recientemente que el gobierno se desistió de la controversia constitucional en relación a la Ley General de Víctimas, la cual se publicó el pasado 9 de enero.

El 7 de febrero, el presidente Peña acudió al informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde reconoció que la mayoría de las ocasiones las garantías individuales se quedan sólo en el papel en perjuicio de un gran sector de la población.

“El  Estado aún tiene un largo camino que recorrer, para universalizar el goce efectivo de los Derechos Humanos. El  doctor Raúl Plascencia hizo bien en señalar las acciones y omisiones del Estado que vulneran los derechos fundamentales…   Mi compromiso con los Derechos Humanos es indeclinable, por ello giré  la instrucción  al secretario  de Gobernación de mantener una estrecha relación institucional con la CNDH, ya que la protección a los Derechos Humanos y su ejercicio efectivo es y debe ser prioritario”, sostuvo el primer mandatario.

En este contexto, Peña reconoció que para lograr cumplimiento veraz de los derechos humanos, es necesario articular una sólida y eficaz política de seguridad y, el 12 de febrero de gira en Aguascalientes, presentó el Plan Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, orientado a atender no sólo los efectos de la violencia, sino también sus causas estructurales.

Dicho programa cuenta este año con un presupuesto etiquetado de más de 118 mil millones de pesos, para invertirse exclusivamente en programas destinados a la prevención social del delito, y está bajo la responsabilidad de nueve Secretarías de Estado:  Gobernación, Desarrollo Social, Salud,  Educación, Economía; Trabajo y Prevención Social; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y la Secretaría de Hacienda.

Mando único policiaco

 El 17 de diciembre, al presidir la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la participación de gobernadores y el jefe capitalino, el presidente Peña Nieto puso en claro que para garantizar la protección de los derechos humanos y la paz social, se requiere de una sólida y eficaz política de seguridad.

Ante gobernadores y el jefe capitalino, el jefe del Ejecutivo federal enfatizó:

“El  mandato ciudadano es muy claro: Los mexicanos quieren un México en paz, en un marco de respeto y protección a los Derechos Humanos.

Para alcanzar este propósito, hay que transitar de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a una auténtica Política de Estado por la Seguridad y la Justicia de los Mexicanos, de corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno, ajena a intereses de partido”.

En este contexto, anunció 6 líneas de acción para lograr un “México en Paz”:

1) Planeación, para asignar responsabilidades y fechas precisas de cumplimiento, tanto de parte de cada institución del Gobierno de la República, así como para los gobiernos locales.

2) Programa  transversal de prevención, que alineará las políticas para combatir las adicciones, rescatar espacios públicos, ampliar las Escuelas de Tiempo Completo y promover proyectos productivos, entre otras acciones.

3) Programa Nacional de Derechos Humanos, que fortalezca las áreas del gobierno en esta materia, y se creará la instancia federal que dé seguimiento a la instrumentación de la reforma de derechos humanos.

4) Fortalecer y asegurar  la colaboración entre instituciones del gobierno federal así como con las autoridades de los estados, del Distrito Federal y municipios.

5) Transformación Institucional en dos ámbitos: el policial y el de Procuración de Justicia.

6) Evaluación para retroalimentar y en su caso, ajustar esta política de Estado.

Tan sólo un día después, el 18 de diciembre, Peña Nieto inició el trabajo de evaluación en materia de seguridad con el gobernador de Chihuahua, César Duarte.

En la misma entidad, dio inicio el Programa Nacional de Prevención del Delito, con acciones transversales que tienen el objetivo de disminuir los delitos que más afectan a la sociedad, como son los homicidios, secuestros y extorsiones, las cuales se replicarán en todos los estados y el DF.

Tras este paso, el primer mandatario estableció las bases de negociación directa con los gobernadores.

