Comisiones aprueban Ley de pensiones; miércoles, al Pleno

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre de 2020.- Luego que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobara el dictamen en materia de pensiones que reforma diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, enviada por el Ejecutivo federal, se prevé que sea en la sesión de este miércoles cuando se discuta y eventualmente se apruebe ante el Pleno camaral.

El documento, avalado con 23 votos a favor y tres abstenciones, fue remitido a la Mesa Directiva y se acordó que las reservas serán presentadas ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Hacienda, a panista Patricia Terrazas, señaló que el dictamen tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario de la Ley del Seguro Social, mediante el aumento de sus pensiones, un incremento del porcentaje de trabajadores que perciban una pensión garantizada y un entorno más eficiente y competitivo en la administración de sus ahorros.

Asimismo, se plantea reducir el número de semanas de cotización que se requieren para gozar de los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez; al pasar de mil doscientas cincuenta a mil semanas de cotización.

De acuerdo al documento aprobado, esta disminución será paulatina e iniciará con la entrada en vigor del decreto con un requisito de 750 semanas de cotización para obtener dichos derechos.

En tanto, el número necesario de semanas cotizadas se irá incrementando gradualmente hasta alcanzar un total de mil semanas en el año 2031; la legisladora indicó que se incrementará, a partir de 2023, la aportación total a la cuenta individual de los trabajadores, de 6.5 por ciento más cuota social, a 15 por ciento.

Sobre las aportaciones de los trabajadores se mantendrá en sus términos; la de los patrones se elevará de 5.15 a 13.87 por ciento, y se realizará gradualmente de 2023 a 2030, y la del Estado modificará su composición sólo para beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, sin incrementar su monto total, esta recomposición entrará en vigor en 2023.

Agregó que el cambio en la determinación y pago de la pensión garantizada también será gradual entre 2023 a 2030; al principio del periodo se comenzará a cubrir a quienes tengan 750 semanas de cotización. Por cada uno de los años restantes se aumentarán 25 semanas hasta alcanzar las mil que se requerirán.

El trabajador podrá elegir contratar los seguros de renta vitalicia o mantener los recursos en una Administradora de Fondos para el Retiro, y con cargo al saldo efectuar retiros programados.

En caso de fallecimiento del pensionado, los beneficiarios designados no tendrán que acudir a una instancia jurisdiccional para ejercer sus derechos, respetando los que les corresponden.

Para agilizar el pago de pensiones a cargo del Gobierno Federal se realizará a través de la Tesorería de la Federación.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo consideró que no se contempla el alza de la aportación del Gobierno Federal en el Presupuesto, lo cual debió considerarse de forma clara.

Reconoció que sí se mejora, aunque mínimamente, pues señaló que se requiere una reforma estructural en el futuro cercano, sobre todo, en el tema de los ingresos.

En tanto, la diputada del PAN, Cecilia Patrón Laviada se expresó a favor del dictamen porque aumenta los montos de pensiones y reduce las semanas de cotización, pero alertó que también debe cuidarse a quienes generan los empleos, por lo que planteó una reserva al artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Solicitó que la regulación de comisiones se apoye en las mejores prácticas técnicas, porque la propuesta no es flexible con los topes máximos, ya que debe promover la competencia a través de la reducción.

Por el PRI, el diputado Fernando Galindo Favela comentó que el dictamen es positivo para incrementar el ahorro de largo plazo, sin embargo, consideró que se tiene que revisar el monto de las comisiones que se cobran a los trabajadores.

“No es buena idea establecer costos máximos porque va en contra de la competencia”, aunque aseguró que su bancada está a favor de reducirlas, pero no de manera artificial, por lo que, propuso analizar el impacto presupuestario de la propuesta.

Mientras que el diputado del PRD, Antonio Ortega, manifestó su voto en abstención, ya que indicó que la reducción de las comisiones no significará de forma automática el aumento de los rendimientos, con el riesgo de menos transparencia y malos servicios.

Pidió conocer la previsión sobre el costo fiscal en cinco o 10 años por el aumento de las obligaciones del Gobierno que tienen cara clientelar frente a la próxima elección, “la crisis pensionaria es la más grave y silenciosa; avanza sin que nadie la quiera ver”.