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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de octubre de 2017.- A dos días de cumplirse un mes de que el sismo del 19 de septiembre, que 32 años después reabrió la herida de los mexicanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) integra expedientes de más de 150 quejas y analiza actas circunstanciadas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, y en su mayoría, en la Ciudad de México.
El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, detalló que las denuncias recibidas tienen que ver con la falta de coordinación entre las autoridades, el hermetismo en la información oportuna y adecuada para la población en general, pero sobre todo en los sitios donde lamentablemente colapsaron estructuras y se perdieron vidas durante los terremotos de septiembre.
“Tenemos denuncias con el abasto en la distribución de los víveres, como en el caso del estado de Morelos, y quejas abiertas por todo lo que implique a las responsabilidades a partir del colapso de las estructuras”, dijo en entrevista, luego de su participación en la Sesión Solemne en el Senado de la República, con motivo del sexagésimo cuarto aniversario del voto de la mujer en México.
El titular de la CNDH aseguró que se pidió medidas cautelares a las autoridades para preservar las evidencias que permitieran en su caso acreditar si había un tipo de responsabilidad o no en las construcciones.
“Hemos pedido a las autoridades capitalinas amplia información para integrar los expedientes y poder proceder a lo que corresponda”, indicó Luis Raúl González al referir que se trabaja integralmente junto con organizaciones de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos.
“Algunos perdieron su patrimonio y están afectados emocionalmente y es lamentable que tengan que atravesar burocracias que nadie desea. Dentro de lo lamentable que ya aconteció estamos buscando con las autoridades formas sencillas para dar los apoyos ofrecidos por el gobierno federal y locales”, agregó en su visita a la Cámara Alta.
En el caso del colegio Enrique Rébsamen, confirmó que están abiertas las quejas, así como del Tecnológico de Monterrey.
“Hemos pedido a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la información de las carpetas de investigación y sobre el inmueble que eran fábricas para indagar qué tipo de giro de trabajo tenían; en el caso de personas extranjeras conocer el estatus que tuvieran en el país”, puntualizó.
Los padres de familia que perdieron a sus hijos en la escuela ubicada en la delegación Tlalpan demandan que haya justicia y se esclarezca la verdad. Sí hay responsabilidades, se finquen.
La CNDH tiene como facultad ver si por acción y omisión alguna autoridad que tenga que ver con el tema del sismo, en el antes, en el durante o en el después, incurrió en alguna violación de los derechos humanos.