Contexto

Entrevistas póstumas que señalan “Yo acuso”. Programas sociales utilizados por Morena como instrumentos de campaña y más.

El capitalino con raíces chiapanecas Javier Coello Trejo, ex fiscal “de hierro” en los sexenios de José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, y quien el pasado fin de semana falleció, tanto en su libro “Memorias” como en su última entrevista periodística, acusó a Manuel Barttlet Díaz de ser el autor intelectual del asesinato del periodista michoacano Manuel Buendía Téllezgirón y de haber utilizado todo el aparato de la desaparecida policía política, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, entonces dirigida por el hidalguense José Antonio Zorrila Pérez, para llevar a cabo el crimen en un estacionamiento de avenida Insurgentes, a unos cuantos metros de las oficinas del autor de la columna “Red Privada”.

En esas mismas circunstancias, el guanajuatense Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, figura histórica del PRI y de la izquierda mexicana, y quien le colocó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador en 2018; al final de sus días se convirtió en uno de sus más severos críticos, y acusó al tabasqueño de mantener un “contubernio” o “amasiato” con grupos del narcotráfico.

En diversos espacios periodísticos, Porfirio Muñoz Ledo no dejó pasar el asunto y afirmaba que López Obrador buscaba consolidar su fuerza para perpetuarse como el “poder tras el trono” después de terminar su sexenio, pero que “su alianza con el narco no era heredable”.  En junio de 2022 lanzó una advertencia pública sobre un supuesto contubernio entre el gobierno de AMLO y el crimen organizado. El tiempo le dio la razón, pues su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) está infectado de narco-políticos y el caso más reciente, de Sinaloa es una muestra de ello, aunque han surgido otros ejemplos en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Michoacán, Jalisco, Sonora, Baja California y Tamaulipas.

A 42 años del asesinato de Manuel Buendía, que se cumplen el 30 de este mes, la severa afirmación de Coello Trejo, quien en su momento como “Fiscal de Hierro” resolvió el robo del Museo Nacional de Antropología de Historia, detuvo a Miguel Ángel Félix Gallardo y a otros implicados en el asesinato de Enrique Camarena Salazar, además de los dirigentes sindicales petroleros encabezados por “La Quina”, de que el otrora secretario de Gobernación en el sexenio de Miguel de la Madrid, flamante ex funcionario de López Obrador y ex gobernador de Puebla, era el asesino intelectual de Buendía, nos deben hacer reflexionar sobre los crímenes de Estado y que éstos no deben de prescribir no importa el tiempo transcurrido.

La hipótesis del crimen de Manuel Buendía fue que tenía información y la iba a publicar de que los comandantes de la Dirección Federal de Seguridad, en las ciudades fronterizas del norte del país, había creado una alianza con los grupos de narcotraficantes y les daban protección para que pudieran pasar grandes cantidades de drogas hacia Estados Unidos a cambio de millonarias sumas de dinero. Una parte importante de ese dinero iba a parar para campaña presidencial de Manuel Barttlet Díaz. De allí se entiende de que pocos minutos después de que Buendía fuera asesinado, agentes de la propia DFS acudieron a las oficinas del periodista y extrajeron diversos expedientes, sin permitir que el Ministerio Público capitalino estuviera presente.

Y no es hipótesis o suposición de quien esto escribe. Nos lo dijeron a un grupo de reporteros los capitanes Jesús Miyazawa Álvarez y Rosalino Ramírez Faz, director y subdirector de la Policía Judicial del DF, en ese entonces, aunque hay que reconocer que todo se enfocaba en aquel momento a José Antonio Zorrila Pérez y a su equipo. Fue Ignacio Morales Lechuga, procurador de Justicia capitalino y el subprocurador Federico Ponce Rojas, quienes convencieron a Zorrilla a que se entregara y acudiera a la Procuraduría a declarar, ya en el sexenio de Carlos Salinas, pero quien lo desarmó y lo interrogó fue Javier Coello Trejo.

Ese crimen de Estado, muy grave, es igual al cometido por López Obrador, al someter a todo el país para ponerse al servicio de los grupos criminales con quienes se alió para ganar elecciones. El dinero sucio en las campañas. El PRI lo hizo, el PAN también y ahora Morena. Es muy grave utilizar los programas sociales con fines electorales, pero más grave utilizar a miles de acarreados ignorantes, igualito como lo hizo en su momento el PRI, para tratar de demostrar un músculo de fuerza política que no tienen.

También, Morena ha querido utilizar como un distractor frustrado todo lo ocurrido con el ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y sus secuaces, sobre todo, ahora que se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense, dos de los implicados, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, se encuentra detenido en Estados Unidos por supuestos vínculos con el crimen organizado y el extitular de la Secretaría de Finanzas, Enrique Díaz Vega, quien se entregó en Nueva York.

Senadores y diputados de oposición manifestaron que esos dos exfuncionarios sinaloenses prefirieron entregarse a las autoridades de Estados Unidos para evitar que fueran asesinados y silenciados en México y sostuvieron que era necesario seguir alzando la voz.

Ahora, Morena enfoca sus baterías en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; protege al ex gobernador de ese estado, Javier Corral Jurado, quien tiene ordenes de aprehensión en ese estado y pretende hacer una reforma a su reforma judicial que por cierto fue hecha con las patas. Vaya, vaya, qué país.