Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XLVIII… “Breve historia de la confrontación de AMLO con el Poder Judicial de la Federación por la suspensión provisional de amparos y vacunas y pensiones a los adultos mayores a cambio de votos en favor de Morena …”

Desde que fue desaforado por la Cámara de Diputados, el 6 de abril de 2005, cuando era entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por no haber acatado una sentencia de amparo a favor de un particular, Andrés Manuel López Obrador, arremetió y odió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que votaron en mayoría por su destitución por haber cometido el delito equiparable de abuso de autoridad y desacato a una sentencia judicial definitiva. Desde otrora pronunció aquella frase de “al diablo con sus instituciones”.

En 2004 se responsabilizó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle en un terreno en Santa Fe, denominado El Encino y que fue expropiado años atrás por gobiernos anteriores. Aunque los trabajos fueron suspendidos, se alegó que el cumplimiento de la orden había sido dilatorio y se responsabilizó directamente a López Obrador por ello.

El gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada solicitó, por medio de la Procuraduría General de la República, un juicio de desafuero al Congreso de la Unión, para que López Obrador respondiese ante la justicia. El tema levantó en su momento polémica. Una mayoría consideró el proceso de desafuero como una maniobra política para eliminar la posibilidad de que López Obrador fuese candidato a la presidencia de la República en 2006, ya que, aún si se lo declaraban inocente, el jefe de gobierno no podría registrarse como candidato mientras durase el proceso, que se vislumbraba largo. El gobierno federal, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, por su parte, mantuvieron su posición la mayor parte del tiempo, aludiendo a la defensa de la legalidad.

Ese 6 de abril de 2005, Andrés Manuel López Obrador dijo ante el pleno de la Cámara de Diputados, al ofrecer su discurso de defensa, previo a la votación que decidiría su destino político: “Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar junto con otros mexicanos para el futuro de nuestra patria”.

“A mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, señaló en referencia a la acusación por la cual se inició el proceso. López Obrador abandonó el Palacio Legislativo de San Lázaro antes de conocer el resultado del proceso: 360 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones.

Más tarde, en un proceso en el que participaron más de 41 millones de mexicanos, López Obrador perdió las discutidas elecciones ante Felipe Calderón por 0.56 por ciento de las votaciones, es decir, casi 230 mil sufragios. Ante ello, encabezó un plantón en la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, que inició el 30 de julio de 2006, en protesta por los resultados en los que clamó que hubo fraude en su contra. En aquella ocasión, pidió el ‘voto por voto, casilla por casilla’, por el que se abrieron 11 mil paquetes electorales para llevar a cabo el recuento. La protesta, que duró 47 días, generó pérdidas millonarias para los comercios, hoteles y restaurantes ubicados en la zona.

Desde que llegó a la presidencia de la República, López Obrador ha impuesto como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la mayoría de los senadores de Morena, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Ana Margarita Ríos Farjat, los cuales ninguno tiene carrera judicial, dentro del ámbito federal.

Hace dos años, el 3 de febrero de 2019, Andrés Manuel López Obrador, dijo en Veracruz que su gobierno intervino para que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no avanzara un proyecto con el que se regresarían a “a los exdueños de la empresa Modelo 35 mil millones de pesos”, que habían pagado en impuestos.

“Ya existía hasta un proyecto de resolución hecho por un ministro en donde se ordenaba que se le devolvieran 35 mil millones de pesos a los exdueños de la empresa Modelo”. Ya estaba a punto de cometerse un “fraude”, manifestó López Obrador en Córdoba, Veracruz, en la presentación del programa Sembrando Vida. Y añadió: “Intervenimos y afortunadamente otros ministros votaron en contra, porque estábamos pendientes”.

Y aunque AMLO mencionó que es respetuoso del poder Legislativo y del poder Judicial, “porque ahora hay división y equilibrio de poderes, ya no es como era desde el Porfiriato”, y son libres en sus determinaciones. “Pero una cosa es que sean independientes estos poderes, y otra cosa es que yo no los pueda señalar cuando hay actos de corrupción”, indicó.

Lo que es un hecho, es que ante la lluvia de amparos y suspensiones definitivas que han otorgado jueces federales de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones a empresas privadas que se han inconformado por la recién aprobada Ley de Industria Eléctrica, López Obrador no cesará su confrontación con el Poder Judicial de la Federación, porque además de ser un sujeto rencoroso, iracundo e irascible, buscará vengarse de todos los agravios y reveses sufridos. Al tiempo. Y a pesar, de que a los jueces y magistrados y ministros les asista la razón. Ya lo dijo. No se trata de derecho, sino desde su particular punto de vista de justicia. O sea. Están conmigo o están contra mí.

Por otra parte, el Inegi presentó los resultados del Estudio sobre la Demografía de Negocios (EDN) 2020, en el que otorga un panorama nacional sobre los micro, pequeños y medianos establecimientos y su variación con el año anterior, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Destacó que en 2019 había 4.9 millones de micro, pequeños y medianos establecimientos; sin embargo, en 2020 se redujeron a 3.9 millones. Esto significa que alrededor de un millón 10 mil 857 negocios cerraron sus puertas de manera definitiva durante la pandemia.

De los MIPyMES que había en 2019, sobrevivió el 79.2 por ciento, que en cifras mayores significa más de un millón de establecimientos que cerraron definitivamente durante 2020. Cabe destacar que en 2019 se reportó que estas unidades económicas representaban el 99.8 por ciento de todos los negocios en el país. Entre los que no sobrevivieron, nacieron 619,443 establecimientos, que representan el 12.8 por ciento de la población de negocios a nivel nacional.

Pasando a otro tema, resulta que Andrés Manuel López Obrador, anunció el pasado fin de semana en Oaxaca que los adultos mayores recibirán sus pensiones a partir de los 65 años y que estas incrementarán su monto al doble en 2024.

“La pensión universal de los adultos mayores se entregará a partir de los 65 años como se hace cuando se trata de población indígena; la actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble al inicio de 2024. Este plan iniciará desde julio del presente año con un incremento del 15 por ciento; en enero de 2022, 2023 y 2024 el aumento será de 20 por ciento anual más inflación, hasta llegar a 6 mil pesos bimestrales”, explicó.

Indicó además que el presupuesto anual para dichas pensiones subirá en los próximos años. “(El aumento en el monto de las pensiones) representa incrementar el presupuesto anual para la pensión de adultos mayores de 135 mil millones de pesos a 240 mil en 2022, a 300 mil millones en 2023 y a 370 mil millones de pesos en 2024”, comentó. «De esta manera se beneficiará a 10 millones 300 mil adultos mayores. Estos recursos saldrán del recurso público, sin aumentar la deuda ni los impuestos», continuó.

Ahora, vacunas y pensiones para adultos mayores son parte del botín electoral que AMLO y Morena, están utilizando para obtener votos en el próximo proceso electoral. No se vale y qué poca Madre!!!