Contexto

Lo que viene con la llegada de Donald Trump y la relación con su gobierno. No cesa la violencia ni tampoco la llegada de migrantes.

A una semana de la llegada, por segunda ocasión, a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, la administración que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, deberá establecer una agenda prioritaria para negociar con el nuevo Ejecutivo del vecino del norte, que incluya no sólo inversiones, sino una estrategia conjunta para temas sensibles como el tráfico ilícito de drogas, armas y de personas, y sobre todo, combate a las bandas criminales que operan en ambos países y que han creado con el tiempo amplias redes de corrupción en ambas naciones.

Y no se trata solamente de descabezar a los carteles delincuenciales, sino destruir sus redes criminales, tanto en México como en diversas ciudades estadounidenses, desalentar el consumo y atender a los drogadictos y para frenar la migración ilegal, establecer con los países expulsores programas de empleo y, al mismo tiempo, presionarlos, para cerrar sus fronteras y evitar la salida masiva de sus connacionales y, al mismo tiempo, combatir a las mafias locales que lucran organizando “caravanas”.

Si esto no se logra, los próximos cuatro años serán un infierno, ya que Trump es un tipo duro, necio y muy soberbio. Los modos belicosos y amenazantes del trumpismo se dejaron sentir desde los primeros minutos de su victoria electoral. Aranceles, deportaciones masivas, ampliación del muro fronterizo. Los primeros acercamientos de la administración de Sheinbaum tanto con Estados Unidos y Canadá no son nada halagüeñas.

Las prioridades inmediatas en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quedaron delineadas desde el primer día de su gobierno al iniciar una nueva estrategia de seguridad basada en la investigación y la inteligencia, que estaría comandada por uno de sus colaboradores más cercanos, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta ahora, todo parecer indicar que está dando resultados, aunque la ola de asesinatos persiste. Veremos.

Pasando a otro tema, varios gobernadores surgidos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al igual que en su momento lo hicieron diversos priistas y panistas, deberán rendir cuentas y enfrentar a la justicia. Esto, no sólo por el desvío de recursos públicos para su beneficio personal y de sus más cercanos colaboradores, sino por su falta de atención a las víctimas y a las familias afectadas por la violencia institucional y de los grupos delictivos; por los abusos cometidos desde el poder público y por haber permitido junto con los alcaldes de su mismo partido, la consolidación de los grupos criminales que no solamente generaron con su violencia asesinatos y desapariciones de miles de personas, sino también desplazamientos de pueblos enteros.

Los casos del veracruzano Cuitláhuac García Jiménez, el chiapaneco Rutilio Cruz Escandón Cadenas; el sinaloense Rubén Rocha Moya, la guerrerense Evelyn Salgado Pineda, y el tepiteño Cuauhtémoc Blanco Bravo que gobernó Morelos, son cinco ejemplos claros que requieren que la fiscalía general del país les haga imputaciones y vayan a la cárcel.

En el caso concreto del egresado del IPN, Cuitláhuac García Jiménez, durante su gestión como gobernante de Veracruz, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres, el delito de desaparición repuntó con 527 feminicidios, 512 homicidios, 3,515 desapariciones y 2,806 casos de violencia o agresiones.

La exsenadora y actual diputada local por el PAN, Indira Rosales le dijo al propio Cuitláhuac García que dejaba Veracruz con el primer lugar nacional en secuestro, segundo en extorsión y corrupción, tercero en robo con violencia, séptimo de mayor incidencia delictiva, sexto en delitos contra la vida, el cuarto en feminicidios, el sexto en desapariciones y el décimo en trata de personas. Además, 8 periodistas fueron asesinados.

Un dato. Hay que recordar que el secretario técnico en la Jucopo del Senado en la pasada legislatura, José Manuel del Río Virgen, muy cercano de Ricardo Monreal, fue encarcelado por Cuitláhuac García achacándole un asesinato político y salió en libertad meses después tras comprobar la falsedad de la imputación. Lo mismo le ocurrió a la jueza local Angélica Sánchez Hernández, a quien se le detuvo dos veces por acatar un amparo.

Otro caso es el del chiapaneco Rutilio Cruz Escandón Cadenas, cercano a Andrés Manuel López Obrador. Desde hace algunas semanas, familiares de personas desplazadas por la violencia y otras más que han sido secuestradas y asesinadas, pidieron al nuevo gobernador Eduardo Ramírez, y a la presidenta Sheinbaum, priorizar la búsqueda de sus familiares.

Ahora, Cuauhtémoc Blanco Bravo deberá enfrentar acusaciones del gobierno de Morelos que detectó irregularidades por 40 millones de pesos en la administración que encabezó el exfutbolista.