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CIUDAD DE MÉXICO, 4 de julio de 2016.- Las comisiones de Justicia, Estudios Legislativos y Anticorrupción del Senado de la República se allanaron a las observaciones emitidas por el Ejecutivo federal a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
Dichas precisiones de la llamada “ley 3de3” se concentran principalmente en el artículo 32, incisos “B” y “C”, con el fin de exentar a los empresarios de la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses cuando firmen contratos de obras y servicios o reciban dinero público.
El Poder Ejecutivo argumentó que la obligación a los empresarios de presentar las declaraciones pone en peligro otros derechos, como a la vida, la seguridad, la salud y la libertad personal.
El dictamen que se votará mañana martes, durante el periodo extraordinario de sesiones que fue convocado solo para este tema, se aviene puntualmente a esas observaciones, que para ser aprobadas requieren del aval de las dos terceras partes del pleno.
El presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales, confirmó que las comisiones de las cinco fracciones parlamentarias se apegan a las observaciones del presidente Enrique Peña Nieto.
Aclaró que la eventual aprobación de las observaciones no significa que los empresarios queden exentos de responsabilidades administrativas o penales en las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.
Al respecto el senador del partido Verde Ecologista de México (PVEM) recordó que hay más de 45 artículos donde se establecen dichas obligaciones y sanciones al sector empresarial.
Por su parte, el senador Zoé Robledo (PRD) afirmó que será este martes cuando a las 9:30 horas cuando las comisiones dictaminadoras se concentren a fin de emitir un dictamen, que debe de venir en los términos del veto del presidente.
El veto fue para el artículo 32, sobre presentación de declaraciones de empresarios y cualquier persona que reciba dinero público, algo que era dañino e inoperante para la población.
El artículo 29 es el que no se vetó, el cual quitaba el corazón o daba más credibilidad a la Ley 3 de 3 y los formatos que serán analizados en el Comité de Participación Ciudadana.
La discusión se centra, en si se podrá hacer modificaciones a la propuesta del presidente, sin embargo, lo que sí está claro es que en el proceso no se pueden tocar asuntos distintos a lo que envió el presidente en el veto.
El cambio completo hubiera sido el vetar el artículo 29, para realmente tener la publicidad de los contratos que puedan ser públicos y la posesión de bienes de los políticos.