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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de mayo de 2017.- Tan solo durante el año 2016, Article 19 documentó en su informe anual un total de 26 agresiones contra la prensa en el estado de Guerrero. En 2017, el pasado 3 de marzo fue asesinado el periodista Cecilio Pineda Brito en la misma zona de Tierra Caliente en el Estado de Guerrero, donde ocurrió el día sábado la privación de la libertad de los periodistas y las amenazas perpetradas en su contra.
«Con los hechos ocurridos, es preocupante la ausencia de garantías para ejercer el periodismo que impera en la región de Tierra Caliente. No podemos soslayar que la situación padecida por la prensa es un reflejo de la ausencia del Estado que agravia a la población de la zona», apuntó Article 19 , la organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información en su portal web.
«Por lo anterior, resultan reprobables afirmaciones de los servidores públicos de la Procuraduría General de la República, hechas a los periodistas involucrados en esta agresión, al no comprometerse a garantizar su seguridad y de sus familias», puntualizó.
Article 19 hizo un llamado al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto a realizar las acciones necesarias para frenar la ola de violencia en contra de las y los periodistas, asegurar su protección y acabar con la impunidad que impera en los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
En este sentido, el reciente cambio de titular en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) debe demostrar que se trata de un verdadero compromiso por mejorar un contexto sumamente adverso para el ejercicio periodístico en México.
«Article 19 exige al nuevo titular, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, a instruir a su personal para que realice las diligencias correspondientes para identificar y llevar ante la autoridad judicial a los responsables», apuntó el organismo.
Es fundamental que tanto la FEADLE como el Mecanismo se coordinen para, en el ámbito de sus competencias, brindar las condiciones de seguridad a los periodistas agredidos a fin de realizar las denuncias correspondientes y estar en posibilidad de dar el debido seguimiento.
Por otro lado, exigimos al Gobierno del estado de Guerrero garantice la seguridad de las y los periodistas que habitan y laboran en esa zona.
Un grupo de siete periodistas conformado por Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada; Ángel Galeana, reportero de Grupo Imagen; Alejandro Ortiz, del portal Bajo Palabra; Jair Cabrera, colaborador de La Jornada; Jorge Martínez, de la Agencia Quadratín; Hanz Musielik, de Vice, y Pablo Pérez, de Hispano Post, fueron privados de su libertad por algunos minutos y despojados de una camioneta, de sus equipos de trabajo, de teléfonos celulares, identificaciones y dinero en efectivo, además de recibir amenazas de muerte en su contra.
Los hechos ocurrieron en Acapetlahuaya, Guerrero, cuando los periodistas regresaban de cubrir los bloqueos en siete municipios de los nueve que conforman la región de Tierra Caliente y a tan sólo un kilómetro de un retén de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En este contexto, las fuerzas federales ingresaron al municipio de San Miguel Totolapan, donde se conformó un grupo de autodefensas por parte de los habitantes de la zona.
“Un kilómetro antes (del lugar donde fueron privados de su libertad) pasamos un retén de Sedena, había un bloqueo de calles con carros que no estaban ahí por la mañana cuando pasamos; toda la 51 bloqueada, alrededor de 100 personas; nuestros carros venían marcados en los cristales como prensa y básicamente ahí nos pararon por los dos lados”, comentó en entrevista para Article 19, Hans Musielik.
“Nos agarraron y pidieron celulares, nos orillaron metros más adelante y ahí nos sacaron las pistolas, nos encañonaron, nos identificamos y al otro carro en el que iban los otros compañeros también les pidieron los celulares. Empezaron a abrir los carros, sacaron cámaras y equipo; estábamos rodeados fácil de entre 80 y 100 personas», agregó.
Les retuvieron uno de los dos automóviles en los que viajaban, Musielik continuó relatando: “…uno de los sujetos armados que estaba ahí nos dijo: “váyanse o de aquí no sale nadie. A a un kilómetro de aquí hay otro reten de la Sedena, tenemos halcones y si ustedes dicen algo en el siguiente retén nuestro, los metemos al carro y los vamos a quemar vivos.”
Por su parte, Alejandro Ortiz periodista víctima de la privación ilegal de su libertad por parte del grupo armado comentó: “Yo sé el contexto de la situación y no me parece seguro, no es la primera vez que me agreden.”
Respecto al acercamiento de la Procuraduría General de la República (PGR) refirió “nos comentaron que no podían garantizar nuestra seguridad”. Al respecto, Musielik comentó “nos dijeron que sería difícil (garantizar la protección de los periodistas involucrados) porque no tienen los recursos a su disposición”, respuestas que la organización civil reprobó e instó a garantizar la seguridad de los comunicadores para poder realizar su trabajo en esa región.