Contexto

El desmantelamiento del Poder Judicial Federal y la soberbia de los legisladores morenistas

El Poder Judicial de la Federación poco a poco se ha ido desmoronando con la arremetida morenista y parece que su desintegración generará una severa crisis constitucional que, además de erosionar los pilares fundamentales de la democracia, les está dado un poder omnímodo a un pequeño grupo de políticos corruptos. Sí, a unos cuantos. Hace apenas unos días, uno de los hombres más ricos de México y el mundo, el ingeniero Carlos Slim Helú, aseguró que en el país falta la división de Poderes.

–¿Usted considera que la independencia judicial podría estar en riesgo teniendo en cuenta que hay candidatos que están cercanos a Morena y esto qué implicaría en términos de inversión y de crecimiento económico para el país? –, se le preguntó. Y sin mucho esperar respondió:

“Yo creo que lo que nos ha faltado en México es la división de Poderes. Entonces ojalá y pronto se dé. Por ejemplo, cuando es la elección normalmente el Ejecutivo va junto con el Legislativo, entonces normalmente ya no hay separación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Pasó con Zedillo que sí hubo mayoría en la (elección) intermedia y luego cuando hay asuntos muy graves, no sé qué tanto funcione el Judicial «, respondió.

Esta crisis que ha generado el partido político en el poder en contra del poder judicial se vio reflejado hace unos cuantos días, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no invitó a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña Hernández, ni al aniversario de la Constitución en Querétaro, ni tampoco al evento de la marcha de la Lealtad, en el Castillo de Chapultepec, donde se realizó la ceremonia tradicional celebrada todos los años, para recordar a los alumnos del Colegio Militar cuando, en 1913, escoltaron al entonces presidente Francisco I. Madero, en su recorrido a Palacio Nacional.

Pero también otros órganos judiciales se han enfrascado en rebeliones ante el pleno de ministros. El más reciente enfrentamiento dentro del Poder Judicial de la Federación ha puesto en evidencia una crisis que va más allá de los debates legales: y es la subordinación del derecho a los intereses políticos. La Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó ignorar suspensiones judiciales relacionadas con el proceso electoral extraordinario de personas juzgadoras, una decisión que podría tener implicaciones profundas para la independencia judicial. Ya el Senado de la República había hecho lo mismo.

En un movimiento sin precedentes, la Sala Superior ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial continuar con el proceso electoral extraordinario, a pesar de las suspensiones de amparo emitidas por dos juzgados de distrito. Esta decisión se justificó bajo el argumento de que los procesos electorales tienen una trascendencia constitucional que no puede ser interrumpida. En una democracia, las leyes y resoluciones judiciales deberían ser el último recurso para proteger a la ciudadanía frente a abusos de poder. Sin embargo, la creciente subordinación del derecho a la política plantea un peligroso precedente.

Lo que se pretendió fue el debilitamiento del juicio de amparo: Si las resoluciones emitidas en estos procesos pierden fuerza, los ciudadanos quedan desprotegidos frente a las arbitrariedades del poder. Y también lo que quedó de manifiesto fue que los jueces podrían evitar decisiones que incomoden al poder político, debilitando el sistema de justicia.

La Sala Superior del Tribunal Electoral justificó su decisión en el principio de definitividad, que busca garantizar la continuidad de las etapas electorales. En tanto, la Suprema Corte de Justicia ha admitido a trámite una solicitud para determinar si los jueces de distrito tienen la facultad de suspender actividades relacionadas con procesos electorales. Este recurso no solo aborda un conflicto inmediato, sino que también puede sentar un precedente crucial para futuros casos.

En ese contexto, el exministro Arturo Zaldívar se sirvió con la cuchara grande y, “casualmente”, en la tómbola senatorial, salieron los nombres de 26 personas que trabajaban para él. Los despropósitos y traiciones en el Poder Judicial de la Federación han llegado a generar con la complacencia de Morena, esta crisis constitucional que ha traído consigo terribles consecuencias para la democracia y para el país.

Además, el partido Morena, que ostenta la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, ha podido cambiar leyes a su antojo. Leonel Godoy Rangel, diputado federal michoacano y de dudosa probidad, llegó a afirmar que esta reforma del Poder Judicial representa “el nuevo Estado de Derecho”.

Godoy Rangel, surgió cuando el 2 de julio de 1988 son asesinados Francisco Xavier Ovando y su ayudante Román Gil Heraldez, del equipo de campaña del candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas.

Sus cadáveres fueron encontrados, en la madrugada del día 3 de julio, dentro de un auto estacionado en la calle de El Rosario, en la Colonia Merced Balbuena. Se supone que fueron interceptados después de dejar a Fernando Fernández Martínez en la calle de Isabel la Católica, a donde se dirigieron tras terminar su trabajo electoral en las oficinas ubicadas en Georgia y Pensilvania, colonia Nápoles.

