CNDH atiende 127 quejas contra distintas autoridades por sismos

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de octubre de 2017.-  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por las 127 quejas recibidas hasta este domingo, de esas 119 ya están debidamente calificadas mientras 8 aún están pendientes, y de las  actas circunstanciadas levantadas en la capital del país se registraron deficiencias, desorganización y caos en los primeros días de rescate de personas y recuperación de cuerpos.

Por medio de un comunicado refirió que ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales.

De las quejas calificadas, la CNDH precisó que 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate en los inmuebles derrumbados y colapsados; 34, con solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales; 21, de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de sus centros laborales y carecen de dictamen, y 13, relacionadas con prestación de servicios públicos.

También, 5 contra la Presidenta del DIF Estatal de Morelos, relacionadas con el destino de los vehículos que transportan víveres y porque dicha ayuda se coloca en bolsas de la mencionada institución; 3, que fueron remitidas a Comisiones de Derechos Humanos locales; 1, relacionada con seguros y esquemas de reparación (Infonavit) y 3 por temas diversos.

“Todas las quejas han recibido la debida atención y se han dirigido a las áreas correspondientes para su investigación y desahogo”, asegura la Comisión.

Detecta CNDH deficiencias, desorganización y caos en primeros días de rescate

En cuanto a otras acciones realizadas por esta Comisión Nacional, se informa que en ellas han participado más de 300 servidores públicos, entre abogados, médicos, psicólogos, criminalistas y personal de apoyo administrativo, y se realizaron en la Ciudad de México y los estados de Chiapas, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca y Puebla.

Este Organismo Nacional ha emitido un total de 151 oficios relacionados con solicitudes de información a distintas autoridades, medidas cautelares y otros temas, y ha recibido 20 oficios, 7 sobre respuestas a medidas cautelares, 112 respuestas a solicitudes de información y 1 respuesta de los gobernadores a los oficios para la difusión de los protocolos internacionales.

Además, ha tenido 6 reuniones de trabajo: 2 con la Secretaría General de Gobierno de la Ciudad de México, 1 con la Procuraduría capitalina, 1 con padres y familiares de víctimas y 2 con organizaciones de la sociedad civil.

En las entidades federativas mencionadas se han recibido quejas, ya incorporadas a la cifra mencionada, y levantado actas circunstanciadas en los lugares visitados; se proporcionaron servicios de acompañamiento, remoción de escombro, ayuda social, atención psicológica y orientación jurídica; se visitaron 53 albergues en la Ciudad de México; se acudió a 27 centros de acopio; se gestionó la donación de medicamentos y material útil para rescate de víctimas y se realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para obtener datos de identificación de personas fallecidas, para colaborar con los familiares en la búsqueda de personas no localizadas.

De las actas circunstanciadas levantadas en la capital del país se observaron entre otras deficiencias, desorganización y caos en los primeros días de rescate de personas y cuerpos; no se aplicaron protocolos y normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia; constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y de la Ciudad de México, así como falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares siniestrados.

Además, no hubo un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron indistintamente Semar, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y el Gobierno capitalino; no se acondicionaron espacios adecuados para las familias de víctimas que esperaban noticias en zonas de siniestro, y existió desabasto de agua en zonas de Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac.

En Chiapas se visitaron los municipios de Arriaga, Pijijiapan, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tonalá donde no se recibieron escritos de queja, no obstante, se elaboraron 10 actas circunstanciadas de las cuales se desprende que en Pijijiapan únicamente hay 15 elementos de la Sedena que realizan remoción de escombros y apoyan el reparto de despensas a personas damnificadas, y en la comunidad de Nueva Urbina hay 13 viviendas con daño total y 500 personas damnificadas.

En Tonalá se constató que el 70 por ciento de la comunidad Paredón está afectado, mientras que en Arriaga resultaron afectadas 4 mil 800 viviendas, de las cuales el 30 por ciento es pérdida total y hay 15 mil personas damnificadas.

En el Estado de México se visitaron los municipios de Calimaya, Coatepec Harinas, Tenango del Valle, Ocuilan, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, San Antonio la Isla, Tenancingo, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán, donde no se recibieron escritos de queja, pero se elaboraron 8 actas circunstanciadas en que se destacan entrevistas con pobladores afectados, Presidentes Municipales, funcionamiento de centros de acopio y atención psicológica a personas.

Del contenido de las actas circunstanciadas sobresale el apoyo solicitado en la comunidad Reforma Agraria, donde 15 familias requieren reconstruir sus casas habitación, además de que los servicios públicos quedaron averiados, incluyendo la carretera; en Tenango del Valle el INAH ha sido lento en la emisión de dictámenes para determinar si pueden rehabilitarse o deberán derribarse inmuebles históricos y en Ocuilan todas las escuelas están dañadas.

Los lugares visitados en el estado de Morelos fueron Cuernavaca, Hueyapan, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Jumiltepec, Miacatlán, Ocuitulco, San Bartolo, Temixco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan del Amilpas, en donde se recibieron dos quejas en las cuales se señaló al DIF estatal como autoridad responsable del desvío de víveres a bodegas del Gobierno de la entidad, y contra el Gobierno federal por no seguir los protocolos para la entrega de ayuda y remoción de escombros.

Además, se elaboraron 31 actas circunstanciadas de las cuales se desprende que es incierta la llegada de recursos económicos para la reconstrucción, la decisión de personas afectadas de no pernoctar en los albergues sino en casas temporales de madera construidas por el gobierno o en casas de familiares o amigos, así como falta de apoyo de las autoridades.

En Oaxaca se visitaron Juchitán, Tehuantepec, Ixtapalcatepec, Santiago Astata, Asunción de Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo, donde no se recibieron escritos de queja, pero se levantaron más de 50 actas circunstanciadas de las que se desprenden quejas de oficio.

De las actas circunstanciadas se desprenden, entre otras observaciones, la falta de transparencia y organización en la repartición de apoyos; falta de censos de población afectada; necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle; falta de seguridad; deficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno; falta de cobertura en comunidades aledañas a los municipios y sensación de abandono a dichas comunidades.

En cuanto al estado de Puebla, se visitaron Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chielta, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa, donde se levantaron actas circunstanciadas de las que se desprenden quejas de oficio.

Del contenido de las actas se observa la falta de coordinación para entrega de documentación solicitada para demolición de casas habitación y que el INAH no ha otorgado la documentación para la demolición de viviendas consideradas inmuebles históricos, además de la falta de transparencia en la entrega de apoyos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se comprometió a continuar atenta a la evolución de los acontecimientos y en su momento emitirá los pronunciamientos que conforme a derecho correspondan.