Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XLXIII…  “Los dichos de López Obrador presagian violencia y conflictos poselectorales y se prevé que Morena no obtendrá mayoría en el Congreso…”

En una de sus declaraciones más estúpidas, desfazadas y fuera de toda lógica y prudencia política y jurídica, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si los demás ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no respaldan la extensión de dos años más el periodo de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea al frente del máximo tribunal del país, se daría una “complicidad” con la corrupción. “Lo que quieren es que el Poder Judicial siga estando al servicio de la mafia del poder, hablando en plata”.

Nuevamente a priori, descalificó a los otros diez ministros y les advirtió que si no avalan el bodrio de reforma judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión apenas la semana pasada, “serían cómplices de la corrupción”.

“Yo creo que consciente o inconscientemente por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, apoyan al régimen de corrupción. En este caso lo que se aprobó fueron leyes para reformar al Poder Judicial, y se consideró que estas reformas se llevarían a cabo siempre y cuando el presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura fuese una gente honorable, íntegra, que no perteneciera a los mismos grupos de poder económico, político que llevaron a la ruina al país, a la decadencia, los que avalaron la corrupción”, explicó López Obrador.

Pero lo que el tabasqueño olvidó repentinamente, fue que la reforma judicial es jurídicamente incorrecta, políticamente inoportuna y constituye una clara violación constitucional. Es tan descabellada y perversa esta intención de modificar el mandato del presidente de la Suprema Corte, que Morena no se atrevió a presentarlo y utilizó al senador oaxaqueño Raúl Bolaños Cacho, del partido Verde, para incorporar, de última hora, esta reforma que viola la Carta Magna. Concretamente el artículo 97 de la Constitución, en su párrafo Cuarto, señala: “Cada cuatro años, el pleno elegirá de entre sus miembros, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

La adición que amplía el mandato en el transitorio dice: “La persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”. Zaldívar termina oficialmente en el 2022.

El exministro de la Suprema Corte, ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y reconocido jurista Diego Valadés Ríos, opinó en el mismo sentido. “La Ley Orgánica del Poder Judicial no puede modificar la Constitución. El periodo del presidente de la Suprema Corte es improrrogable”. Dijo que este es el acto más irresponsable que ha visto en mucho tiempo por parte de las cámaras del Congreso de la Unión.

Otro exministro en retiro y prestigioso académico, José Ramón Cossío Díaz, recordó que la Constitución establece específicamente el periodo que debe durar el cargo de presidente de la Suprema Corte, es de cuatro años y que no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior. “No perdamos de vista lo que se propone para los consejeros de la Judicatura Federal. A ellos les corresponde la administración de todos los jueces y todos los magistrados del Poder Judicial de la Federación. Atentos”, alertó.

Otros destacados académicos y constitucionalistas como Alfonso Zárate, Jesús Garza Onofre y Hugo Concha, coincidieron en que el artículo transitorio que el Senado avaló ayer para ampliar el mandato de Zaldívar Lelo de la Rea no puede quedar por encima de la Constitución.

Todos coincidieron en que esta reforma, viola flagrantemente el principio de independencia judicial, pues no sólo alteraría el periodo constitucional de Zaldívar, sino que permitiría que sea el Poder Legislativo, y no los ministros de la Suprema Corte, quienes determinen quién debe ser la cabeza de la judicatura. Hay que recordar, para que quede más claro, que el artículo décimo tercero transitorio no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial.

El diputado por Morena, Pablo Gómez, aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no podrá transitar aunque ya fue aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que es mejor decir desde ahora que no transitará.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, que con claridad y sin titubeos rechace “la manzana envenenada”.

Explicó que los ministros –como él– que tengan algún interés o beneficio, deben excusarse de la discusión que se abrirá sobre el tema si se llegara a presentar algún recurso contra esta reforma. “No se trata de si puedo o no pronunciarme. Hay una ley que emanó del Congreso de la Unión y una vez que se publique será una ley vigente”.

En ese sentido, el bloque de oposición en la Cámara de Diputados, conformado por el PAN-PRI-PRD y Movimiento Ciudadano informó promoverá una acción de inconstitucionalidad conjunta en contra de la aprobación del artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que extiende por dos años la Presidencia de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A través de un comunicado de prensa, los integrantes de los partidos de la oposición reclamaron que no es posible una democracia sin un poder judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa; ante esta situación, adelantaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica que aprobaron Morena y sus aliados tanto en la Cámara como en el Senado.

