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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de octubre de 2017.- Para que se “callejericen” las personas hay muchos factores macro estructurales, entre ellos la exclusión social, la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades en condiciones de igualdad, pero deben analizarse además otros factores micro estructurales como la toma de decisiones y la construcción de la identidad callejera.
Así lo expuso la Ombudsperson capitalina, Doctora Perla Gómez Gallardo, quien consideró necesaria una Ley que articule, dé competencias y responsabilidades a las distintas autoridades para atender esta situación.
Al considerar que la “callejerización” de personas requiere de atención interinstitucional e integral desde su origen con pleno respeto a sus derechos humanos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) reconoció el trabajo del Diputado Armando López Velarde Campa e investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), que con este libro visibiliza aún más las condiciones de las personas en situación de calle y demuestra el compromiso con este sector tan vulnerable de la sociedad.
Ante el Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, José Ramón Amieva y del titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local, Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, la Doctora Perla Gómez destacó que no es menor la necesidad de reforzar mecanismos y metodologías institucionales para estar en condiciones de responder a las demandas y necesidades de las poblaciones callejeras.
Recordó que el fenómeno de calle iniciaba con la pérdida de un trabajo, luego abonaba el que personas vivieran situaciones de violencia intrafamiliar, hoy en día, 25 años después se presenta el escenario de niñas y niños naciendo en situación de calle porque es elección de sus padres.
Ahora, reiteró la titular de la CDHDF, debemos trabajar en generar condiciones diferenciadas y multifactoriales de atención interdisciplinaria del fenómeno, conociendo su situación particular de niñas, niños y adolescentes a partir de escucharlos sin políticas tutelares, sino con la construcción de entornos que les permitan reincorporarse y generar una calidad de vida adecuada y digna, pero siempre escuchando y poniendo a partir de un mandato de derechos humanos su pleno respeto, sensibilizando a la sociedad para que no se confronten por el uso compartido del espacio público.