Transparencia, el reto de la transición al Inegi y la reforma necesaria
CIUDAD DE MÉXICO, 24 de julio de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se adhiere al exhorto que expertos de Naciones Unidas hicieron al Gobierno de México, para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe –conocido como Acuerdo de Escazú—.
Dicho pronunciamiento es coincidente con los reiterados llamados que este Organismo Constitucional Autónomo ha hecho en tal sentido, dada la relevancia de este Acuerdo para garantizar que la población en general, las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de derechos humanos puedan participar en la protección y defensa del medio ambiente.
Mediante carta dirigida al Ejecutivo federal, los expertos de la ONU de 17 mecanismos de defensa del medio ambiente, de derechos humanos, de libertad de expresión, de pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros, le urgieron ratificar dicho Acuerdo “como una cuestión prioritaria”, antes del próximo 27 de septiembre, tal y como lo ha reiterado la CNDH desde el 4 de marzo de 2018, en que se adoptó dicho instrumento en la ciudad de Escazú, Costa Rica.
Esta Comisión Nacional reitera que ante el peligro que enfrenta la biodiversidad en nuestro país por los graves problemas que representan la degradación y pérdida de ecosistemas, sobreexplotación de especies para consumo o comercialización, contaminación, cambio climático y los procesos de urbanización, es necesario que las autoridades competentes realicen y transparenten los estudios ambientales antes de emprender obras y construcciones; consideren la participación de pueblos y comunidades indígenas conforme a los estándares internacionales y establezcan una política preventiva en materia de biodiversidad ante la urgente necesidad de conservar todo aquello que contribuya a contar con un ambiente sano.
La CNDH destaca la importancia de la protección de los recursos y áreas naturales mediante una perspectiva de derechos humanos que permita garantizar el derecho a un medio ambiente sano y que ésta permee en el desarrollo y bienestar de todas las personas, y puntualiza que deben encontrarse formas de asegurar que el desarrollo del país no se lleve a cabo a expensas de su población ni tenga repercusiones perjudiciales para las personas o comunidades, su ambiente o condiciones de vida, por ende debe añadirse la necesidad de capacitar y difundir información sobre el medio ambiente, en especial para conocer la problemática del país en que vivimos.
Este Organismo Nacional llama al Ejecutivo federal a atender el exhorto urgente de los expertos de la ONU para que el Senado de la República, ratifique el Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, con lo cual mostrará en los hechos su compromiso con los derechos humanos.
Asimismo, destaca la importancia del artículo 9° del Acuerdo Regional mismo que establece diversas obligaciones para reconocer, proteger y promover todas las prerrogativas de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, quienes, según lo señalado por la Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de los derechos humanos, constituyen el segundo grupo más vulnerable y proclive a perder la vida a causa de sus actividades.