Mientras tanto, el Consejo General de la Abogacía Mexicana afirmó que la aprobación del artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el que se amplía dos años la gestión de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evidencia un “efecto corruptor de rango constitucional que no puede tolerarse”.

Ante ello, hizo un llamado a los ministros para que declaren la inconstitucionalidad de dicho artículo que violenta preceptos constitucionales de manera arbitraria e injustificada. Destacó que la aprobación del artículo violenta los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho, además de que establece un “alarmante precedente” en torno a la temporalidad, independencia y legalidad a las que debe sujetarse el ejercicio de los cargos públicos en nuestro sistema de gobierno y particularmente, aquellos que son de especial trascendencia para el Estado mexicano como la presidencia de la SCJN.

En este contexto, recordó los argumentos que esgrimió el ministro Zaldívar durante la discusión de la discusión de la acción de inconstitucionalidad 99/2016 que se promovió para impugnar el decreto que autorizaba las ampliaciones de los encargos de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En esa ocasión, Zaldívar sostuvo que dicho decreto constituía “una intromisión externa que se presta a suspicacias y en tal sentido genera una apariencia de falta de independencia” y agregó que “la independencia judicial exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto de las condiciones de los nombramientos de titulares de un tribunal”.

Más aún, la confrontación entre los ministros de la Corte con Andrés Manuel López Obrador no es nueva. Ejemplo de ello, hay que recordar que el pasado primero de octubre de 2020, los ministros de la Suprema Corte de Justicia revisaron la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a 5 expresidentes de México. Con 6 votos a favor, la SCJN declaró constitucional dicha la consulta popular.

Pero ¿Cómo fue el voto de cada uno de los ministros?

-Arturo Zaldívar, ministro presidente: Constitucional; Juan Luis González Alcántara Carranca: Constitucional; Margarita Ríos Farjat: Constitucional; Yasmín Esquivel Mossa: Constitucional; Alberto Pérez Dayán: Constitucional; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: Constitucional; Javier Laynez Potisek: Inconstitucional; Luis María Aguilar: Inconstitucional; Jorge Mario Pardo Rebolledo: Inconstitucional; Fernando Franco González Salas: Inconstitucional y Norma Piña Hernández: Inconstitucional.

Durante una sesión, que duró más de dos horas, con una mayoría simple de seis votos, el pleno de la Corte determinó que no existe prohibición constitucional para plantear una consulta para investigar o no los posibles delitos en los que pudieron incurrir los cinco últimos ex presidentes de México. Sin embargo, modificaron la planteada por el presidente López Obrador.

Por mayoría de ocho votos, la nueva pregunta para la consulta popular es:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

La cuestión planteada originalmente por el presidente López Obrador era:

«¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?». Se pretende consultar si el estado debe cumplir con su deber de investigar el delito».

Durante el debate, cinco ministros coincidieron en que estaban en contra de la consulta porque “se pretende consultar si el Estado debe cumplir con su deber de investigar el delito».

Por último, Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió a Andrés Manuel López Obrador, para que ajuste su conducta a lo ordenado por la comisión de Quejas y Denuncias el pasado 19 de abril, cuando resolvió recursos presentados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y por Movimiento Ciudadano (MC), con motivo de las declaraciones realizadas por morenista en su conferencia mañanera». El INE le recuerda que no puede presumir sus logros de gobierno por la veda electoral.

«Se considera justificado, oportuno y necesario ordenar al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, mediante Acuerdo ACQyD-INE-68/2021, apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública, con fundamento en lo establecido en el artículo 41, numeral 1, en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral», dice el INE en un comunicado.

Pero el tabasqueño sigue insultando y atacando desmedidamente y sin razón a los consejeros del INE. De manera similar a cómo lo hace ahora en contra de los ministros de la Corte. Algunos de los consejeros, consideran que estos ataques tienen que ver con anticipar de antemano que habrá fraude electoral para justificar las derrotar en las urnas, igual que como lo hizo Donald Trump. ¡Cuidado!