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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de julio de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene abierto el caso del migrante Rubén Gerardo Galindo Chávez, de 29 años y oriundo de Coatlán del Río, un municipio del estado de Morelos, asesinado en septiembre del año pasado a manos de dos policías de Charlotte, Carolina del Norte.
El organismo defensor continúa integrando el expediente de queja para observar el respeto de los derechos humanos de los padres del señor Galindo Chávez, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Consulado general de México en Raleigh, y las acciones que realice ante las autoridades estadounidenses, a fin de que tal hecho no quede impune.
Una vez integrado el expediente, la CNDH procederá a su análisis para permitir la determinación que en derecho corresponda, tal como lo detalla una misiva enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, luego de la aprobación de un punto de acuerdo donde se exhorta al organismo a realizar un análisis sobre los hechos violatorios y de seguimiento a las actuaciones del personal de la Cancillería sobre este caso hasta su resolución.
El 2 de marzo de 2018, la CNDH recibió la queja del señor Guillermo Javier Correa Cárdenas, representante legal de los señores Elia Chávez García y Román Galindo de los Santos, padres de Rubén Gerardo, donde manifiesta los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 2017, sin embargo personal del Consulado mexicano no les brindaron la atención respectiva ni le dieron seguimiento al caso.
En el expediente CNDH/5/2018/1801/Q radica la información de la SRE, que dio respuesta hasta el 5 de abril de 2018, señalando que la representación diplomática en Raleigh realizó diligencias necesarias con la funeraria para el traslado de los restos del señor Galindo al Estado de México, cubriendo parte del costo.
Además, se indica que se ha mantenido contacto con el Departamento de la Policía de Charlotte-Mecklenburg y con la oficina del Médico Forense d esa localidad, para dar seguimiento a la investigación que se inició con motivo del asesinato del migrante mexicano.
El documento indica que se solicitó la opinión de un abogado especialista en la materia con la finalidad de que analice las circunstancias en que ocurrieron los hechos y explore la posibilidad de interponer acciones legales o competencias a favor de la familia de Galindo Chávez.