Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de noviembre de 2019.- El Senado mexicano recibió la terna de candidatas que buscan ocupar la vacante que dejó el ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta terna, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está integrada por Margarita Ríos-Farjat, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT); Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación y Ana Laura Magaloni Kerpel, exdirectora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Si bien las tres profesionistas gozan de amplio prestigio y son reconocidas al menos dos de ellas en el ámbito académico, no tienen carrera dentro del Poder Judicial Federal donde aproximadamente el 60 por ciento de jueces y magistradas son mujeres y llevan un servicio profesional de carrera impecable. Y es curioso que el presidente de la autodenominada Cuarta Transformación y que el pasado fin de semana presumió en Guerrero que está cambiando el país y que tiene como secretaria de Gobernación a una ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no respete a las trabajadoras del poder judicial federal, donde muchas jueces y magistradas, además de gozar de un gran prestigio también son destacadas académicas y autoras de importantes libros jurídicos.

Tal vez ese menosprecio a las funcionarias judiciales obedece a que ellas sí respetan su independencia y no aceptan consignas. En fin.

Por otra parte, la familia LeBarón que radica en Estados Unidos solicitó a la Casa Blanca clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México, los cuales «buscan poder político para crear un narcoestado en México».

Bryan LeBarón señaló que la estrategia de López Obrador de combatirlos con «abrazos y no balazos» no va a funcionar. Mediante la plataforma Petitions White House, la familia LeBarón lanzó la solicitud en la que señala que a  los cárteles, «con recursos aparentemente ilimitados, ha resultado casi imposible detenerlos. Dirigen las principales redes de trata de personas. Secuestran y extorsionan con casi total impunidad. Sus actos desenfrenados de violencia y asesinato han invadido nuestras fronteras y creado una crisis internacional».

En la petición se recuerda que los cárteles mexicanos son los que trafican «opioides, heroína, metanfetaminas, cocaína y fentanilo ultra mortal» a Estados Unidos. «No podemos permitirnos continuar con las mismas políticas fallidas que se usan para combatir al crimen organizado. ¡Son terroristas, y es hora de reconocerlo!», concluye el documento firmado por Bryan LeBarón (BL).

El mismo Bryan LeBarón, activista de esta comunidad en California, explicó que se busca atraer la atención de ambos mandatarios para lograr una estrategia conjunta de combate a los cárteles de la droga. Señaló que México no se encuentra entre las naciones que reciben mayor apoyo de Estados Unidos, incluso, dijo, «no está entre  los primeros 10», por lo cual urgió una estrategia de combate a este problema.

«La gente tiene miedo de que se afecte la soberanía de México, pero hay formas de que se respeten las leyes de este país y se logre una colaboración más efectiva», señaló el activista, quien tiene la nacionalidad de ambos países.

Explicó que «México no tiene suficientes recursos, soldados ni armas, lo vimos en la liberación del hijo del Chapo Guzmán y también en la masacre de mi familia, tardaron más de ocho horas en llegar».

Recordó que el ofrecimiento hecho por Donald Trump al Presidente de México, tras la masacre en Bavispe, Sonora, para enviar tropas a combatir a los narcos no es algo nuevo, y anticipó que hablarán con el mandatario Andrés Manuel López Obrador en la reunión que sostendrán el próximo 2 de diciembre, donde le solicitarán que acepte el apoyo de EU para combatir las crisis que generan los cárteles, ya que «la estrategia de abrazos, no balazos, no va a funcionar».

Desde California, donde encabeza los esfuerzos para que el asesinato de tres mujeres y seis niños de la comunidad mormona en México no quede impune, Bryan LeBarón argumentó que mientras no se garantice seguridad será imposible generar un cambio social: «No importa cuánto se invierta en educación o cuánto se busque ayudar a la clase media o a los más pobres, sin seguridad no es posible, por más honrado que sea el Presidente».

LeBarón advirtió que la inseguridad que genera el narcotráfico en México ha provocado la fuga de mentes brillantes, grandes negocios e inversiones, además del turismo, a pesar de que este país es uno de los lugares que más disfrutan visitar los extranjeros.

Actualmente, alrededor de 2 mil miembros de la familia LeBarón radican en México, mientras que otros 3 mil viven en diferentes ciudades de Estados Unidos, a donde se van principalmente los más jóvenes para trabajar y generar un capital que les permita adquirir sus propias tierras en el norte de México.

Las familias que viven en Chihuahua, explicó Bryan, no saldrán de su casa; no obstante, la mayoría de los que radicaban en Las Moritas, Sonora, las principales víctimas de la masacre del 4 de noviembre, están fuera del país por el momento. La petición a la Casa Blanca. Bryan LeBarón señaló que existe gran expectativa sobre la petición hecha a la Casa Blanca para lograr que los cárteles mexicanos de la droga se consideren organizaciones terroristas extranjeras.

Indicó que han tenido acercamientos con congresistas y funcionarios estadounidenses, por lo que no descartan que a la brevedad tengan una cita en Washington para exponer lo que ocurre en México.

En ese sentido, el pasado 12 de noviembre la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) fue informada sobre la emisión de la Recomendación 94/2019 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en favor de la familia Ponce, originaria del estado de Chihuahua, que se tuvo que desplazar por la violencia ejercida en su contra por grupos delincuenciales.

Por más de 40 años la familia se dedicó al negocio de compra-venta, engorda y exportación de ganado, al comercio y a la agricultura. En 2010, en medio del grave contexto de violencia en la región, la familia fue víctima de diversos delitos cometidos por grupos de la delincuencia organizada. A pesar de que los delitos fueron denunciados ante las autoridades competentes, hasta el momento no se han esclarecido dichas agresiones. En consecuencia del aumento de los ataques cometidos en su contra, y ante la evidente colusión entre las autoridades ministeriales y los integrantes de la delincuencia organizada, varios integrantes de la familia se vieron en la necesidad de desplazarse forzadamente y tuvieron que reiniciar sus vidas en otros estados.

Derivado de la serie de omisiones por parte de las autoridades de todos los niveles, en 2016 la familia presentó una queja ante la CNDH. En dicha queja se denunció la situación de desplazamiento interno forzado, así como la incapacidad  del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, para atender y reparar los daños sufridos de manera integral. La Recomendación reconoce el caso de la familia como un caso de desplazamiento interno forzado causado por la violencia generalizada en el estado de Chihuahua. La CNDH identifica las violaciones a sus derechos humanos y exige a las autoridades implementar las medidas necesarias para reparar integralmente a las víctimas.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia conmemoró el 10 aniversario de la sentencia denominada Caso González y otras (Campos Algodonero) en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por la falta de diligencia en torno a la desaparición y asesinato de tres mujeres en Ciudad Juárez.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández aseguró que existe una obligación de transformar la realidad no sólo de las víctimas del caso sino de todas las personas que día a día son violentadas o discriminadas en razón de su género “las sentencias sin una efectiva ejecución y cumplimiento, son letra muerta”.

Al presidir el evento Conmemorativo por los 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Caso González y Otras (Campo Algodonero) contra México, Piña Hernández sostuvo que a partir de dicha sentencia se ha logrado la implementación de diversos instrumentos normativos para combatir la violencia y discriminación en razón de género, sin embargo reconoció que las cifras han ido aumentado año con año de manera alarmante, por lo que “resulta indispensable la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las sentencias, capaz de medir el efecto transformador de las medidas que se implementen, con indicadores de género y una metodología adecuada”.