CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre (Quadratín México).- Ante las irregularidades cometidas como ex funcionario de la CFE, Ramón Antonio Fernández Velázquez, la Secretaría de la Función Pública lo citó para declarar, pues aparentemente generó un quebranto por 32 millones de dólares a la paraestatal.
Fernández Velázquez presuntamente desapareció los pagos que deberían darse a la compañía Mitsubishi Power Systems America, fabricante de tres turbogeneradores que nunca fueron entregados. La compañía no recibió el pago por los mismos y los tiene sin que se puedan utilizar, mientras que el apoderado de la empresa FGG Enterprises, proveedor de las turbinas a la CFE y que recibió un pago millonario, se encuentra detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
Se trata de un funcionario de 38 años en la CFE, que por lo menos hasta mayo pasado fungía como Coordinador de Proyectos Termoeléctricos en la Subdirección de Construcción, y quien además era Coordinador Técnico del Fideicomiso de Gastos Previos del que salieron los recursos para los pagos a la empresa FGG Enterprises.
Según el citatorio del Órgano Interno de Control de la CFE, fechado el 3 de diciembre, Fernández fue quien en marzo y julio de 2010 directamente instruyó al Gerente de Operación Fiduciaria del Banco Nacional de Comercio Exterior para liberar los pagos a FGG, uno por 20 millones de dólares y otro por 12 millones de dólares, pese a que el proveedor había incumplido sus obligaciones.
“Usted omitió dar aviso de tales incumplimientos al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración de Gastos Previos para que, en ejercicio de sus facultades, se procediera al cálculo de las penalizaciones correspondientes y, en su caso, a la negativa de instruir el pago comprometido con el proveedor conforme al programa de pagos acordado”, señala eldocumento.
Antes de autorizar estos pagos, en diciembre de 2009, Fernández presentó al Comité Técnico una nota para justificar un convenio modificatorio del contrato original con FGG.
En dicho convenio, se eximió a la empresa de presentar una carta de crédito irrevocable como garantía, y a cambio se aceptó que los turbogeneradores Mitsubishi que supuestamente entregaría, quedarían en prenda como soporte en caso de incumplimiento.
El problema es que los turbogeneradores no eran propiedad de FGG, sino de Mitsubishi, que no los ha entregado a la CFE para que los instale en la planta Agua Prieta II en Sonora, porque solo recibió 18 millones de dólares.
Fue hasta mayo de 2012 cuando la CFE rescindió el contrato con FGG y demandó a esa empresa por 44 millones de dólares.
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