Concanaco pide al Gobierno «descabezar» a CNTE

JIUTEPEC, MORELOS, 23 de agosto de 2016.- El titular de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, demandó que el Gobierno federal aplique «medidas fuertes y urgentes”, sin llegar al uso de la fuerza pública, a fin de poner un alto definitivo al daño que las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha ocasionado en distintos puntos del país, principalmente en Oaxaca y Chiapas.

En conferencia de prensa desde Jiutepec, Morelos, donde acudió a la Reunión Plenaria de los diputados panistas, Solana Sentíes señaló que la autoridad federal debería retomar la estrategia de «descabezar» a la CNTE, es decir, anular a sus líderes y retirar el reconocimiento legal al gremio magisterial, a fin de debilitarlo e impedir que se fortalezca.

«Es urgente que se tomen medidas fuertes, por ejemplo, son procesos de inteligencia muy bien elaborados, donde descabezan el movimiento plena y completamente, y cuando digo lo descabezan, no es físico, sino que los retiren, que dejen de estar liderando, que se queden sin líderes, que son los que realmente están azuzando y que son los que se benefician.

«Está la toma de nota, desconocerles como sindicato, muchos cosas para ir restando y minando, lo que pasa es que no he visto acciones

Detalló que a los diputados panistas les pidió impulsar a través del Congreso de la Unión e incluso en el paquete económico del 2017 programas de apoyo a empresarios de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, que hasta el momento, son los que han presentado mayor número de pérdidas por los bloqueos y plantones de la Coordinadora.

Recordó que los empresarios han promovido cerca de 60 amparos, con el propósito de obligar a las autoridades gubernamentales a nivel estatal y federal, a que actúen en cumplimiento de las órdenes de jueces, y la solución del conflicto no quede sujeta a consideraciones políticas.

Señaló que este conflicto magisterial no es nuevo, sino que se gestó desde hace más de cuatro décadas; sin embargo, “por complicidad” de Gobiernos federales y estatales no fue atendido debidamente, por lo que se ha convertido en un problema de carácter nacional.