Teléfono rojo
Si como sociedad aspiramos a la igualdad es necesario promover la inclusión financiera, de lo contrario, las brechas en el acceso al sistema profundizarán las desigualdades.
La educación financiera —entendida como un proceso para desarrollar habilidades y confianza en la toma de decisiones encaminadas al bienestar económico— es fundamental desde las tempranas infancias, momento en el cual se empiezan a conformar hábitos generadores de buenas prácticas en la edad adulta.
Educación e inclusión son, así, dos aspectos centrales para el desarrollo de una buena economía personal y familiar.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021, realizada por el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sólo el 67.8 por ciento de la población tiene algún producto financiero, ya sea cuenta de ahorro, crédito formal, seguros o Afore. Respecto al 2015 hay una disminución de 4.6 millones de personas.
Esa proporción cae en la región sur del país hasta un 60 por ciento. Una muestra de la desigualdad persistente en esa materia.
Las y los jóvenes de 18 a 29 años reportan la menor tenencia de productos financieros —72 por ciento— en contraste con quienes están entre los 30 y 44 —82 por ciento—. Y por nivel educativo la distancia es aún más profunda: 62 por ciento de quienes tienen estudios de primaria por 93 por ciento con licenciatura o niveles superiores.
El acceso a este tipo de servicios amplía las posibilidades de mejores condiciones de vida, presente y futura.
La educación financiera permite en los hogares tomar decisiones sobre cómo invertir sus ingresos o qué nivel de endeudamiento es posible sin comprometer su estabilidad económica o enfrentar situaciones de angustia o depresión. La imagen del cochinito como fuente del ahorro encuentra otras alternativas.