Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

El derecho a preguntar y a responder, son dos derechos, universales, que tienen los periodistas y los personajes públicos. También, los personajes públicos o no públicos, les asiste la razón a no responder, pero también a defenderse y a contestar cuando consideren injustos, imprecisos o fuera de contexto los comentarios o las afirmaciones de los comentaristas de radio y televisión que a veces, hay que admitirlo, son muy irresponsables y hasta ignorantes.

El 25 de febrero pasado, en este mismo espacio, dijimos que había llegado al agotamiento las conferencias de prensa mañaneras en Palacio Nacional, entre otras razones, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo ha tenido respuestas más que desafortunadas sobre algunos temas sensibles, se ha dedicado a justificar su incapacidad para atender los graves problemas nacionales acusando a los anteriores presidentes y a la corrupción, a insultar y a golpear a los periodistas críticos, a que no se permite que le hagan preguntas que lo incomoden y a que su jefe de prensa se ha rodeado de una bola de estúpidos vividores que no son verdaderos profesionales de la información ni trabajan en medios serios a los que utiliza como golpeadores y lambiscones para cobijar al tabasqueño.

Lo grave del caso, es que el sembrador de “periodistas” en las mañaneras es nada menos que el encargado de la comunicación social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, un ex reportero de La Jornada, con un oscuro antepasado y una mediocre trayectoria, porque en ese periódico ha habido a lo largo de su historia brillantísimos reporteros y cronistas, y ese tipo, por supuesto, no les llegó jamás a los talones.

El 25 de febrero, expuse que las conferencias de prensa mañaneras han desgastado, sin duda, a Andrés Manuel López Obrador, pues en las últimas semanas han sido más que desafortunadas sus respuestas sobre algunos temas sensibles, como será, por ejemplo, el paro convocado el 9 de marzo por organizaciones feministas ante la ola de violencia desatada en contra de las mujeres, cuyos recientes asesinatos han generado un severo malestar colectivo.

José Luis Camacho sostiene que las mañaneras están convertidas en un pelotón de fusilamiento para los medios de comunicación y sus principales actores, donde los “periodistas” sembrados, son los carabineros que tiran a mansalva contra los opinadores que, y de quien los tiene atrincherados, son los adversarios neoliberales de AMLO, esas conferencias matutinas que tan bien le funcionaron al principio de su gestión al presidente, se han pervertido lamentablemente.

Pero el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, es un inepto. En toda esta crisis surgida como consecuencia de la pandemia, lo que le ha faltado al gobierno federal y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido una estrategia de comunicación, no sólo con los medios, sino con los propios gobiernos estatales y municipales y con la propia sociedad. Esa carencia de una estrategia integral de comunicación masiva, tiene un alto costo.

Por ejemplo. A pesar de que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios una tregua el 31 de marzo para lograr la unidad durante la crisis del Covid 19, volvió caer en graves contradicciones y ha reencauzar sus críticas a los medios de comunicación, nacionales e internacionales, argumentando que lo que publican “busca que le vaya mal a su gobierno”.

¿Para qué la petición de tregua de AMLO, que por cierto aceptaron públicamente de inmediato Ciro Gómez Leyva y Joaquín López-Dóriga?
El doctor Hugo López Gatell, podrá ser un eficiente empleado público, pero también necesita responder con honestidad. No se trata de responder a medias a los periodistas en las conferencias de prensa. Se trata de dar tranquilidad a la sociedad y de no mentir. Lo han calificado de mentiroso varios gobernadores, que toman sus decisiones independientemente del gobierno federal. Ya le encontraron la medida.

Luego que la Secretaría de Salud reconoció que en el Valle de México sólo hay 77 camas de terapia intensiva disponibles, el presidente descartó que los hospitales estén rebasados y criticó a los gobiernos pasados por dejar el sistema de Salud en el «suelo» y ante la demanda de más recursos federales y hasta de una revisión del pacto fiscal, López Obrador pidió a los gobernadores apretarse el cinturón y reducir los gastos de sus administraciones. Y aclaró que no tiene pleito con los gobernadores estatales aunque ellos tengan otros datos.

Sostiene Carlos Ramírez que el gran reto de los gobiernos con objetivos sociales radica en el financiamiento del desarrollo o el financiamiento del asistencialismo, porque no alcanza para los dos. Sin reorganizar la estructura de los ingresos fiscales del Estado, esos gobiernos asistencialistas se enfilan a crisis de inflación-devaluación por el sobregiro del gasto o a la falta de apoyo a la empresa privada y con ello encaminarse hacia bajos crecimientos del PIB.

La crisis del coronavirus ha llevado al gobierno federal a decisiones de emergencia: reorganizar el gasto en función de prioridades sociales, aunque abandonando la protección de la planta productiva y el empleo. Pero una vez que pase la emergencia sanitaria, la reactivación de la economía de un hoyo de -8 por ciento a -10 por ciento de PIB en 2020 será lenta, a tropezones y sin planta productiva ni empleo. Los países que están protegiendo empresas y trabajadores tendrán en 2021 un PIB positivo.

El reto no estará en decidirse a quien salvar, a cambio de abandonar a otro sector, sino en aprovechar la crisis sanitaria para plantear las grandes reformas del gasto público: el financiamiento fiscal sano del gasto federal, el financiamiento del papel del Estado como pivote del apoyo de la empresa privada para aumentar el desarrollo y, de manera muy importante, las aportaciones federales al gasto público de estados y municipios.

Si las organizaciones empresariales están armando acuerdos contra la crisis en sus diferentes niveles, bien se podrían apoyar una Convención Nacional Hacendaria que lleve a decisiones legales para que las empresas no evadan o eluden el pago de impuestos. El Bloque de los ricos que está pululando alrededor del presidente López Obrador tienen deudas fiscales que se niegan a liquidar y que son urgentes ahora para financiar la emergencia sanitaria, y usan esa cercanía para tratar de evadir pagar sus adeudos fiscales como es el caso de Ricardo Salinas Pliego.

En este sentido, en torno al caso de TV Azteca, en donde la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tuvo que presentar una sanción tras las declaraciones contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA), Hugo López-Gatell Ramírez, porque si no estarían incumpliendo con su responsabilidad, López Obrador, nuevamente de manera contradictoria, recomendó que no haya sanciones y quede siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso y una irresponsabilidad, a salvo el derecho a manifestarse y la libertad de expresión.

Somos. O no somos. ¡Carajo!