Contexto

Tres momentos de Claudia Sheinbaum Pardo. La falta de seguridad jurídica para las inversiones. 

No obstante que diversos militantes de Morena, pese a las recomendaciones presidenciales, siguen cometiendo tropelías, abusos y delitos, en los días recientes vimos tres momentos diferentes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El primero de ellos, en Washington, donde se fotografió con el presidente de EU, Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Joseph Carney, con motivo del mundial de futbol del año entrante que se celebrará en los tres países.

El segundo de ellos, luego de sostener su primer encuentro con Donald Trump y la amplia agenda de asuntos pendientes que quedaron de tratar en una próxima reunión. Y la tercera ante las huestes morenistas y miles de acarreados que trajeron legisladores federales y gobernadores el sábado pasado al Zócalo, para escuchar un discurso plagado de mentiras y de cumplimiento de promesas de campaña que tienen al país al borde de la quiebra financiera.

Pero el sábado, pese a que todo el aparato oficial, hubo voces en el Zócalo en donde los manifestantes gritaron en contra de Sheinbaum y de Morena. Y es que, por ejemplo, trabajadores del poder ejecutivo morelense fueron obligados a sumarse a un contingente que salió de Cuernavaca para acudir al festejo por los primeros siete años del Movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por Claudia Sheinbaum. La asistencia fue condicionada y supervisada con pase de lista y fotografía, según denunciaron participantes. En el mismo evento también fueron trasladadas personas beneficiarias de los programas sociales, bajo el argumento de “apoyar para que siga el apoyo”.

En tanto, el gobierno de Morelos difundió el Boletín 04516, en el que informó que tanto la gobernadora Margarita González Saravia como integrantes de su gabinete, acudieron al festejo realizado en la Ciudad de México, como muestra de respaldo a la presidenta de la República.

Pero los tres momentos de Claudia Sheinbaum, digamos estelares, duraron menos de 72 horas. Es decir, se acabó la tregua entre México y EU por el sorteo del mundial de futbol, ya que Donald Trump amenazó con aplicar un arancel adicional de 5 por ciento si nuestro país no da más agua a Texas.

Trump acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de no cumplir con lo estipulado en el Tratado de Aguas entre México y EU lo que arruina las cosechas y amenaza la supervivencia del ganado en Texas: “México aún le debe a Estados Unidos más de 800 mil acres-pie de agua por no haber cumplido con el Tratado durante los últimos cinco años. Estados Unidos necesita que México libere 200 mil acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, y el resto deberá entregarse poco después", publicó en su red Truth Social.

Trump autorizó “el inicio de la documentación” para aplicar un nuevo arancel a las exportaciones mexicanas, esta vez de 5 por ciento, si el agua no es entregada en ese lapso.

Pasando a otro tema, los dos primeros meses de funciones de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quedaron marcados por resoluciones en casos emblemáticos en materia fiscal, como el de Ricardo Salinas Pliego, y derechos humanos, donde los ministros dejaron sin posibilidad de reparación a víctimas de violencia, desaparición o de violaciones a garantías individuales por acción u omisión del Estado.

Esto debido a que –-de manera inédita-– se contravino el principio de “cosa juzgada” al revertir una decisión firme tomada por la anterior Corte, con la que se había garantizado el derecho de las víctimas a contar con recursos para recibir apoyo, reparación y medidas de no repetición de agravios sufridos. Esto mismo fue duramente criticado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum.

Y es que, desde su nueva integración, este pleno de ministros, donde han dominado los argumentos políticos sobre los criterios jurídicos en la mayoría de sus exposiciones, esta nueva corte sin las dos salas, ha resuelto un promedio de 45 por ciento menos asunto que la integración anterior, lo que va generando un enorme rezago de asuntos y temas por resolver. Y la mayoría de sus integrantes, incluyendo su presidente Hugo Aguilar Ortiz, han mostrado que carecen de un rigor jurídico absoluto para resolver los asuntos. Es por ello que diversos inversionistas nacionales y extranjeros han manifestado que por ahora retirarán sus proyectos de México, pues no cuentan con seguridad jurídica para sus inversiones. Así o más claro.

El principio de “cosa juzgada” es una figura jurídica que implica que una vez que una sentencia se vuelve definitiva e inamovible, ya no se puede volver a juzgar el mismo asunto, lo que garantiza la seguridad jurídica de las partes.

Ese principio quedó en entredicho con la resolución de la Corte respecto a un fondo para víctimas que fue desaparecido en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que fue impugnado por Centro Prodh, una organización de defensa de derechos humanos, para su restitución. En 2024, los integrantes de la antigua Corte avalaron que se siguieran destinando recursos para este fondo, pero con la llegada de los nuevos ministros esto se echó para atrás.