CIUDAD DE MÉXICO, 17 de mayo de 2019.- En trabajo en conjunto, la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y el gobierno de México congelaron las cuentas y activos de 42 personas físicas y morales y sus redes luego de que se detectaron posibles actos de corrupción, entre ellos el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez y el ex gobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. 

De conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno estadounidense señaló a ambos funcionarios involucrados en acciones a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización delictiva Los Cuinis. 

En conferencia en conjunto, la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidas para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señalaron que las dos organizaciones aliadas ya habían sido designadas de conformidad con dicha Ley en el 2015. 

Según información de la funcionaria estadounidense, el magistrado Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones relacionadas al tráfico de drogas a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales, al igual que el ex mandatario, además de participar en una amplia gama de actividades de corrupción, incluyendo la apropiación indebida de activos estatales.

“Cualquier actividad de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como los delitos predicados que los acompañan, siempre implican una violación a los derechos fundamentales de las personas”, dijo Santiago Nieto. Hasta este momento, el sistema financiero ha bloqueado 24 millones 430 mil 752 pesos y dos millones 396 mil 250 dólares, lo que equivale a 45 millones 780 mil 811 pesos en moneda nacional.

El ex gobernador de Nayarit supuestamente desarrolló actividades de protección al entonces Fiscal del estado, vinculado el tráfico de drogas y que hoy enfrenta a la justicia en Estados Unidos. Aunado a lo anterior, recibió señalamientos de favorecer las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación y en el último año de su administración se incrementaron la violencia y los homicidios en la entidad. 

En su núcleo familiar, a un amigo particularmente cercano a su hijo, se le detectó el ejercicio de recursos de forma inusual en razón de los ingresos obtenidos como funcionario público, por tanto se procedió al bloqueo de cuentas de Roberto Sandoval, así como de su esposa Ana Lilia López Torres y sus hijos Lidy Alejandra Sandoval López y Pablo Roberto Sandoval López, así como las empresas relacionadas con ellos. 

Dichas empresas son: Bodecarne, S.A. de C.V., el cual es un negocio de carnicería; Iyari, un comercio de ropa y accesorios; L-Inmo, S.A. de C.V., empresa de inversión mobiliaria; y Valor y Principio de Dar, A.C., fundación apoderada de propiedades.

En el caso del Magistrado entonces del Sexto Tribunal Unitario de Tercer Circuito en Guadalajara, Jalisco, en 2017 otorgó un amparo que dejó sin efectos el auto de formal prisión contra Rubén Oceguera González, el Menchito, argumentando que el Ministerio Público incurrió en una defectuosa valoración de pruebas. En 2014, dejó en libertad a Rogelio González Pizaña, el Z2 o el Kelín, evitando la sentencia y la pena impuesta de 16 años de prisión.

En aras de la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, la Unidad de Inteligencia Financiera llevó a cabo un periodo de análisis en el que detectó 695 depósitos por 78.5 millones de pesos a Avelar Gutiérrez, de los cuales solo se justifican 26.9 millones, por concepto del pago de la Judicatura Federal.

El magistrado realizó siete vuelos internacionales a Estados Unidos, Panamá y Colombia, sin autorización del Consejo de la Judicatura Federal, violando la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entre los montos depositados se encontraron más de 83 millones de pesos, retiros por la casi la misma cantidad y numerarios en dólares americanos.  

Por otro lado, Víctor Francisco Beltrán García forma de un despacho que ha llevado la defensa legal de diversos integrantes del crimen organizado, entre ellos, del Menchito, Gilberto Alcaraz Montes, el Pelos; Mario Núñez Meza, el M10, recluido en 2010 en el Altiplano. 

Por información de Inteligencia, se tiene conocimiento que dicha persona es socio dentro de un despacho de abogados del esposo de Jessica Johanna Oceguera, hija de El Mencho. Este despacho declaró ingresos durante cuatro años por 149 mil 592 pesos, sin embargo, las operaciones en depósitos ascienden a más de 115 millones, retiros por 90 millones, cheques por 17.9 millones, 122 cheques por 41.7 millones, compra de vehículos de lujo por 10 millones de pesos y adicionalmente ocho más que se desconoce la forma de pago y su precio. 

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda explicó que se trata del cumplimiento de tratados internacionales de los cuales México es parte, como: la Convención de Palermo, Viena, de Mérida, que obligan a los Estados a generar políticas públicas y tomar las medidas posibles a fin de combatir el lavado de dinero y la corrupción, particularmente en el ámbito público y privado.