Contexto

La entrega de presos Estados Unidos es una muestra de absoluta debilidad del gobierno mexicano.

La entrega de criminales, narcotraficantes y lavadores de dinero mexicanos, que estaban en penales nacionales a las autoridades de Estados Unidos, es una amplia muestra de debilidad del gobierno mexicano. Veamos por qué: En primera, demuestra la debilidad institucional de mantener el absoluto control de los penales nacionales, incluyendo aquellos que llaman de alta seguridad, donde los reos, a cambio de dinero y de prebendas, hacen lo que quieren con la complacencia de custodios y autoridades.

Tan es así que no han podido evitar que los delincuentes detenidos, encarcelados y procesados tengan teléfonos celulares desde donde hacen llamadas para llevar a cabo extorsiones, dirigir a sus secuaces para llevar a cabo golpes criminales, ordenar ejecuciones y seguir manteniendo el control.

Otro punto que muestra la debilidad institucional es que las autoridades estadounidenses logran sacarles a estos delincuentes información valiosa que muestra los vínculos de protección gubernamental que tuvieron y que debido a las presiones de los propios estadounidenses se tuvieron que romper, además de que estos tipos, soberbios y envalentonados, ya se les habían salido de control y representaban ya una seria amenaza.

Y es que la política de “abrazos no balazos” que llevó a cabo López Obrador fue para recibir directamente las millonarias extorsiones de estos grupos criminales a cambio de impunidad, haciendo a un lado a los mandos policiacos, militares y navales, pues no se podría entender la protección que en su momento AMLO les brindó a los hijos del Chapo Guzmán y a los miembros del Cartel de Jalisco Nueva Generación, sin su intervención. Ahora, se sabe que parte de la presión que el gobierno de Donald Trump ejerce sobre la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, para que policías estadounidenses vengan a nuestro país a realizar detenciones de protectores y criminales ligados a Morena, tienen que ver con esto y con el huachicol fiscal, en donde están metidos hasta los huesos, los hijos de López Obrador y sus amigos.

Cerramos el año con una presidencia casi imperial pero sumisa ante las presiones del poderoso gobierno de Estados Unidos, con una administración hueca que mantiene el continuismo del sexenio pasado y que utiliza ese discurso desgastado de culpar al pasado de todo tipo de desgracias y también utiliza la victimización como recurso para justificar su ineficacia.

Ahora, debido a una serie de reformas, contamos con un gobierno sin contrapesos políticos y con una economía paralizada, sin inversiones provenientes del extranjero, ante el temor de contar con un nuevo poder judicial que no les ofrece ningún tipo de garantía y que cada día que pasa muestra más contradicciones, como es el hecho de la compra millonaria de camionetas blindadas, pero sacar placas en el estado de Morelos, para no pagar las costosas tenencias a la Tesorería del gobierno de la Ciudad de México. En fin.

Y comenzamos el año, con la entrega de 39 criminales a los Estados Unidos que en realidad es un paliativo porque, mientras México no cuente con penales seguros, no se detenga de tajo la relación de los narco políticos con las organizaciones criminales y, sobre todo, no se reactive la economía, Claudia Sheinbaum seguirá siendo un títere de Donald Trump, igual que lo es la actual encargada del despacho en Venezuela, Delcy Rodríguez.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, fue cuestionado por la entrega de líderes criminales a Estados Unidos, a lo que respondió que el envío evita la creación de alianzas en los centros de detención mexicanos. Esto confirma lo que sostengo, de que las autoridades federales mexicanas no tienen el control absoluto de los penales, por la corrupción imperante entre autoridades y custodios, lo que no ocurre igual en las cárceles del otro lado de la frontera.

Familiares de tres presos que fueron enviados ante la justicia de Estados Unidos denunciaron penalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y demás integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, por el delito de traición a la patria y coalición de servidores públicos.

Vanessa Guzmán Sánchez, pareja sentimental de Juan Pedro Saldívar Farías, “el Z-27” --identificado por las autoridades como tercero al mando de ‘Los Zetas’--, sostuvo que su envío a territorio estadounidense se llevó a cabo al margen del debido proceso, vulnerando garantías fundamentales como la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y el principio de legalidad que debe regir cualquier forma de cooperación internacional en materia penal.

“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro, una figura prohibida expresamente en nuestra Constitución Política que, abiertamente la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que responde a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente a una petición del Departamento de Justicia, cuyos términos, alcances y fundamentos jurídicos no han sido transparentados ni sometidos a control constitucional o legislativo, lo cual es sumamente delicado para este país”, explicó Vanessa Guzmán Sánchez.

Y es que los problemas internos se acrecientan ante la falta de respuestas de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo a los sectores campesinos, transportistas, productores, que se han visto seriamente afectados por las extorsiones por parte del crimen organizado. Aunado a ello, cada vez hay más ejemplos de que los candidatos morenistas están muy ligados a los grupos criminales como son los casos concretos de Guerrero y Michoacán. Esto apenas comienza.