Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

La pandemia y la economía XLXVI…“Durante el primer trimestre del año, hubo una disminución en la Población Económicamente Activa; AMLO continúa con su discurso de odio y no cesa la violencia electoral”

Convertido en presidente “honorario” de Morena y no como presidente de la República, y a solamente 21 días del proceso electoral más grande en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador sigue utilizando su discurso de odio y de división entre los mexicanos y no nos debe sorprender que ahora se sienta el paladín de la democracia, sin importarle el hecho de que cotidianamente viola flagrantemente la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir –en pocas palabras acatar–, y que presuma de que en una encuesta “no truqueada” –cuando le conviene–  se le considere uno de los líderes mundiales más influyentes, pero también como uno de los que ha manejado más torpemente la pandemia.

Ante las denuncias interpuestas por diversos candidatos y partidos políticos ante la OEA, quienes acusaron al López Obrador de “intervenir en el proceso electoral” sobre las elecciones del próximo 6 de junio, el nuevo paladín manifestó que su gobierno no tiene nada qué esconder y que cualquier mexicano puede acudir a realizar denuncias ante organismos internacional como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“México es de los países del mundo con más historias de fraude desgraciadamente estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido o candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados, como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones sean limpias y libres”, destacó López Obrador, quien sigue sin acatar las disposiciones de los árbitros electorales.

Al preguntarle si cambiará el tono de sus expresiones públicas pues “se siguen acumulando las denuncias” en su contra por posibles faltas a la veda electoral, López Obrador respondió: “Que todos tenemos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia, somos libres y el gobierno garantiza el derecho disentir; todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, ¡prohibido prohibir! y si se quiere ir a la OEA (Organización de Estados Americanos), a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) o a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos y no tenemos nada en México que esconder, ni nada de que avergonzarnos”.

Pero su gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad. Hasta el pasado 4 de mayo, México sumaba 79 políticos asesinados durante este proceso electoral, 31 de los cuales eran aspirantes o candidatos en los comicios, reveló la consultora Etellekt en su Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021.

Cuando falta menos de un mes para las elecciones intermedias del 6 de junio, las más grandes de la historia de México, el país ya registra el mismo número de candidatos asesinados que en los comicios de 2018, cuando se eligió al presidente del país, el Congreso y varios gobiernos locales.

Diversos académicos y analistas coincidimos en que la violencia política representa no sólo un atentado a la democracia, sino que también compromete la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos.

Pero además, hay que tomar en cuenta de que en los últimos meses, creció el número de ataques relacionados con el proceso electoral, muchos de ellos perpetrados por el crimen organizado o por los propios contendientes, además de que también se han registrado, solamente en el mes de abril, mil 80 personas víctimas de desplazamiento forzado interno debido a la actividad de grupos armados, violencia en sus comunidades e inseguridad, la mayoría de éstas familias provienen de Aguililla, Michoacán.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en su informe sobre el desplazamiento forzado interno de abril pasado, detalla que el primer evento se registró en Aguililla, Michoacán, derivado de los enfrentamientos entre grupos armados ocurridos en los primeros días del mes; esto provocó que al menos 680 personas dejaran la comunidad. El segundo caso registrado fue el 13 de abril, cuando al menos 400 personas de 80 familias de las comunidades de El Maguey, municipio de Quitupan, Jalisco y El Lobo, municipio de Cotija, Michoacán, quienes debido a incursiones armadas, salieron de sus hogares. De éstas, al menos 150 personas son originarias de El Maguey. Los más de mil desplazamientos forzados internos de abril de este año, contrastan con la cifra de 250 registrados en el mismo periodo del año pasado por esta organización.

La CMDPDH indicó que aunado a este fenómeno, durante el mes pasado también se registró la adhesión de al menos 34 niños y niñas a la policía comunitaria de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera en Guerrero, para exigir al gobierno que apoye a viudas, huérfanos y desplazados por la violencia de grupos delincuenciales como Los Ardillos.

A estos eventos se suma el anuncio de Fondo Nacional de Turismo ( Fonatur) de la reubicación de 3,286 hogares en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo por la construcción del Tren Maya; en este mismo mes se documentó que a pesar de los intentos de pacificación se mantienen las agresiones armadas a Aldama por el conflicto de tierras con Chenalhó en Chiapas, entre otros eventos en el país.

Cuando se haga el corte de caja después de la jornada electoral, será obligación de la autoridad averiguar quiénes se beneficiaron electoralmente de esta violencia, así como esclarecer los móviles y la autoría material e intelectual de estos atentados; y de haber políticos o candidatos inmiscuidos, hacer justicia tanto en la parte penal como electoral, haciendo valer los mecanismos jurídicos disponibles como la solicitud del juicio de procedencia, para llevar ante la justicia a quienes hayan accedido a un puesto de elección mediante prácticas violentas dirigidas a sus adversarios.

La Iglesia Católica sostiene que la violencia está incontrolable. “Si bien este tipo de situaciones extremas están muy focalizadas, sí constituyen señales de alarma –como ha dicho el cardenal Carlos Aguiar Retes–, por lo que es urgente trabajar unidos, todos los actores sociales, en la reconstrucción del tejido social.

En el primero de los tres foros de la serie “Elecciones bajo la mirada de la fe”, que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo, los participantes: obispos, sacerdotes y laicos especialistas, exhibieron una realidad ineludible que debe ser aceptada por todos, si de verdad se busca reconstruir el tejido social y cambiar la violencia imperante en el país: en México se vive una grave crisis social. En efecto, de la armonía o fractura de las familias depende la formación de personalidades sólidas, estructuradas, o bien, de personalidades frágiles y desorientadas, y por lo tanto el futuro de la sociedad mexicana.

El Episcopado Mexicano también ha llamado a la comunidad católica a analizar las opciones políticas y a emitir un voto informado y responsable el próximo 6 de junio. Elegir aquellas opciones que favorezcan la reconstrucción del tejido social nos permitirá dar un paso adelante para encontrar la paz que tanto necesita nuestro querido México, que se niega a aceptar la violencia como estilo de vida.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), informó que, durante el primer trimestre del año, hubo una disminución de 1.6 millones de personas en la Población Económicamente Activa (PEA), al pasar de 57 millones a 55.4 millones. En el caso del desempleo, aumentó 0.9 puntos porcentuales al pasar de 3.4 a 4.4 por ciento a nivel nacional, mientras que la población subocupada aumentó 2.7 millones, al pasar de 4.6 a 7.3 millones.

El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) en la que detalló que las Tasas de Participación Económica de hombres y mujeres resultaron en 74.2 por ciento y 41.7 por ciento, cifras inferiores en 2.2 y 3.4 puntos porcentuales respectivamente, respecto a las correspondientes del primer trimestre de 2020.

Al respecto, el presidente del INEGI, Julio Santaella, destacó que el impacto de la pandemia por el Covid 19 en el mercado laboral ha caído desproporcionalmente sobre las mujeres: el 84 por ciento de los 1.6 millones de personas que salieron de la fuerza laboral eran mujeres y 7 de cada 10 personas de los 2.1 millones que ya no están ocupadas también eran mujeres. En el conjunto de las 39 ciudades del país la tasa de desocupación aumentó 1.3 puntos porcentuales, al pasar de 4.2 a 5.5 por ciento.

Y mientras tanto, AMLO sigue con su discurso de odio y sus “mañaneras”. No tiene remedio.