Contexto

Como dice el chachachá los aranceles llegaron ya. Las ministras de López Obrador y la venganza contra Enrique Graue.

Cuando aparezca esta columna, el gobierno de Estados Unidos, es decir la administración de Donald Trump, estará preparando el paquete de aranceles para todo el mundo. En lo que nos interesa como país, ya le había dicho al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que les va a aplicar aranceles al acero, al aluminio y a la industria automotriz. También ha dicho que México y Canadá “no han hecho suficiente” para frenar el tráfico de fentanilo hacia el interior del territorio estadounidense por las fronteras del sur y del norte.

Y ayer, en una entrevista con NBC News, aseguró que no le preocupa que los fabricantes de automóviles suban sus precios como respuesta a su nuevo paquete arancelario. “No me importa en absoluto”, respondió de manera muy soberbia. Se refería al impuesto del 25 por ciento que su gobierno impondrá a todos los vehículos fabricados en el extranjero, incluso si sus partes se ensamblan dentro del país.

Las declaraciones llegan en un momento delicado. El anuncio se hizo antes del 2 de abril, fecha en que la Casa Blanca ha llamado el “Día de la Liberación”, cuando entrarán en vigor los nuevos aranceles para una amplia gama de bienes de consumo. Donald Trump insiste en que se trata de una medida justa. Sostiene que durante décadas el mundo ha “estafado” a Estados Unidos y que ahora solo busca equilibrio. Pero lo que se presenta como una defensa de su producto nacional, también podría tener un efecto directo sobre los propios consumidores.

Cuando se le preguntó si había pedido a los directores ejecutivos de las marcas de automóviles que no subieran los precios, Trump fue claro: «Nunca dije eso. Me da igual si suben los precios, porque la gente va a empezar a comprar coches fabricados en Estados Unidos». Aseguró que espera que los precios de los autos extranjeros suban para impulsar la industria nacional. En la lógica del presidente estadounidense: el objetivo no es evitar el encarecimiento, sino que sucederá para beneficiar al fabricante local.

Pero el efecto de esa decisión podría sentirse pronto. CBS News advierte que el incremento en aranceles podría elevar el costo final de un automóvil en hasta 12,200 dólares, más de 249 mil pesos mexicanos. Esto afectaría tanto a autos importados como a aquellos que se ensamblan en Estados Unidos con piezas traídas del extranjero. En teoría, el T-MEC protegería a algunos fabricantes, pero la Casa Blanca aclaró que eso se aplicará solo hasta que se establezca un nuevo procedimiento para revisar las excepciones.

Antes esto, varios líderes internacionales, que incluyen a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazaron la postura de su homólogo estadounidense. El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, y el canadiense, Mark Carney, calificaron el aumento como «injustificado». Carney incluso aseguró que “la antigua relación que teníamos con Estados Unidos basada en la profundización de la integración de nuestras economías y una estrecha cooperación militar y de seguridad ha terminado”. En Europa, todos los países se están preparando para incrementar los aranceles a los productos estadounidenses, al igual que Corea del Sur, Japón y China. Estamos en el inicio de la “guerra de mercados”. A ver que anuncia Claudia Sheinbaum ante la embestida del “loco gringo”.

En otro asunto relevante, hoy se espera la solicitud de licencia, sin goce de sueldo, de las ministras obradorecistas, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama, quienes ya iniciaron eventos públicos con tintes claramente políticos sin separarse de sus cargos. Durante los fines de semana, lejos de la solemnidad de la Corte, han participado en actos multitudinarios rodeadas de sindicatos, comerciantes y militantes afines a la Cuarta Transformación.

A pesar de la recomendación del Instituto Nacional Electoral (INE) de solicitar licencia mientras dure el periodo de campañas, entre la toga y mítines, estas tres personas no han considerado viable apartarse temporalmente de sus funciones, lo que ha generado críticas sobre la imparcialidad que debe regir su actuar como integrantes del máximo tribunal del país, pero va a ser necesario que se vayan.

El domingo pasado, Yasmín Esquivel se presentó en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), vestida con un chaleco morado y arropada por la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Loretta Ortiz fue recibida por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la Colonia Tabacalera, donde también participaron trabajadores de la Cooperativa La Cruz Azul, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el Consejo Nacional Laboral y el Sindicato del Transporte de Pasajeros y Comerciantes de La Merced. Lenia Batres organizó eventos en espacios abiertos y fue rodeada por comerciantes de Tepito, así como militantes y simpatizantes de Morena, en inmediaciones de la SCJN.

La falta de licencia para participar en actividades con evidente carga política ha generado cuestionamientos sobre el papel de las ministras dentro del Poder Judicial. La independencia de la SCJN se ha puesto en duda, pues sus apariciones públicas con grupos afines al gobierno pueden interpretarse como un apoyo tácito a la actual administración y a su proyecto político. Mal, muy mal.

