Contexto

Las manifestaciones de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa y los encapuchados. Se acerca el 2 de octubre. La Ley de Amparo

Ya pasaron 11 años de la brutal represión en contra de los estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, en la que 43 de sus estudiantes fueron “desaparecidos” por policías y dos bandas del crimen organizado. Es lógico y comprensible que los padres y demás familiares exijan justicia. Pero me parece ya una necedad que sigan pidiendo que aparezcan vivos, por todo lo que se sabe. Pero lo más delicado del asunto es que las autoridades estatales y federales permitan que en sus manifestaciones grupos de vándalos, encapuchados, sigan causando destrozos y sigan provocando a las fuerzas armadas, sin que nadie los detenga y los presente ante el Ministerio Público y se les imputen cargos por los destrozos y daños que ocasionan a la propiedad.

Eso mismo ha estado ocurriendo en la Ciudad de México en cada manifestación, en la que grupos de encapuchados, mujeres y hombres, armados con martillos, varillas, machetes, palos, piedras, pinturas en spray, que llevan escondidas en mochilas y hasta cohetones, arremeten en contra negocios, donde destrozan vidrios, agreden a policías, pintan señales viales y hacen lo que quieren, sin que ninguna autoridad les ponga un alto, bajo el argumento de que no son un gobierno represor o intolerante, pero el otro lado de la moneda muestra un gobernó débil frente a sus gobernados, irresponsable, que no muestra signos de ser una verdadera autoridad y, lo más grave, deja la clara sospecha de que financia y protege a esos grupos intolerantes.

Esos mismos grupos de encapuchados son los que han tomado por asalto las preparatorias y los colegios de ciencias y humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde además de causar destrozos, se han robado equipos de cómputo, cámaras fotográficas, equipos de diseño y de laboratorio; además de destruir instalaciones y oficinas administrativas donde han quemado archivos. Esos grupos han lesionado a estudiantes, maestros y personal administrativo. Por ello, los padres de familia y los estudiantes iniciaron un paro demandando de las autoridades universitarias mayor seguridad tanto adentro como afuera de las instalaciones.

Hace algunos años, en las escuelas vocaciones del Instituto Politécnico Nacional se padecía lo mismo y se tuvo que recurrir a la contratación de la Policía Auxiliar para la revisión de mochilas a la entrada y salida de los planteles; vigilancia interna y externa y eso provocó una reducción considerable de agresiones, asaltos y consumo de drogas.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas afirmó en la Cámara de Diputados de México que se redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado, luego de que un estudiante apuñalara con un arma blanca a otro alumno dentro del CCH Sur.

Dijo que la universidad “redoblará sus esfuerzos no solo para garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas de estudio y de sus estudiantes, sino también para encontrar salidas y la forma de atender sus necesidades y evitar que la frustración o la soledad los lleven a equivocar el rumbo”.

Lo que no dijo es si el Consejo Universitario autorizará a que la policía auxiliar pueda ser contratada para establecer un mecanismo de seguridad preventivo dentro y fuera de los planteles preparatorianos, tal y como lo hizo con los del IPN, para frenar la incursión de estos grupos porriles y de sujetos embozados.

El paro en los planteles universitarios se prolongará toda esta semana bajo el argumento de que se llevarán a cabo distintos actos de protesta con motivo del 57 aniversario del 2 de octubre, cuando pretenden llevar a cabo la tradicional marcha de Tlatelolco hasta el Zócalo, y en la que se espera nuevamente la presencia de grupos de encapuchados.

Las garantías individuales o derechos humanos han evolucionado y en México se han ampliado con la reforma al artículo primero constitucional que abrió estos derechos y todos aquellos surgidos en los tratados internacionales que haya suscrito México.

Esto explica que la Ley de Amparo no sólo otorgaba protección al quejoso, sino que se modificó y se establecieron nuevos criterios para darle efectos generales y ampliar el interés jurídico, que puede afectar a diversos grupos sociales. Esto es de tal manera trascendental, pues regula las relaciones de los gobernados con el Estado y sus órganos.

Por ello, llama la atención que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que elaboró el exministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, debe ser discutida cuidadosamente por expertos en derecho y no por legisladores ignorantes, porque dicha reforma puede reducir derechos.

La discusión del tema se centrará en dos aspectos, el carácter del interés legítimo, y el efecto inmediato de la suspensión provisional. Estos dos temas deben estar por encima de las posturas partidistas y por lo mismo su discusión debe centrarse sobre concepciones académicas que implican probablemente cambios en la iniciativa presidencial. El tema es muy técnico y no es fácil de entender.

En México hay grandes juristas que pueden aportar su visión a una reforma que realmente sirva como es la digitalización de la justicia. También lo es el determinar los términos procesales para que no se hagan los juicios interminables. Los nuevos jueces, magistrados y ministros deben estudiar con cuidado para que sus sentencias no pierdan el objeto fundamental de respetar los derechos constitucionales. En fin, el tema da para mucho más.