Cuenta Cuauhtémoc Cárdenas en su libro “Sobre mis Pasos” que Ovando había diseñado una red para contar con la información de los 300 distritos del país: “Tenía a su cargo, entre otras tareas, organizar la recepción de la información electoral del 6 de julio. Para ello había identificado en cada distrito a dos personas que reportaran a la ciudad de México, al menos a dos teléfonos diferentes, la forma como se fuera desarrollando la jornada electoral y, en su momento, los resultados asentados en las actas de las casillas y de los distritos. Las personas que reportarían resultados tenían también como encomienda reunir las actas de escrutinio de las casillas.”

Ovando, uno de los colaboradores más cercanos al candidato Cuauhtémoc Cárdenas, trabajaba en la organización de una red de monitoreo electoral, y su muerte significó una pérdida importante para la oposición. Mientras el país se preparaba para las urnas, esta tragedia trajo consigo una sombra de incertidumbre y sospechas de que el gobierno podría recurrir al fraude para garantizar el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato, Carlos Salinas de Gortari.

Dos días después, el 4 de julio, el Frente Democrático Nacional realizará un mitin de protesta frente la Secretaría de Gobernación y Manuel Bartlett ofrecerá que las autoridades actuarán de inmediato.

En respuesta a estos eventos, el FDN pidió a sus seguidores mantenerse firmes y proteger los resultados sin recurrir a la violencia, conscientes de que los comicios en algunas zonas del país podrían ser particularmente tensos debido a la presencia de caciques locales que presionaban para apoyar al PRI. La muerte de Ovando profundizó estas preocupaciones y generó una serie de protestas y demandas de justicia.

Cárdenas, en un intento por obtener respuestas rápidas, envió una carta al presidente Miguel de la Madrid exigiendo una investigación exhaustiva y propuso designar al fiscal. El candidato, conocido por su lucha democrática, fue claro en advertir que sería un error que la respuesta del gobierno a la disidencia fuera a través de la violencia. En paralelo, Porfirio Muñoz Ledo, candidato al Senado, lanzó una advertencia: si no había una investigación seria y satisfactoria, el asesinato de Ovando podría oscurecer la legitimidad del proceso electoral. Por ello, se designó a Leonel Godoy Rangel, fiscal del caso, quien había trabajado con Ovando.

Pero pasarán muchos años para que se aclare que los asesinos fueron cuatro agentes de la policía judicial del estado de Michoacán y que entre los autores intelectuales se encontraba José Franco Villa, procurador de Justicia de la misma entidad durante el gobierno de Luís Martínez Villicaña, quien obviamente parecía estar involucrado. Sólo dos de estos agentes y José Franco Villa purgarán condenas como responsables de estos asesinatos. Franco Villa antes había trabajado en la PGR.

Con los años, Godoy Rangel se convirtió en gobernador de Michoacán y formó parte del gabinete de AMLO.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2025, dejó claro que llegaba con una agenda ambiciosa. Una de sus primeras acciones fue la firma de una serie de órdenes ejecutivas que parecían contravenir la Constitución. Trump, consciente de la posible oposición, incluso anticipó la posibilidad de que los tribunales bloquearan sus medidas.

En Estados Unidos, el presidente y su partido controlan el Congreso, dominando tanto la Cámara de Representantes como el Senado. Esta situación ha dejado a la oposición con pocas herramientas para frenar las políticas de Trump. Elizabeth Warren, una figura destacada de la oposición, ha descrito la situación como una “pesadilla” y ha instado a utilizar todos los medios disponibles para resistir. Una de ellas es la importancia de los contrapesos. En medio de este panorama, el Poder Judicial de Estados Unidos se erige como un contrapeso crucial. A diferencia de México, donde algunos celebran la inoperancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Estados Unidos el Poder Judicial sigue siendo la última línea de defensa contra los abusos de poder.

Un ejemplo claro de esto es cuando un juez estadounidense bloqueó temporalmente la orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. Trump, visiblemente frustrado, respondió que apelaría la decisión. Este incidente subraya la tensión entre el Ejecutivo y el Judicial, y cómo este último puede frenar las acciones del presidente.

Mientras que en Estados Unidos el Poder Judicial actúa como un freno al Ejecutivo, en México la situación es distinta. Un año antes de la llegada de Trump al poder, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador preparaba una reforma que se conoce como su “herencia maldita”. Esta reforma incluía la elección directa de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial por el pueblo, en lugar de ser propuestos por el Ejecutivo y nombrados por el Congreso.

Esta situación contrasta fuertemente con Estados Unidos, donde el Poder Judicial sigue siendo un baluarte contra el autoritarismo. En México, algunos celebran que el régimen político haya vuelto inoperante a la Suprema Corte, que antes era vista como la última defensa contra los abusos del poder. Ignorante y soberbio, el senador Gerardo Fernández Noroña, ha calificado a la Corte como “intrascendente”. ¿Y usted qué piensa?