En otro caso y no menos relevante, el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla exdirector de la FES Aragón, frenaron el pago de una multa de 15 millones de pesos a la asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Los exfuncionarios de la máxima casa de estudios impugnaron una sentencia emitida en su contra por una jueza local de la Ciudad de México por supuesto daño moral. De acuerdo con los estrados judiciales, desde el pasado 26 de marzo, la jueza Flor de María Hernández Mijangos admitió a trámite la apelación “en ambos efectos”, emitida por los exdirectivos de la UNAM en contra de la condena del 28 de febrero.

La sentencia de la jueza Flor de María Hernández Mijangos, titular del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito, señalaba que la condena en contra de Graue y Macedo fue por atacar el “honor y reputación” de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, luego de que se descubrió que dirigió las dos tesis que pudieron ser plagiadas.

Es decir, la tesis de Édgar Ulises Báez, presentada en julio de 1986, y la de Yasmín Esquivel Mossa, hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que también compite en estas elecciones judiciales para repetir cargo, fue presentada en septiembre de 1987. Por este motivo, la ministra en funciones, Yasmín Esquivel, fue acusada de un supuesto plagio y la profesora Martha Rodríguez Ortiz fue despedida de su cargo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

“Se declara judicialmente que los condenados Enrique Luis Graue Wiechers y Fernando Macedo Chagolla obraron ilícitamente con malicia efectiva al haber realizado públicamente en diversos medios informativos, manifestaciones dolosas carentes de veracidad e imparcialidad respecto a la actora, irrogando un daño moral al haber atacado su honor y reputación”, señala la sentencia.

Ahora, la impugnación en “ambos efectos” implica que la maestra Martha Rodríguez Ortiz no pueda cobrar, por ahora, los 15 millones de pesos que fueron fijados como indemnización a su favor. También debe esperar a que la sala civil de la Ciudad de México, a la que le corresponda conocer del recurso, determine si confirma, modifica o revoca la sentencia dictada por la juez Flor de María Hernández Mijangos. En caso de que la sala civil confirme o modifique la sentencia, esa decisión puede ser impugnada mediante amparo directo, lo que mantendría suspendida la ejecución del millonario pago ordenado por la juez Cuarto Civil hasta que un Tribunal Colegiado dicte su resolución.

La jueza no solamente determinó que los exdirectivos “se abstengan de realizar en el futuro expresiones que atenten contra el honor y la reputación” de la profesora Rodríguez Ortiz, además les ordenó que públicamente “aclaren la falta de veracidad e imparcialidad en el tiempo que efectuaron las manifestaciones, expresiones u opiniones vertidas con malicia efectiva sobre la demandante, así como a la publicación o divulgación del presente fallo, a costa de los demandados”.

En la sentencia, la jueza también sostuvo que fue “ilegal” que el exrector emitiera lineamientos para que los Comités de Ética (de la UNAM y de la FES Aragón) pudieran determinar si se cometió alguna falta o no en el caso, señalando incluso que la maestra Ortiz “pertenece a un grupo vulnerable que precisa mayor protección, dado que cuenta con setenta años. “Todo ello se considera una violencia de género en contra de […] la ciudadana Martha Rodríguez Ortiz (quien) fue la única persona a quien los codemandados le imputan culpa, responsabilidad y sanción, derivado de las circunstancias que dieron motivo al procedimiento de investigación administrativa, y sobre la única persona que efectúa expresiones que vulneran su honor”.

El 21 de diciembre de 2022, el académico Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba a ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, había cometido un plagio en sus tesis de licenciatura de la UNAM, según lo aseguró en un artículo.

A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023, el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico, académico” del asunto.

La ministra Esquivel rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de docentes involucrados en su titulación, como la maestra Martha Rodríguez Ortiz o el maestro Javier Carreón Hernández, uno de los sinodales presentes en su examen profesional, entre otros, aunque aseguró que quedaría atenta a la determinación de la UNAM. Pese a lo anterior, su equipo legal comenzó a presentar una serie de amparos y recursos judiciales para impedir que la resolución del Cuética se publicara, bloqueando de esta forma que se pueda conocer la determinación de la máxima casa de estudios.

En cuanto a la maestra Rodríguez Ortiz, el académico Guillermo Sheridan señaló en el mismo artículo que eran al menos cuatro tesis idénticas dirigidas por la asesora, razón por la cual la UNAM tomó finalmente la decisión de rescindir su contrato. Rodríguez Ortiz presentó una demanda civil en contra del exrector de la UNAM y del exdirector de la FES, pero no como autoridades sino como particulares. Así lo hechos. Se nota el dolo en contra del exrector y ex director de la FES. Lamentable. Y la plagiaria quiere ser presidenta de la Suprema Corte. ¡¡¡No tienen madre!!!