Congreso de Morelos debe rectificar su actuar con Blanco: abogado

CUERNAVACA, Mor., 8 de diciembre de 2016.- «Creo que vale la pena llamar a la cordura a los actores políticos, aquí quien pierde es Cuernavaca, no pierde ningún poder, a mi representado le he pedido paciencia, prudencia y que trate de llevar a cabo la función que el pueblo de Cuernavaca le ha encomendado y que nosotros nos vamos a encargar de lo que jurídicamente sea posible defender», acotó el abogado Cipriano Sotelo Salgado, defensor del alcalde de dicho municipio, Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En entrevista exclusiva con Quadratín México, en la que el jurisconsulto detalló las dos controversias constitucionales que interpuso el edil de Cuernavaca para que el proceso de destitución iniciado por la Comisión de Gobierno y Gran Jurado del Congreso de Morelos quedara suspendido.

Sotelo indicó que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su Artículo 105 la posibilidad que un orden de Gobierno reconocido legalmente, como es un municipio, pueda discutir con otro Poder, como son los Congresos estatales, alguna decisión que les afecte, por lo que el municipio de Cuernavaca consideró que el Congreso morelense estaba realizando una tarea que no le compete desde el punto de vista constitucional: analizar los requisitos de elegibilidad de un alcalde.

«No creo que sea sano para la administración de justicia el permitir que los poderes lleven a cabo tareas que no le son encomendadas legalmente, la posibilidad de analizar requisitos de elegibilidad le compete a los tribunales electorales, según lo establece el propio artículo 99 de la Constitución nacional, no obstante ello, si los señores legisladores consideraron que sí eran los apropiados, jurídicamente hablando, como autoridad, para llevar a cabo este análisis, nosotros nos nace el derecho de interponer una controversia con un árbitro que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)», detalló el representante legal del presidente municipal.

De lo anterior, se visualizó que se vendría dicho golpe jurídico-político, «que estimamos injusto» –acotó–, por lo que la controversia fue aceptada por el ministro instructor de turno, Alberto Pérez Dayán, lo que implicó la suspensión del proceso, es decir la no destitución del alcalde y a la par, permitir al Legislativo morelense continuar su proceso de revisión, pero que no ejecute, que no mueva al edil de su lugar.

Aunado a ello, el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo es un ciudadano más, cuyos derechos no pueden ser violentados por una autoridad de manera arbitraria, por lo que se interpuso un juicio de amparo indirecto ante un juez federal de Morelos, mismo que fue admitido el miércoles por la juez cuarto de distrito en el estado. Griselda Ahorta decidió recibir la demanda y otorgó una segunda suspensión, para que a Cuauhtémoc Blanco, como persona física, no se le alteren sus derechos adquiridos.

«Tenemos al día de hoy dos suspensiones contra estos actos de manera exclusiva y esperemos que los señores legisladores reflexionen sobre su proceder, desde luego que ellos tienen derecho de manifestar su incomodidad contra estas determinaciones; nosotros estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo», sentenció Cipriano Sotelo.