Llevan ante juez al agresor del Metro Tacubaya
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de enero de 2019.- Las omisiones de diferentes autoridades federales, estatales y municipales para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento de 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, dio origen a la recomendación 87/2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Los hechos a los que se refiere la Comisión datan del 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.
A consecuencia de ello se inició el desplazamiento de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón todas pertenecientes a Chalchihuitán y Majompepentic, a zonas cercanas del mismo municipio.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al Gobernador de Chiapas que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las autoridades municipales, diseñe e implemente un programa de reparación colectiva a las víctimas directas e indirectas de quienes perdieron la vida, y se les brinde atención médica y psicológica.
La Comisión exigió también que se brinde protección inmediata, ayuda humanitaria y seguridad a la población desplazada. Además propuso realizar un censo que corrobore el número de personas que salieron de su domicilio, así como un diagnóstico que evidencie la situación actual que presentan esas personas y el conflicto territorial.
Al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, le pidió que se realice las diligencias necesarias para la investigación de los hechos denunciados y se determinen conforme a derecho las carpetas de investigación.
De manera particular, al Ayuntamiento de Chalchihuitán se le recomendó que de manera inmediata se investiguen los posibles actos de violencia que se suscitaron en las últimas semanas del mes de diciembre de 2018, presuntamente por el síndico municipal de ese lugar, contra las víctimas de desplazamiento forzado interno y, en su caso, se tomen las medidas oportunas.
La recomendación está dirigida además al Gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; al Fiscal General de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca; al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero; al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón; al Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino López; a la Presidenta Municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García, y al Presidente Municipal de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez.