Contexto

El INE confirmó la baja participación ciudadana en la elección judicial y Sheinbaum la califica de “exitosa”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se jacta de que la votación en la elección judicial fue “un éxito”. Sólo que menos de 13 (12.7 por ciento) de cada 100 mexicanos que integran el padrón electoral nacional acudieron a votar y la mayoría de quienes lo hicieron o son militantes, empleados o acarreados de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Si se gastaron más de 7 mil millones de pesos, cada voto costó, aproximadamente, 500 pesos. Eso, sin contar lo que se gastaron los candidatos judiciales.

Ese gasto, por demás inútil y que generará al país una gran inestabilidad social, es un crimen, porque el tema de justicia es un asunto de seguridad nacional en muchos sentidos. Pero lo más brutal de todo esto, es que los gobiernos morenistas dilapidan el presupuesto es cosas superfluas e inservibles y no en lo que realmente se necesita como son alimentos, educación, salud, infraestructura, pero, sobre todo, en capacitación y seguridad.

Para la elección presidencial de 2024 se instalaron 170 mil casillas; y el pasado domingo hubo apenas 80 mil centros de votación. ¿Dónde están los 36 millones de mexicanos que según el oficialismo exigían una reforma judicial “del pueblo”?… ¿Y qué harán con los millones de boletas que no se utilizaron y que para elaborarlas se sacrificaron miles de árboles?…

El proceso, desde su diseño, ha sido cuestionado por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales por la complejidad del proceso y falta de información entre los votantes, así como el riesgo de la infiltración del crimen organizado en el poder judicial. Pero los morenistas y sus rémoras siguieron con sus estupideces y hasta impusieron tómbolas para escoger a los candidatos.

Ante la presidenta Sheinbaum, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, calificó como “ejemplar” la elección judicial, pese a la baja participación ciudadana: “Queremos reconocer a la ciudadanía por su participación histórica que hizo de este inédito proceso, un avance importante para la democracia mexicana”. ¡Por mi madre, bohemios!

De acuerdo con un artículo publicado por Marcos Lara Santillán y Víctor Ojeda González, ex secretarios del extinto Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN), el abstencionismo puede definirse en términos sencillos como la ausencia de los votantes en las urnas, la cual puede reflejar pasividad o rechazo al sistema político y los candidatos.

La explicación principal del fracaso fue la complejidad impuesta sobre todas las personas participantes. Las candidaturas no contaron con posibilidad de darse a conocer y promover sus propuestas. La inmensa mayoría de postulados experimentó desaliento al constatar la inequidad entre quienes contaron con redes clientelares y apoyos partidistas y quienes entraron a la competencia de buena fe y sin recursos.

Y es que aún y con la baja participación, el Instituto Nacional Electoral se tomará 10 días para contar los votos. ¿Por qué tanto tiempo si las urnas estuvieron prácticamente vacías? Lo lógico sería que con menos casillas habría mayor afluencia de votantes, pero sucedió lo contrario: muchos de esos centros lucieron vacíos o con escasa asistencia, por lo que el conteo de votos no debería durar tanto tiempo. Pero la señora Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, y los demás consejeros, así lo decidieron.

Como lo comentamos la semana pasada, uno de los candidatos que llegaría a la Suprema Corte, es Hugo Aguilar Ortiz, indígena mixteco, abogado egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y con más de 30 años de lucha por los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Este tipo llevaba más de 4.5 millones de votos, muchos más sufragios que Lenia Batres Guadarrama, Jasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

Quedarían fuera Fabiana Estrada Tena, con 26 años de experiencia en el Poder Judicial y que se desempeñó como coordinadora general de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2019-2022), con Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, así como Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada federal e hija de Olga Sánchez Cordero.

Desde hace dos semanas les dije que la elección judicial sería un rotundo fracaso. Y los hechos nos dan la razón. Insistiendo en el tema de que el gobierno morenista despilfarra los recursos públicos sin atender cosas prioritarias, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) exigió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que pague de manera inmediata las indemnizaciones contempladas para impartidores de justicia que renunciaron o solicitaron su pensión con la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

El CJF respondió a la petición que no cuenta con los recursos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el mismo décimo transitorio del decreto. Mediante el oficio SEA/DGRH/DN/SN/22436/2025, el CJF respondió a la directora de la Jufed, la jueza Juana Fuentes Velázquez, que en sesión ordinaria celebrada el 8 de mayo del año en curso, el secretario ejecutivo del pleno del CJF informó que la secretaría general de la Presidencia sometió a consideración del pleno el oficio en el cual solicitaron que de manera inmediata se realice el pago contemplado en el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional del Poder Judicial, a quienes ya se encuentran en los supuestos legales de procedencia.

“Derivado de lo anterior, hago de su conocimiento que mediante oficio DGAJ/3845/2025 del 30 de abril de 2025, donde se realizó una consulta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, ésta manifestó que no se cuenta con los recursos económicos para realizar dicho pago, pues los mismos pasaron a poder de la Tesorería de la Federación, como se dispuso en el mismo décimo transitorio del decreto”.

De acuerdo con fuentes del PJF, hasta abril pasado habían solicitado el otorgamiento de pensión o presentado su renuncia al cargo alrededor de 300 jueces y magistrados. Esto es muy, pero muy grave, pues el Consejo de la Judicatura Federal ya notificó a magistrados y jueces que ya informaron que no seguirán en el poder judicial y solicitaron sus fondos de ahorro y de retiro y que estaban depositados en fideicomisos, que no tiene dinero para indemnizarlos, porque Nafin, que dirige Luis Antonio Ramírez desde enero de 2022, cedió indebidamente dichos fideicomisos al gobierno federal, lo que constituye un gravísimo delito. Eso, desde luego, debe tener consecuencias tanto para Nafin como para la Secretaría de Hacienda.

Al menos 8,300 millones de pesos serán necesarios para pagar las indemnizaciones -constitucionales y legales- a las que tienen derecho los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF). Y dicen que la elección fue un éxito. Y que las marchas de repudio fueron “mínimas”. Ajá.