CIUDAD DE MÉXICO, 6 de octubre de 2021.- En reunión con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Karla Quintana Osuna, el senador sin partido Emilio Álvarez Icaza advirtió que la cifra de personas desparecidas hasta el lunes 4 de octubre –92 mil 794– puede ser mucho más alta, en virtud de la desconfianza que se tiene para denunciar los casos.

La dimensión de la crisis en materia de desaparición de personas, por la que atraviesa el país, no tiene un “correlato” en el trabajo que se desempeña en la institucionalidad, presupuesto y coordinación que lleva a cabo el gobierno; es decir, hay una desproporción del dolor que sufren las familias, con el esfuerzo que el Estado mexicano realiza, según el legislador.

El ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó que el sector de la población que más padece este flagelo en México es el de la juventud, principalmente hombres entre los 20 y 40 años de edad, y mujeres de entre los 15 y 25 años.

Aunado a ello, del total de las 92 mil personas desparecidas, 16 por ciento son niñas, niños y adolescentes.

De los estados que tienen mayores jornadas de búsqueda son: Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Sinaloa y Sonora.

El senador sin partido abundó que 53 por ciento de las búsquedas que realiza esta Comisión se llevan a cabo en coordinación con las fiscalías estatales; 26 por ciento con la Fiscalía General de la República y el 13 por ciento sin presencia de fiscalías.

En datos duros, dio a conocer que, del 1 de diciembre de 2018 al 17 de septiembre de 2021, se tiene un registro de mil 971 fosas clandestinas, con tres mil 259 cuerpos exhumados, de los cuales han sido identificados mil 274 y entregados a familiares 903.

A partir de 2019 y a la fecha, se desarrolla una estrategia tecnológica para la incorporación de la información, permitiendo una interoperabilidad entre las diferentes instituciones, principalmente las fiscalías, destacó Álvarez Icaza Longoria.

Ante la crisis en materia forense, coincidió en la urgencia de legislar para que las fiscalías y gobiernos locales lleven a cabo la identificación humana con un enfoque masivo, a fin de exhumar e identificar a las decenas de miles de cuerpos que hay en las fosas comunes del país.

Es decir, impulsar reformas para fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones estatales en materia de búsqueda inmediata, así como para solicitar órdenes de cateo y crear un sistema de beneficios por colaboración eficaz.