Contexto

El término de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la reforma de 1985 que impulsó Ernesto Zedillo y la llegada de ministros, magistrados y jueces de Morena

Cuando usted lea esta columna, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estará llevando a cabo la última sesión del pleno y seguramente la presidenta de la propia Corte, la ministra de carrera judicial, Norma Lucía Piña Hernández, emita un mensaje con lo que prácticamente se cierra un ciclo del modelo institucional establecido en la reforma de 1985 que promulgó el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y por el cual se redujo de 26 a 11 el número de ministros, se constituyeron las salas y se fijó un periodo de 15 años para ocupar dicho cargo, además de que se creó el Consejo de la Judicatura Federal.

Ahora, con la reforma que impulsó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con la intervención del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, el pleno nuevamente se reduce de 11 a 9 ministros, además de que desaparecen las salas penal y administrativa, de modo que ahora todos los asuntos tendrán que ser vistos, analizados y resueltos por el propio pleno, que quien sabe si se dará abasto para resolver al menos 3 mil juicios que están en trámite, más los que se vayan acumulando.

A partir del próximo mes, entrará en funciones el nuevo equipo de ministros, encabezado por el oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz, el cual por cierto en los últimos días, al reunirse con legisladores de Morena, ha dicho muchas cosas inverosímiles como es el reducir los salarios de magistrados y jueces federales, cuando eso no le corresponde al poder Judicial, sino al poder legislativo. También anunció que en la ceremonia de toma de posesión recibirá el bastón de mando de manos de los dirigentes de los pueblos indígenas. El fin. Mucho circo y nada de sustancia.

A Hugo Aguilar Ortiz lo acompañarán tres de la ministras impulsadas por López Obrador: Lenia Batres Guadarrama –- que ha demostrado estar muy, pero muy abajo del nivel académico y laboral que se requiere para ocupar dicho cargo--, Yasmín Esquivel Mossa – cuyos títulos académicos como la licenciatura en Derecho de la UNAM y el doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac en convenio con Universidad Complutense de Madrid, están en entredicho por copiar textos de otros autores--, y Loretta Ortiz Ahlf, ahora viuda de José Agustín Ortiz Pinchetti, egresada de la Escuela Libre de Derecho, con maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y doctora por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

Ortiz Ahlf, que fue directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y que actualmente presidía la Primera Sala de la Corte, es la que tiene más prestigio.

Los nuevos ministros durarán en el cargo 12 y no 15 años, no recibirán pensión y quienes los vayan a suceder, tendrán que ser elegidos por el voto popular y ya no en ternas que enviaba en Ejecutivo al Senado de la República. Lo que es un hecho es que el nuevo modelo de justicia ha sido severamente cuestionado adentro y fuera del país y los más importantes inversionistas extranjeros han anunciado que frenarán sus proyectos de inversión por no tener confianza en los nuevos impartidores de justicia, la mayoría de ellos ligados a las huestes morenistas y ejemplos sobran. Está el caso de Jorge Medina Sarabia, designado magistrado de circuito, que fue coordinador de Morena en Sinaloa y es una persona cercana al gobernador Rubén Rocha Moya, acusado de proteger a los grupos de narcotraficantes sinaloenses que ahora persigue el gobierno de Estados Unidos como grupos “terroristas”.

También, trascendió que el tribunal colegiado de apelación del vigésimo sexto circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, resolvió que Penguin Random House, editorial que lanzó el libro de Anabel Hernández, "Las señoras del narco: amar en el infierno", libro en el que se asevera que Patricia Navidad fue una de las actrices que se prostituyó con el narcotraficante Arturo Beltrán, tendrá que pagar una multa, ofrecer una disculpa pública y publicar la réplica de Televisa, por las partes de la obra que carecen de pruebas suficientes para ser descritas como hechos fehacientes.

Patricia Navidad, en entrevista, rechazó las aseveraciones de Anabel Hernández, y dijo que efectivamente acudió al encuentro del narcotraficante -- acudió a base de engaños --, ya que le habían expresado que, si Beltrán Leyva quería encontrarse con ella, era porque era un gran admirador suyo y su salud estaba en descenso.

"Me dijeron que era mi fan, que estaba muy enfermo; resultó que fue un engaño, eso sí lo escribe Anabel, (...) y (cuando) ya llegué, me enteré de qué se trataba, obviamente, hubo una propuesta indecorosa, que no acepté y que, nunca, he aceptado en mi vida porque, si algo no vendo, es esa, mi integridad", dijo en su momento la actriz, quien ha confrontado a Hernández, llamándola "mentirosa".

Ese caso seguramente llegará al pleno de la Suprema Corte. Y como ese hay cientos más. La justicia está en entredicho y la crisis de las policías locales y la renovación del Ministerio Público son las asignaturas pendientes. ¿Qué hará el Congreso de la Unión?