En el marco de la 44ª. Reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), del 18 de febrero en Chihuahua, el presidente pidió encontrar un “amplio consenso” para hacer realidad el mando único policiaco, así como instrumentar códigos penales únicos en las entidades, que permitan facilitar la aplicación de la justicia.

“Al paso de los años podemos asegurar que la mayor seguridad para la población no puede depender sólo de tener más y mejores policías, es importante pero no único; también se debe tener justicia”, manifestó ante los integrantes de la Conago, quienes se sumaron al Pacto por México.

Peña instruyó al secretario de Gobernación a buscar con los gobernadores los mecanismos legales para concretar el mando único policial.

A cambio de su respaldo, Peña Nieto ofreció a los mandatarios estatales y el jefe capitalino, impulsar un Federalismo Articulado, “es decir un Federalismo con metas y políticas públicas conjuntas, coordinado, donde las entidades tengan el respaldo del Gobierno de la República”, escribió en su artículo relativo a este encuentro.

Y para garantizar esta cercanía, Peña Nieto designó a 11 secretarios de Estado y al jefe de la Oficina de la Presidencia como sus representantes en los estados del país, divididos por regiones:

La lista queda como sigue:

Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud: Baja California y Baja California Sur.

Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell: Chihuahua y Sonora.

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo: Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.

Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez: Sinaloa, Colima y Nayarit.

Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza: Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet: Veracruz y Tabasco.

Secretaria de Salud, Mercedes Juan López: Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín: Jalisco y Michoacán.

Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño: Estado de México y el Distrito Federal.

Fuerzas Armadas, el brazo fuerte

Si bien en la pasada administración una de las principales críticas fue hacer responsable al Ejército de la seguridad pública, el presidente Enrique Peña Nieto ha puesto en claro que los militares se mantendrán en las calles hasta lograr fortalecer a las corporaciones.

Bajo esta premisa, en su carácter de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, anunció que habrá mejoras salariales y de prestaciones para los uniformados del Ejército y la Marina.

En el marco de la conmemoración del Día de la Fuerza Aérea de México, el 10 de febrero, Peña Nieto puntualizó: “Como Presidente y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, estoy decidido a consolidar al Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea. Así lo demuestra la reciente ampliación de la Capacidad de Entrenamiento de Vuelo en la Base Aérea Militar No. 5 y la construcción del Colegio del Aire”.

Peña Nieto recibió una gran muestra de la lealtad de las Fuerzas Armadas en un acto inédito el 15 de febrero, al recibir la Espada y Sable de Mando de las Fuerzas Armadas.

En su artículo relativo, el Comandante Supremo subrayó: “Sin duda estoy consciente de todo lo que simbolizan: me refiero a los principios, y los valores del Ejercito, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. Los soldados de México están con nosotros, y con todo México. En tierra, mar o aire todos los días construyen un mejor país. Por su valor y solidaridad, se han ganado la admiración, el respeto y el afecto de los mexicanos. Los exhorto a seguir respaldando los esfuerzos del Gobierno de la República para alcanzar las cinco grandes metas nacionales, protegiendo a la sociedad y los intereses de la nación”.

Este estrecho vínculo entre el gobierno federal y las Fuerzas Armadas se reconfirmó el 19 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día del Ejército y los 100 años de su servicio leal a la Patria, en ceremonia verificada en Santa María Rayón, Estado de México,.

“Con su lealtad institucional a toda prueba, han demostrado que son una fuerza para la estabilidad y el desarrollo democrático del país. Con sus labores de auxilio a la población, han acreditado que son una fuerza para la unidad y la convivencia armónica de los mexicanos. Con su disciplina y compromiso, han mostrado que son una fuerza para la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas… La mejor manera de celebrar este simbólico aniversario, es escribiendo nuevas páginas de gloria y heroísmo, en la defensa de nuestra Constitución, de nuestras instituciones y de la República”, apuntó Peña en su artículo dirigido a los soldados de México.

(Mañana, cuarta parte y última)

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