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Un policía y 4 civiles lesionados, saldo de enfrentamiento en Uruapan
CIUDAD DE MÉXICO, 10 de diciembre 2017.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refrendó su convicción de que nadie debe estar por encima o al margen de la ley, como tampoco sobre los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Por ello, reitera su objetivo fundamental de estar al lado de las víctimas de violaciones a derechos humanos y abatir la impunidad imperante en este campo.
De acuerdo a un comunicado y en ocasión del Día de los Derechos Humanos que se celebra cada 10 de diciembre, la CNDH recuerda que la dignidad es el bien más preciado de todas las personas, y nada lastima más que verlo agraviado, especialmente cuando la ofensa es consecuencia del abuso del poder.
Esta fecha es propicia para refrendar el compromiso de la Comisión Nacional de servir de contrapeso al ejercicio abusivo del poder público, así como ser referente en el equilibrio de la interacción entre autoridades y gobernados, con base en el respeto a la dignidad humana y la aplicación de la ley.
Los derechos humanos deben colocarse como el centro que oriente todos los mandatos y políticas de Estado, haciendo explícita la obligación de todas las autoridades de someter invariablemente sus actos a su estricto cumplimiento, de lo que resulta necesario crear, comunicar y generar una cultura de derechos humanos que cubra todas las actividades y rincones del país.
De nada o de muy poco servirán los cambios institucionales y normativos que se emprendan si no somos capaces de generar un cambio cultural en cada miembro de la sociedad, en la conciencia ética de cada mexicana y mexicano, para que asuman la necesidad y conveniencia de cumplir con la ley y sujetar sus actos a la misma, lo que lleva implícito el respeto a los derechos fundamentales.
La consolidación de esa cultura, basada en el respeto y protección de los derechos humanos, es el camino que debemos seguir como nación para lograr esa condición plena a que aspiramos, y que es el ejercicio irrestricto de nuestros derechos y el cumplimiento de nuestros deberes.
Producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, los derechos humanos tienen un evidente efecto expansivo, una progresividad que ahora es una realidad, pero aún está lejos de ser una vivencia cotidiana en todos los ámbitos gubernamentales.
Al conmemorar el 69 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocemos que es mucho lo que todavía nos falta por hacer para que el ejercicio pleno de tales prerrogativas se refleje en la vida cotidiana de las personas, a pesar de que el catálogo de esos derechos se ha ampliado y los mecanismos para hacerlos valer se han fortalecido, pero los riesgos y agresiones contra la dignidad humana también han adquirido nuevas formas.
En este contexto, resulta de la mayor relevancia impulsar prácticas preventivas de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensores públicos y civiles de derechos humanos, así como otras que eviten la criminalización en su contra, para que realicen de manera libre y sin riesgo su labor y las víctimas que representan accedan a la justicia a que tienen derecho.
La labor de las personas defensoras de derechos humanos es insustituible, y la sociedad resulta afectada cuando son agredidas. De ahí la urgencia de atender el problema de ese grupo vulnerable que requiere especial protección.
En esta tarea es de la mayor importancia que las autoridades y la sociedad entera conozcan y pongan en práctica lo dispuesto en la Recomendación General 25 emitida por la CNDH “Sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos”, cuya labor es fundamental en el proceso de consolidación de la democracia en nuestro país. Debe protegérseles, sobre todo ante las expresiones que pretenden denostar su trabajo, su integridad personal y su vida misma.
En esta fecha conmemorativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que contar con un Organismo Nacional fuerte e independiente conviene a todas y todos y fortalece a México. Debemos generar el entorno más propicio para alcanzar la plena vigencia de los derechos fundamentales, y fortalecer así la gobernabilidad y el Estado democrático de derecho de nuestro país.