Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA PANDEMIA Y LA ECONOMÍA XLXIV… “Los absurdos de López Obrador y las sospechas de las autoridades estadounidenses de que su gobierno protege a grupos de narcotraficantes”

El desgaste de un discurso repetitivo todos los días, aunado a que no hay día que no despotrique, agreda, insulte, descalifique y ofenda a quien no esté de acuerdo con él o con sus actos de gobierno o sus decisiones, Andrés Manuel López Obrador cada vez decepciona a un mayor número de mexicanos. En sectores de la izquierda hay mucho descontento con su carácter insensible y autoritario, por la fractura de la división de poderes, con la militarización, con su política de odio que ha dividido a México y que lamentablemente dejará profundas heridas en el tejido social.

Aunado a ello, el uso del programa de vacunación contra la epidemia del Covid19, las pensiones y los programas sociales con fines electorales, como lo hacía el viejo PRI, y el desacato a las recomendaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para que actúe como presidente de la República y no como el máximo dirigente del partido político Morena y se abstenga de meterse a la contienda electoral, no son suficientes para que el tabasqueño haga lo que quiera.

Y es tan soberbio e insolente el tipo, que jamás ofrece disculpas y reconoce que se equivocó. Simplemente embarra a sus colaboradores y cuando le conviene los exhibe públicamente o los defiende según sea el sapo. Uno de los ejemplos ocurrió la semana pasada, cuando Andrés Manuel López Obrador calificó como “una mala expresión” y “frase desafortunada”, la opinión del consejero jurídico de la propia presidencia, Julio Scherer Ibarra, de “tapar la boca a los reporteros” para evitar temas del proceso electoral en la conferencia mañanera. A pregunta expresa en su conferencia matutina, López Obrador dijo que el funcionario federal ya había ofrecido una disculpa pública “y eso es bueno”, consideró. Enseguida, lo respaldó argumentando que le ayuda mucho, “es muy buen abogado y es un buen servidor público”.

Otro ejemplo. Ayer el presidente López Obrador defendió al cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide Limón, quien fue exhibida viajando en primera clase de una aerolínea comercial, y dijo que el proceso de austeridad republicana es un proceso al que se están adaptando los servidores públicos. Dijo que respeta a Arvide Limón porque es una mujer que hizo periodismo polémico y que su nombramiento como diplomática sin tener experiencia alguna, se debe a que padeció persecución del poder y se trata de “una reivindicación a su labor”. No comentó nada sobre el maltrato que esta mujer realizó en contra del personal diplomático en esa sede hace unos cuantos días.

Tampoco, ha defendido a los trabajadores sindicalizados de la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex, quienes tienen más de un año en huelga, como consecuencia de la violación a sus relaciones contractuales. San Juana Martínez Montemayor, la directora de la agencia, ha sido acusada, de no resolver solamente la huelga, sino que en marzo pasado el Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que, de acuerdo a un informe de la organización no gubernamental Artículo 19, Sanjuana Martínez Montemayor censuraba a periodistas críticos.

Por ello, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su “sorpresa” y “preocupación” por las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las que criticó a la organización defensora de periodistas Artículo 19 a raíz de un informe sobre derechos humanos y libertad de expresión.

Pero ahora, el presidente López Obrador suma al menos 13 quejas en su contra ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presunta intromisión en el proceso electoral, durante sus conferencias mañaneras. Más las que se acumulen en los próximos días, pues como se ha demostrado, este tipo no respeta al árbitro electoral, pues pese a los apercibimientos de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, AMLO se ha referido reiteradamente a los logros de sus programas sociales y ha fijado postura sobre los procesos electorales de Nuevo León, Guerrero y Michoacán.

Y sobre el estado de Guerrero, la postulación de Evelyn Salgado Pineda, como candidata de Morena a la gubernatura, bajo la modalidad de una encuesta telefónica que nadie les cree, genera muchas especulaciones, pues hay diversas voces que dicen y sostienen que su padre tiene serios compromisos económicos con grupos de narcotraficantes locales.

Evelyn Salgado Pineda, de 39 de edad, es la mayor de las seis hijas de Félix Salgado Macedonio. Es abogada, madre de dos hijos y está casada con el empresario Alfredo Alonso, hijo de Joaquín Alonso Piedra, también conocido como El Abulón, quien fue detenido en 2016, por ser el presunto operador financiero del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Su carrera política es muy corta. De 2005 a 2008 encabezó el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) de Acapulco, cuando su padre fue alcalde de la misma localidad. En 2011 fue nombrada jefa de departamento de la Secretaría de la Mujer. También fue candidata del PRD a diputada local.

La protección al hijo del Chapo Guzmán, cuando ya había sido detenido en Culiacán y se ordenó su liberación, el saludo afectuoso a la madre de dicho narcotraficante y la liberación de Rafael Caro Quintero y ahora a Héctor “El Güero” Palma Salazar hacen sospechar a las autoridades estadounidenses que en el gobierno de López Obrador hay “fuertes nexos” con grupos de narcotraficantes, como está ocurriendo en el estado de Guerrero.

Por otra parte, en el ámbito académico, se están estudios sobre el agotamiento del presidencialismo absolutista que a lo largo de los años ha sido la forma de gobierno en México y todo América, incluyendo a los Estados Unidos.

De acuerdo a distintos académicos, la institución presidencial ha derivado en un presidencialismo obsceno, abusivo y excesivo que genera una concentración absoluta del poder, precisamente en la figura de una persona. Operativamente, esta forma de organización del régimen político avala que los presidentes tengan un poder absoluto, pues en general poseen el poder para vetar secciones de leyes, gobernar por decretos y, a menudo, abusar de amplios poderes en situación de «emergencia».

Empero, sin utilizar casi nunca este poder para forjar estructuras sociales o instituciones capaces de solucionar los problemas coyunturales y superar los momentos de tensión mediante legitimidad jurídica. Al contrario, lo único que por lo general produce es mayor confusión, despertando la insaciable tendencia a medidas de fuerza de carácter autoritario. Además, lo anterior, paradójicamente, abre las puertas para que mandatarios (o partidos políticos liderados por el caudillo) que en el pasado realizaron una pésima gestión, tengan la oportunidad de regresar a la Presidencia, toda vez que la creencia en el caudillo y en su carisma, dos elementos que en una democracia débil sin institucionalización pero fuertemente autoritaria, son capaces de imponerse sobre un pasado caracterizado por la ineficiencia en la gestión y por encima de fundadas sospechas de corrupción.

Sostienen los investigadores que durante las últimas décadas observamos la permanente tensión en los sistemas presidenciales a raíz de la concentración excesiva de funciones y atribuciones en el presidente de la República, quien –cuando no lo controla o coopta–, por lo que hay un amplio consenso para que haya gobiernos parlamentarios, de donde surge un poder Ejecuto fuerte y estable, con suficiente legitimación plebiscitaría como para mantenerse firme contra la gama de intereses particulares representados en el Legislativo y que acata la independencia y las decisiones del poder judicial y los organismos autónomos.