Cierre de minería afecta a 2.3 millones de mexicanos: abogado

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2020.- Si bien la industria minera acata el decreto sanitario por el Covid 19 para cerrar sus unidades productivas en territorio nacional, el Gobierno federal comete un error grave con esta medida, al afectar a miles de familias en las zonas rurales del país, en donde esa rama productiva es la única posibilidad de empleo, señaló Alberto Vázquez, abogado consultor del sector minero y titular del despacho VHG, Servicios Legales.

Puntualizó que esa industria es la fuente principal de ingresos en muchas regiones apartadas del país, al proporcionar empleo directo digno y bien remunerado a más de 370 mil trabajadores y beneficiar de manera indirecta, al menos, a 2.3 millones de mexicanos con su actividad.

Según un comunicado, coincidió con un análisis del organismo MéxicoMinero.org, en el cual se destaca que dicho sector es una fuente primaria, fundamental para mejorar niveles de vida de las personas en el mundo, pues se necesitan minerales para construir carreteras, hospitales, automóviles y casas, entre otros bienes de uso generalizado.

Destacó que en el sector salud, la minería es un aliado irremplazable, pues gracias a los minerales y metales se fabrican implementos médicos que van desde batas y sábanas repelentes a infecciones, hasta equipo quirúrgico y respiradores.

Al referirse al acuerdo publicado el 6 de abril del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, por la Secretaria de Salud (Ssa), en el que se consideró como esenciales a los sectores del cemento, vidrio y acero, así como a las minas de carbón, para que sigan laborando, comentó que más que ayudar a cualquier industria, nos muestra un claro ejemplo de lo que es ser juez y parte en el accionar de la autoridad.

«Si bien en primera instancia se incluye a las empresas de esos sectores, también se destaca un párrafo indicando que se trata de compañías que tienen contratos en proyectos de interés del Gobierno Federal como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico, dejando a las empresas no involucradas, y al resto del sector productivo, a la interpretación de cada contrato existente para la aplicación de la causa de fuerza mayor por la emergencia sanitaria», agregó.

«La autoridad debe reconocer que para mantener la actividad de cualquier industria o empresa que sea considerada como esencial, es indispensable permitir que la misma tenga garantizados los insumos necesarios para ello», enfatizó.

El abogado reconoció que se permita a la industria del carbón continuar con sus operaciones, pero también se hace con la limitación de que sea la actividad requerida para satisfacer la demanda de la Comisión Federal de Electricidad, con lo cual se admite la importancia de este sector, pero se limita a las necesidades de la CFE.