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CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre (Quadratín México).- El presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, ha manifestado su confianza de que este órgano legislativo apruebe la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los términos en que fue enviada por el Senado.
Murillo Karam recordó que la minuta de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que envió el Senado logró un acuerdo muy amplio en esa instancia legislativa, pues tiene como objetivo transparentar y armonizar la información financiera y la aplicación de recursos públicos en los distintos niveles de gobierno.
Sin embargo, aclaró: “no puedo anticipar cuál va a ser la actitud de los grupos parlamentarios, porque incluso (…) tienen que ponerla a consideración de sus bancadas”.
La fracción del PAN manifestó también su optimismo porque se apruebe dicho dictamen, en voz de su coordinador Luis Alberto Villarreal García, quien comentó: “Yo estoy muy satisfecho con el trabajo que se hizo en el Senado de la República, me parece que incluso se mejoró el contenido de la propia iniciativa preferente”.
Bajo este argumento, afirmó que Acción Nacional aprobara la minuta, en los términos en que las envió el Senado.
Entrevistado por separado, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar y Vega, consideró que la Ley General de Contabilidad Gubernamental debería vincularse con la propuesta de darle autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), hecha por el presidente electo, Enrique Peña Nieto.
Consideró que esta vinculación permitiría que un mínimo de asuntos de carácter público fueran reservados para no ser sometidos a revisión.
“Transparencia y rendición de cuentas van a ser el ancla del próximo gobierno, porque es imposible pensar que podemos transitar a convencer a la ciudadanía a hacer esfuerzos en materia hacendaria, o inclusive en materia energética, si no empezamos desde el gobierno mexicano”que permitan garantizar la transparencia en los tres niveles de gobierno, concluyó.
Cabe recordar que la iniciativa plantea homologar las prácticas contables en los tres niveles de gobierno y acabar con la opacidad y acotar el endeudamiento de estados y municipios.
La reforma contempla por primera vez sanciones graves, cuando el servidor público incurra en omisiones dolosas y cause daño a la hacienda pública de los estados y municipios se impondrá una pena de dos a siete años de prisión, también habrá multas de 500 mil salarios mínimos a quien incurra en opacidad o vulnere la hacienda pública dolosamente.
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