Asesinan a jefe policial y 2 personas más en restaurante de Culiacán
CIUDAD DE MÉXICO, 5 de abril de 2018.- «Hay elementos de actividades o conductas delictivas que merecen tener un tratamiento especial como es el robo de combustible», aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, pues arguyó que este delito genera daño al país y se traduce en violencia.
Ante la reciente aprobación este jueves en el Senado de la República, de endurecer hasta con 30 años de prisión las penas por el robo de hidrocarburos, el titular de la dependencia federal consideró todavía necesaria una adecuación a los criterios de prisión preventiva para quien comete estos delitos, así como otras formas de intervención.
Es decir, para el responsable de la política interior del país no es suficiente la propuesta de añadir cinco años más de cárcel a los huachicoleros (alias que se da a los ladrones que ordeñan ductos de Pemex a través de tomas clandestinas). Sin embargo, expresó su respeto y dijo que depende de la voluntad del Congreso.
«Mi impresión es que la política criminal de un país se basa en los datos que te marca la realidad e incluso el acento que le quieras poner a algunos temas que están impactando la política criminal», señaló en conferencia de prensa en su vista a la Cámara de Senadores, al término de la reunión con los integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, encabezada por Rosario Guzmán Avilés.
El Secretario de Gobernación detalló que este tema lo platicó con la Comisión de Seguridad Bicameral, sin embargo, reiteró su respeto a lo que decidan las cámaras.
El Pleno del Senado de la República avaló un dictamen para aumentar las penas por el robo y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos, con el que buscan disminuir la alta incidencia de estos ilícitos.
El proyecto también pretende garantizar la seguridad de las personas, ya que la práctica del huachicol se asocia con actividades de la delincuencia organizada y exponen a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias.