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CHETUMAL, Quintana Roo – Bajo el principio de que la movilidad es un derecho humano y que las personas son la prioridad, el Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley al respecto, que también ordenará el transporte, las vialidades y la señalización interna y legaliza la operación de plataformas digitales como Uber para el transporte de personas.
El Pleno de la XV Legislatura del estado de Quintana Roo, aprobó por unanimidad el dictamen presentado por integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, así como la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, con la finalidad de garantizar a la sociedad quintanarroense transporte, infraestructura, condiciones administrativas y prestaciones de servicios “que partan y tengan como objetivo primordial, la satisfacción del derecho humano a la movilidad”, de acuerdo a lo planteado en la exposición de motivos.
El dictamen fue avalado en su elaboración por los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, Nueva Alianza y legisladores independientes.
Este nuevo ordenamiento legal otorga prioridad a la utilización del espacio vial a peatones, con preferencia a personas con discapacidad y personas con movilidad limitada, ciclistas, usuarios del transporte público de pasajeros, prestadores de servicio de transporte de carga y distribución de mercancía y a usuarios de transporte particular automotor.
La Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, creará el Instituto de Movilidad del Estado como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la planeación, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de la política de movilidad.
Esta nueva institución, tendrá entre sus finalidades diseñar e impulsar programas que promuevan en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, lograr una sana convivencia en las calles, prevenir hechos de tránsito y fomentar el uso racional del automóvil particular.
La Legislatura de Quintana Roo, al aprobar esta ley, busca eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones del servicio público de transporte, para ello dotará de facultades al Director General del Instituto, para que sea el responsable de otorgar dichas concesiones –facultad que ahora solo la tiene el gobernador–, basado en criterios la necesidad de servicio tomando en cuenta factores estrictamente técnicos y sociales.
Se legalizan las operaciones de plataformas digitales
Con la entrada en vigor de esta ley, se legaliza el servicio de transporte contratado a través de plataformas digitales, bajo la condición de que el servicio sólo podrá ser prestado por quienes cuenten con un permiso expedido por el Instituto, “en estricto cumplimiento a los requisitos que marca la ley”.
Se detalla que los vehículos que sean utilizados para prestar el servicio de transporte a través de plataformas digitales, no deberán tener más de cuatro años de antigüedad, deberán tener un valor que exceda las 2 mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y tener un máximo de cinco plazas.
Esta ley entrará en vigor en 90 días naturales siguientes a su publicación en el Periódico Oficial. El gobernador del estado dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor, deberá nombrar al director general del Instituto de Movilidad.
Los rubros que normará este ley, que sustituye a la actual Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras, están relacionados con la infraestructura para la movilidad y su uso; la clasificación del transporte y sus tarifas; las concesiones y los permisos; el Sistema de Transporte Público Masivo; el servicio a través de plataformas digitales; los estacionamientos, las estaciones y las terminales; Las licencias y los permisos para conducir y; el Registro Público de Transporte.
Las legisladoras y los legisladores de Quintana Roo que integran la XV Legislatura, manifiestan en la exposición de motivos que la aprobación de la Ley de Movilidad coloca en primer lugar a los ciudadanos, reconociendo a la movilidad como un derecho humano fundamental para garantizar el efectivo desplazamiento de las personas en un plano de igualdad que incida en la generación de más y mejores oportunidades para todos y ordenará todos los componentes relacionados con la movilidad, el transporte, las vialidades y la señalización urbana.