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CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2026.- Avanzó en San Lázaro el dictamen que modifica los plazos para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya entrada en vigor deberá concretarse a más tardar el 1 de abril de 2030.
La reforma, aprobada con 367 votos a favor, 60 en contra y dos abstenciones, establece un límite definitivo para su aplicación en todo el país, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.
El proyecto contempla una implementación gradual mediante declaratorias emitidas por el Congreso de la Unión o los congresos locales, según corresponda, previa solicitud de los poderes judiciales respectivos.
Entre la publicación de cada declaratoria y la entrada en vigor del Código deberán transcurrir un máximo de 120 días naturales.
Además, establece que, si las autoridades competentes no emiten las declaratorias dentro de los plazos previstos, el ordenamiento entrará en vigor automáticamente en todo el territorio nacional, sin rebasar la fecha límite establecida.
Los poderes judiciales federales y estatales deberán concluir, antes del 1 de abril de 2030, las adecuaciones normativas, orgánicas, tecnológicas y operativas necesarias para garantizar su aplicación.
Asimismo, contarán con un máximo de 180 días naturales, a partir de la publicación del decreto, para emitir el formato único concursal y poner en marcha el Boletín Concursal Nacional Digital, integrado a la Plataforma del Sistema Nacional de Información Jurisdiccional.