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CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio de 2016.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) suspendió este sábado 35 líneas de medición de emisiones en 7 de 11 verificentros inspeccionados para corroborar que cumplen con las disposiciones que se establecen en la NOM-167 emergente, en los seis estados que comprenden la Megalópolis.
La dependencia federal indicó que estas clausuras se suman a las de este viernes, primer día de la vigencia de esta norma, para alcanzar un total de 87 líneas de medición clausuradas en 21 verificentros, de los 28 que la Profepa ha inspeccionado durante los primeros dos días de julio.
La NOM 167 emergente establece límites máximos permisibles para las emisiones de vehículos automotores, así como los métodos de prueba que deben implementarse. Además, faculta a la Profepa para vigilar el cumplimiento de esta norma en lo que se refiere a los instrumentos de medición que se utilizan en los verificentros para determinar el tipo de holograma que deben recibir.
En lo que resta del año, la Profepa habrá visitado todos los 447 verificentros y unidades de verificación vehicular del transporte público federal que existen en los seis estados que conforman la megalópolis, área geográfica sobre la que la NOM 167 emergente tiene validez.
En la llamada Megalópolis se tienen registrados un total de 447 verificentros (338 centros de verificación para el transporte particular y 109 unidades de verificación para el transporte público federal) que serán inspeccionados en los próximos meses en su totalidad.
Durante el mes de julio se llevarán a cabo entre 128 y 160 visitas de inspección a igual número de centros de verificación vehicular en los seis estados que conforman la megalópolis.
La Profepa verifica las especificaciones técnicas de los equipos, así como las condiciones en las que operan, donde se han detectado irregularidades graves que no permiten confiar en los resultados de las líneas de medición clausuradas. Las irregularidades principales tienen que ver con la calibración de algunos componentes de los sistemas de medición en los verificentros visitados.
Independientemente de las clausuras, se abrirán los procedimientos administrativos correspondientes en los que se ordenarán las medidas correctivas que correspondan, así como las sanciones a las que se hayan hecho acreedores los responsables, las cuales podrán alcanzar hasta 50 mil salarios mínimos por cada irregularidad acreditada.
Las medidas de seguridad impuestas no se levantarán hasta en tanto no se dé cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas por la autoridad. De presentarse reiteradamente irregularidades graves o no cumplirse las medidas ordenadas por la autoridad federal podrá solicitarse a las autoridades locales la suspensión o cancelación de las concesiones o autorizaciones otorgadas, independientemente de los procesos penales que puedan derivarse.