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href=»http://mexico.quadratin.com.mx/congreso-analiza-reformas-a-la-justicia-militar-para-la-defensa-de-derechos-humanos/attachment/363006/» rel=»attachment wp-att-73022″>CIUDAD DE MEXICO, 6 de enero (Quadratín México).-El Congreso analiza una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código de Justicia Militar, para que los militares implicados en violaciones de derechos humanos sean investigados y juzgados por tribunales civiles.
Lo anterior derivado de la propuesta ante la Comisión Permanente por el vicecoordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Ricardo Mejía Berdeja, a la par de otras iniciativas como la de eliminar la figura del Arraigo, tipificar el delito de tortura, adecuar el delito de desapariciones forzadas a los estándares internacionales, y que militares que violen Derechos Humanos sean Juzgados en Tribunales Civiles.
Al fundamentar sus propuestas, el legislador apuntó que “organismos internacionales como Amnistía Internacional han documentado varios casos de violaciones graves de derechos humanos como delitos de tortura, desaparición forzada y abusos perpetrados por militares y servidores públicos. Es una realidad creciente y preocupante en México, un gran porcentaje de violaciones a derechos humanos se presentan en México.”
En ese sentido, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, se refirió a la Estrategia Nacional de Seguridad presentada en días pasados por el Ejecutivo Federal que contempla la protección a los derechos humanos, y afirmó que “si la estrategia de Seguridad de Peña Nieto no es mera retórica, diputados del PRIAN deben aprobar iniciativas que hemos presentado”.
Por último, independientemente de que las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Defensa Nacional deberán dictaminar durante el siguiente período ordinario las iniciativas señaladas que el Vicecoordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano presentó, Mejía Berdeja confió en que este año la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la figura de arraigo, que en 2008 fue aprobada por diputados del PRI y del PAN, ya que la decisión de los legisladores en ese año ignoró el criterio del máximo tribunal definido en tesis del 2006 para declarar inconstitucional el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.
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