CNDH pide a Sedena, Semar, PGR y Segob abstenerse de espiar periodistas

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de junio de 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió un escrito de queja presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de un programa denominado Pegasus, presuntamente adquirido por distintas dependencias del Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR), lo que vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados, por lo que solicitaron la implementación de medidas cautelares.

«Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, este Organismo Nacional solicitó a la Sedena, Semar, Segob y PGR implementar acciones para que en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional», explicó la CNDH en un comunicado.

La Comisión informó que tuvo conocimiento del reportaje publicado el pasado 19 de junio en el diario norteamericano The New York Times que en su versión en español lleva por título “Somos los nuevos enemigos del Estado: el espionaje a activistas y periodistas en México”, así como del contenido del informe difundido ese mismo día por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Article19 (Oficina para México y Centroamérica) y la organización SocialTIC titulado “Gobierno espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, donde mencionan los antecedentes del programa Pegasus en nuestro país y los casos documentados contra periodistas y organizaciones sociales, entre otras cuestiones,

«Algunas de las personas y organizaciones afectadas por el sistema de espionaje son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro ProDH) y sus colaboradores, el periodista Carlos Loret de Mola, el Instituto Mexicano para la Competitividad y sus colaboradores, Aristegui Noticias y sus colaboradores, el director de la organización “El Poder del Consumidor”, así como María del Carmen Aristegui Flores y su hijo menor de edad, sin que exista una orden judicial que autorice la intervención telefónica, único medio legal para justificar este tipo de acciones», refiere Derechos Humanos.

En este contexto, se les pidió a las autoridades que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes, instruir a todas y todos los servidores públicos de esas dependencias a garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad.

«A la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia», puntualizó la CNDH.

«Si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado», concluyó el Organismo.

PGR abre investigación por la denuncia de posible espionaje del gobierno a civiles

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una carpeta de investigación por los delitos intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.

La dependencia ofreció los detalles en el comunicado 986/17 dado a conocer este miércoles, derivado de las notas publicadas en varios medios de comunicación nacionales y extranjeros, respecto de la supuesta intervención ilegal de comunicaciones que se habría realizado en contra de periodistas, activistas sociales y defensores de derechos humanos y sus familiares.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) abrió una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, previstos en los artículos 177 y 211 bis 1 del Código Penal Federal, respectivamente.

En relación con la denuncia presentada por un grupo de personas que han señalado haber sido afectadas por estos delitos, la FEADLE garantiza el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en la investigación por sí o a través de sus representantes.

Como parte de la investigación, se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera  este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos.

A su vez, investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.

La Procuraduría General de la República asegura en el escrito que rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones.