Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XXVIII… “Llegamos al cuarto trimestre con 80 mil muertos, una economía paralizada, con un presidente necio y con graves mentiras para aplicar la justicia…” 

Llegamos al cuarto trimestre del año con 80 mil fallecimientos como consecuencia del Covid-19 y con una economía mexicana que muy lentamente se ha comenzado a recuperar desde que tocó fondo en abril y mayo pasados, pero no a niveles que permitan vislumbrar que se tenga un cierre de fin de año positivo.

Ante el alargamiento de la pandemia de Covid-19, que acumula poco más de seis meses y la falta de apoyos fiscales al empleo, las empresas llevan a cabo ajustes de salarios y prestaciones, y siguen efectuando nuevos despidos. Mientras que el sector privado está demandando al gobierno un pacto nacional para poder frenar este estancamiento económico, Andrés Manuel López Obrador, todos los días los agrede y los insulta en sus conferencias mañaneras. La mayoría de las decisiones en materia económica que ha tomado el presidente de la República están equivocadas y han ahuyentado las inversiones, nacionales y extranjeras, sostienen los expertos.

Y será difícil ver una recuperación del consumo, porque, aunque después de mayo las cifras han mejorado, cada vez lo hacen más lentamente porque hay más de 10 millones de mexicanos que han perdido su empleo formal y la mayor parte se han refugiaron en la economía informal. Aunado a ello, algunos sectores productivos han sido severamente golpeados por bloqueos en carreteras y en las vías de ferrocarril y las ventas al extranjero se han visto afectadas.

Además, ante la lenta reapertura, muchas empresas y negocios valoran esa alternativa de mantener los despidos laborales, pues muchos consideran que en el último trimestre del año será muy difícil mantener una recuperación sostenida, pues los grandes motores de la economía, consumo e inversión, seguirán apagados y las exportaciones dependerán de lo que suceda con la economía de Estados Unidos, en donde todo hace suponer que el presidente Donald Trump no será reelegido y su lugar será ocupado por el demócrata Joe Biden, lo que implicará que el gobierno de López Obrador tendrá que buscar una mejor relación política y comercial, aunque los demócratas le cobrarán facturas.

LOS EX PRESIDENTES

Pasando a otro tema, Luis María Aguilar Morales, es un ministro de carrera y uno de los que más ha combatido la corrupción en el ámbito judicial. Sus resoluciones son muy ortodoxas, sostienen varios juristas.

Inició su ascenso en marzo de 1981, cuando tomó posesión del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. En diciembre de 1987 comenzó a desempeñarse como magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El 23 de noviembre de 2004 hasta noviembre de 2009 trabajó como consejero de la Judicatura Federal, cuyas funciones llevó en conjunto con la presidencia de la comisión de Carrera Judicial y la de la comisión de Administración. Fungió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal en el periodo de enero 2015 a diciembre 2018, momento en el que López Obrador asumió la presidencia de la República.

Luis María Aguilar Morales propuso declarar inconstitucional la consulta popular sobre si se debe o no enjuiciar a los expresidentes. De acuerdo con el proyecto, la pregunta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se enmarca en los requisitos que fija la Constitución general para las consultas populares.

El ministro sostiene que “no está justificado porqué a algunas personas se le someta al escrutinio público para determinar si se les debe investigar y, en su caso, sancionar penalmente, mientras al resto de las personas no se les da el mismo tratamiento”. El argumento principal es que la cuestión que se plantea contraviene lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución, cuyo primer inciso advierte que no se podrán someter a consulta los temas relacionados con derechos humanos.

De acuerdo con el proyecto, la solicitud presidencial implica cinco violaciones a principios constitucionales. Basta con que cualquier persona tenga elementos para suponer la existencia de un delito y denuncie, para obligar al Ministerio Público a investigar y, en consecuencia, se castigue a todo aquel que resulte responsable por las conductas ilícitas. En virtud de lo anterior, la consulta popular no puede considerarse constitucionalmente idónea para dar comienzo a una investigación y persecución de delitos. Luego reforzó: Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la consulta, la suma de todos –explicó– permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades”. Así o más claro.

Hay que recordar que, en el tercer párrafo del artículo primero Constitucional, señala expresamente: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Y el quinto párrafo del mismo artículo, manifiesta que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Entonces, López Obrador, como cualquiera de nosotros, está obligado a cumplir y a respetar la Constitución. Pero con sus insultos y descalificaciones, lo único que está haciendo es que los expresidentes, al pretender hacer la consulta popular en automático invalidaría cualquier sentencia en su contra. No solo eso, cualquiera de ellos llevados a juicio, podría exigir todo tipo de reparaciones por el daño causado a su persona. ¿Qué pasó con el hermano del expresidente Carlos Salinas?, le devolvieron sus cuentas bancarias y sus propiedades; ¿Qué pasó con la maestra Elba Esther? Lo mismo. ¿Lo vamos a ver con Lozoya?

Y eso que en los tres casos no hubo consulta popular. Lograron salvar el pellejo y sus riquezas mal habidas, por la mala integración de los expedientes acusatorios.

AYOTZINAPA Y LAS DOS VERDADES

Han pasado seis años de la detención, asesinato e incineración de los 43 estudiantes de la Normal de Maestros “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Y entre la versión del gobierno anterior y la del actual, pues en realidad no hay mucha diferencia. La nueva investigación, quizá una de las partes más relevantes, es la persecución de los policías federales que torturaron a los delincuentes asesinos de los estudiantes para que confesaran que había hecho con ellos.

Claro que es condenable la tortura. ¿Pero a estos malditos asesinos, cómo se les podía obligar a que confesaran sus crímenes? Porque lo que es un hecho es que no sólo asesinaron y “desaparecieron” a los 43 estudiantes de la Normal, sino que ya había hecho lo mismo con cerca de 100 personas, entre ellas muchas mujeres jovencitas, cuyas madres han iniciado la búsqueda de sus familiares ante el poco apoyo recibido y la poca atención de los medios de información sobre sus casos.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 expresaron su desaliento al salir del informe que se presentó el sábado pasado en el Palacio Nacional.

El presidente dijo que muerta la “verdad histórica” tendremos la “verdad auténtica”. El subsecretario Alejandro Encinas, señaló que, con los nuevos hallazgos de la investigación, que demuestra que los 43 nunca estuvieron juntos, la “verdad histórica” ha colapsado. El fiscal del caso Iguala, Omar Gómez Trejo aseguró que se han girado órdenes de aprehensión contra varios militares por su probable participación en los hechos, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, acusó al gobierno anterior de mentir, encubrir y realizar falsas diligencias, y al antiguo encargado de la investigación, Tomás Zerón, de robarse millones de pesos para encubrir la verdad. Pero ninguno aportó nuevas pruebas.

Desde 2018 la CNDH indicó que los estudiantes fueron separados y planteó al menos dos rutas de desaparición en las que habrían participado policías de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos federales. Lo extraño de la “verdad auténtica” dada a conocer el sábado, es que está enteramente basada en información que obra en el expediente del caso desde 2014 y que de manera contundente fue presentada por la propia CNDH en su informe de 2016. Ojalá y AMLO y sus colaboradores no se equivoquen al tratar de manipular un caso tan delicado como este.

(La noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se apoderaron de varios autobuses para trasladarse, a la manifestación del 2 de octubre en la ciudad de México y debido a ello fueron atacados a tiros por policías en Iguala, en el estado de Guerrero. En los ataques murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por los policías municipales y entregados a miembros del cartel Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio de Cocula, según la versión de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto, y que se conoció como la “verdad histórica”).