CNDH advierte riesgos en Ley de Seguridad Interior; Peña ignora

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril de 2017.- Pese a que el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió de riesgos en la Ley de Seguridad Interior, el presidente de la República Enrique Peña Nieto parece ignorar la recomendación y insiste en avanzar hacia un marco normativo que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Al rendir su Informe Anual de Actividades 2016, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que la existencia de una ley que regule las tareas que con carácter extraordinario llevan a cabo las Fuerzas Armadas desde hace más de 10 años, respecto a la seguridad de las personas, “no implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia que nuestro país enfrenta.”

En un evento que tuvo lugar en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial, la autoridad encargada de garantizar los derechos de los habitantes aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado.

El Presidente de la CNDH señaló que esta decisión sobre la conveniencia y necesidad de emitir una Ley de Seguridad Interior, requiere una discusión amplia, plural, informada e incluyente, en la que se aborde integralmente la situación que enfrenta nuestro país, las consecuencias, tanto positivas como negativas que ha ocasionado la actividad de las Fuerzas Armadas.

De igual manera, aconsejó que se escuche a la sociedad, expertos, académicos, a quienes han sido víctimas de la violencia o de algún abuso de poder e incluso a los propios soldados, marinos y pilotos, a efecto de determinar la mejor hoja de ruta para que el país supere esta problemática.

Por su parte, el Presidente de México pareció ignorar el exhorto, pues contradijo sobre este tema relevante que permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a las instituciones armadas, mejorando el orden legal de protección a los derechos humanos.

La seguridad vinculada a las personas debe de estar a cargo de instituciones de carácter civil no militar, por ello Luis Raúl González enfatizó que las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que les son propias, pero bajo un programa gradual y verificable.

“El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo, en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente, ni promoverse que así sea”, subrayó.

La debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, la efectiva y real autonomía del Ministerio Público, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento del sistema penitenciario, la modernización y la replanteamiento de los sistemas de inteligencia, así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia, refirió que son tan sólo algunas de las cuestiones que se deberían atender para dar una respuesta más eficaz a los problemas de seguridad y justicia.

En caso de que se determine la pertinencia de elaborar una Ley en Materia de Seguridad Interior, necesariamente indicó tomar como premisa el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el Artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el Artículo 89, Fracción VI, del máximo ordenamiento en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

En modo alguno, el Ombudsman nacional mencionó que se debe propiciar que se restringe o limite indebidamente el legítimo ejercicio de derechos, tales como la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito, entre otros.

“Se daría una muestra clara de empatía con las víctimas y de sensibilidad a los reclamos de la sociedad, si con el mismo interés y empeño con el que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsaran los procesos relativos a la leyes generales sobre desapariciones y tortura”, criticó.

También, si se reconociera la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir peticiones individuales y se elaborara una Ley sobre Desplazamiento Forzado Interno, como una de las cuestiones urgentes que tendrían una repercusión decisiva en la atención de estos temas en México.