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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a las autoridades legislativas, tanto federal como locales, a incluir en sus constituciones el reconocimiento expreso de las 1.4 millones de personas afrodescendientes que representan 1.2 por ciento de la población nacional.
A través de un oficio enviado por el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, la CNDH reiteró la importancia del reconocimiento constitucional de la población afrodescendiente y el impulso de acciones y políticas que les permita acceder a la salud, educación, trabajo y demás servicios públicos.
El organismo nacional ha enfatizado mediante el Informe Especial sobre la Situación de la Población Afrodescendiente en México a través de la Encuesta Intercensal 2015, la necesidad de erradicar la discriminación y el racismo al que diariamente se enfrenta este sector, pero sobre todo mujeres y niñas.
En una misiva dirigida al presidente de la Comisión Permanente, Pablo Escudero Morales, expone que el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos afrodescendientes es una necesidad que no puede esperar, pues la visibilización por parte del Estado y el orden jurídico debe comenzar en la Constitución Política.
Aunque la población afrodescendiente vive a lo largo del país, el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión refiere que la población afrodescendiente se concentra principalmente en tres estados con “regiones tradicionales”: Guerrero, Oaxaca y Veracruz, además del Estado de México, la Ciudad de México y Nuevo León, que en conjunto concentran 85.8 por ciento de la población en hogares afrodescendientes.
En la actualidad la mitad de la población afrodescendiente habita en localidades de 100 mil o más habitantes y sólo 21.8 por ciento reside en zonas rurales.
Los municipios de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde reside esta población, son regiones donde Coneval reportó en 2010 altos niveles de pobreza y enfrenta problemas para acceder a servicios de salud, educación media superior, así como para tener viviendas de calidad con todos los servicios.
“El Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024, Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, resulta un marco propicio para realizar un balanza sobre las acciones llevadas a cabo por el Estado mexicano para reconocer, proteger y hacer valer los derechos humanos de las personas afrodescendientes”, reza el documento.
El oficio con el que remite el Estudio Especial sobre la situación de la población afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015, se envió a las comisiones de Derechos Humanos de las cámaras de Senadores y de Diputados.