Contexto

Crisis en la impartición de justicia. Comenzó la guerra del petróleo y se esperan aumentos en los precios de los energéticos.

Los trabajadores del Poder Judicial capitalino llevan ya cuatro semanas en paro. El motivo es la demanda de un siete por ciento de aumento salarial. Mientras que a los maestros les dieron el 9 por ciento de incremento salarial a los empleados judiciales el gobierno de la Ciudad de México solamente les ofrece el 7 por ciento. En ese largo paro de actividades, se encuentran detenidos 25 mil nuevos expedientes y paralizados 200 mil trámites y audiencias, lo que ha provocado un retraso judicial masivo en todos los procesos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF, Rafael Guerra Álvarez y la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, están llevando a un colapso la impartición de justicia en la capital del país y a la más grave crisis pues están paralizados todos los juicios que tienen que ver con pensiones alimenticias, divorcios, tutelas, casos mercantiles, civiles y penales.

Dice el artículo primero de la Constitución: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Y estos gobiernos surgidos de Morena no entienden que todos los trabajadores tienen los mismos derechos ante la Constitución como lo establece no sólo el artículo primero, sino también el 123. Son iguales ante la ley y se les debe dar el mismo trato, pues son empleados al servicio del Estado.

Y la misma demanda de justicia demandan las 350 familias de los ex trabajadores del diario unomásuno que hace la friolera de 22 años iniciaron una huelga que ya ganaron en todas sus instancias, y por lo que las autoridades laborales les adjudicaron cinco inmuebles para que se vendan y se les repartan sus respectivas indemnizaciones, pero que el dirigente del sindicato cetemista, Mario Chágary, desde hace cuatro años, con una serie de artimañas, se ha negado a vender las propiedades para pagar los adeudos respectivos, lo que constituye un fraude y un abuso de confianza, así como un daño al patrimonio. El problema es que nadie hace nada en favor de estas familias, ni siquiera la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien conoce este asunto desde hace varios años, cuando fungía como funcionaria del gobierno capitalino.

Y si a esto, le sumamos la grave crisis en que está sumido el Poder Judicial de la Federación como consecuencia de la reforma que llevó a la malograda elección de juzgadores, donde, por cierto, hay al menos 70 entre jueces y magistrados que incumplen el mínimo de calificaciones promedio de carrera, en unos casos 8, otros 9, pero sin alcanzarlos los hicieron candidatos y ahora juzgadores. Consejeros del INE, destacadamente Carla Humphrey, los rechazan por violar la ley.

Hemos insistido que si la comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) que, en su momento, aprobó medidas cautelares contra las ministras Lenia Batres y Jazmín Esquivel por violar las reglas de equidad de la elección judicial, no hace proceder su anulación ante el propio pleno de dicha institución, todavía el Tribunal Electoral podría hacerlo, como un acto de justicia y honradez judicial. La pregunta es si se atreverán. Aunque como veo las cosas lo dudo.

El bombardeo estadounidense a instalaciones nucleares iraníes ha encendido los focos rojos y el conflicto podría escalar en una conflagración regional de consecuencias globales. En ese contexto, el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes el pasado fin de semana, es el inicio de una nueva crisis petrolera cuyas consecuencias son hasta ahora imprevisibles.

Irán ha jugado con fuego durante demasiado tiempo, desafiando al mundo con su programa nuclear y operando en la sombra a través de sus aliados. Hay que recordar que Irán no es sólo un Estado soberano. Es el eje de una red de milicias y organizaciones terroristas que operan en el Líbano, Siria, Irak, Gaza y Yemen. Financia y arma a Hezbolá, sostiene a Hamás y desde hace muchos años pretende borrar del mapa a Israel. El pasado7 de octubre de 2023, Irán lanzó un ataque masivo de más de 700 misiles sobre Tel Aviv, lanzado desde Gaza, fue el primer disparo que marcó el inicio de esta escalada.

La Casa Blanca con un troglodita al frente ha decidido que el riesgo ya no puede ser tolerado. Y ha actuado en respaldo a Israel. El problema es que las consecuencias no se detendrán en Teherán. La región entera está al borde del colapso. El Estrecho de Ormuz —por donde pasa el petróleo que abastece a grandes economías— podría cerrarse. El precio del petróleo se disparará. Y México sentirá la sacudida. Un conflicto prolongado elevaría la inflación, encarecería los alimentos, desincentivaría la inversión y debilitaría al peso.

Las izquierdas radicales en América Latina, como Cuba y Venezuela repiten el discurso pro-palestino y militantes y acarreados desfilan por las calles ondeando la bandera palestina, pero guardan silencio ante el antisemitismo que campea en redes, en carteles universitarios y hasta en algunas aulas. Hay algunos morenistas como Fernández Noroña que hacen lo mismo.

Por ahora son impredecibles las consecuencias y estamos a punto de entrar a la economía de guerra que, según el filósofo Noam Chomsky, no es un accidente, es una estrategia. Sostener un conflicto permite justificar presupuestos militares desproporcionados, controlar territorios, asegurar recursos naturales y aplazar reformas sociales. Y aunque genera crecimiento a corto plazo, como muestran los casos de Rusia o Estados Unidos, perpetúa un modelo donde la desigualdad social se profundiza y el desarrollo humano se subordina a intereses geopolíticos.

En su libro, “Fabricación del consentimiento”, Chomsky, advierte cómo los aparatos estatales construyen narrativas que legitiman la guerra mientras ocultan sus verdaderos beneficiarios: corporaciones armamentistas, petroleras y bancos. Hoy, para México esto implica elevar el debate. No basta con reaccionar a los intereses de otros países o a los cierres logísticos, arancelarios, geopolíticos, migratorios y de seguridad. Hay que repensar el modelo de desarrollo.