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CIUDAD DE MÉXICO, 12 de octubre de 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció el inicio de una transformación profunda del modelo penitenciario de la capital, orientada a erradicar la reincidencia, garantizar la reinserción social y dignificar las condiciones de los centros de reclusión.
La presentación se dio durante el informe de seguridad del mes de septiembre, donde la mandataria puntualizó que tan solo para este año su administración destina una inversión de 200 millones de pesos a la mejora de servicios básicos, priorizando los trabajos en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
El nuevo esquema operará bajo tres ejes fundamentales: la transformación física de las instalaciones, la intervención integral durante el cumplimiento de las condenas y el acompañamiento postpenitenciario para ofrecer oportunidades que impidan el reingreso al sistema penal.
Además, la administración capitalina construye un modelo integral de defensoría para personas que carecieron de recursos para una defensa adecuada, el cual se acompañará de una iniciativa de Ley de Amnistía que se presentará próximamente ante el Congreso local.
En el mismo evento, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, reiteró la apertura al escrutinio de organismos y asociaciones civiles, pero desmintió categóricamente las versiones que señalan la presencia de autogobiernos en las cárceles de la metrópoli, calificando de erróneas las versiones que presumen el control delincuencial de los penales.
La SSC solicitó formalmente una reunión con la Comisión de Derechos Humanos para revisar los criterios metodológicos de su reciente informe, el cual registró un descenso nacional en las calificaciones del sistema penitenciario con parámetros poco claros, buscando así contrastar datos objetivos para ubicar áreas de mejora específicas.
Vázquez Camacho desestimó también un hacinamiento general del 130 por ciento en el sistema, explicando que la capacidad total es suficiente, aunque reconoció sobrepoblación en zonas concretas debido a las reglas del sistema penal acusatorio, que exige separar a las personas en prisión preventiva de la población sentenciada, condición que presiona a una infraestructura que suma entre 50 y 70 años de antigüedad en los Reclusorios Norte, Sur, Oriente y la Penitenciaría.